Estrategia
Por Gerardo Villagrán del Corral
Al ritmo actual, el total de arrestos en la frontera para el año fiscal, que termina el 30 de septiembre, sería el más alto desde 2000, cuando las autoridades estadunidenses detuvieron a casi un millón setecientos mil migrantes.
Las autoridades estadounidenses han detenido a más de un millón de migrantes en la frontera con México en lo que va del año fiscal 2021, un recuento que subraya los retos en el tema a los que se enfrenta el presidente Joe Biden y la vice Kamala Harris, mientras un informe oficial mexicano daba cuenta de que la violencia de género es una de las principales causas de la migración.
Durante su visita a El Paso, Texas, Harris calificó la situación en la frontera de difícil, y agregó que se necesita más trabajo basado en la comprensión a fondo de por qué los migrantes abandonan sus hogares. La vicepresidenta aseveró que su gobierno logró avances para enfrentar el aumento en la inmigración, en declaraciones que generaron ataques de los republicanos e incomodado a demócratas.
Gran parte de la atención de Harris se centró en lo que califica de causas de origen de la migración, principalmente la pobreza, la delincuencia y la corrupción en Centroamérica. Pero lo cierto es que las solicitudes de los migrantes que llegan a la frontera, incluidos muchos de Centroamérica y de otros países, demoran más en ser procesadas que las de quienes llegaron en 2000, en su mayoría mexicanos, según un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos
Al ritmo actual, el total de arrestos en la frontera para el año fiscal, que termina el 30 de septiembre, sería el más alto desde 2000, cuando las autoridades estadunidenses detuvieron a casi un millón setecientos mil migrantes. La Patrulla Fronteriza de EEUU detuvo a 172 000 migrantes en la frontera suroeste en mayo, en línea con los récords para marzo
Harris se reunió con cinco niñas, de entre nueve y 16 años, que estuvieron detenidas en un centro de procesamiento después de cruzar la frontera y luego visitó el puerto de entrada Paso del Norte. “Estamos hablando de niños, estamos hablando de familias, estamos hablando de sufrimiento. Y tenemos que abordar el problema de manera reflexiva y eficaz”, agregó, según la Casa Blanca.
Durante una reunión con organizaciones religiosas, así como proveedores de albergue y servicios jurídicos, Harris indicó que ella y Biden “heredamos una situación difícil. Pero en cinco meses hemos logrado avances… Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero hemos logrado avances”. La vicepresidenta ha sido criticada por miembros de ambos partidos por no haber hecho este viaje antes.
A pesar de las palabras condescendientes hacia los migrantes centroamericanos, Harris fue contundente sobre la lucha frontal que su gobierno quiere lanzar contra la corrupción en la región (obviamente no habló de la corrupción en su país).
Pareciera tener en claro que los mensajes no bastan para detener la arremetida de las redes de corrupción y que se necesitan acciones fuertes. Durante su visita a Guatemala, enfatizó que la estrategia principal de EEUU es la lucha contra la cleptocracia y la consecuente desarticulación de las redes criminales dentro del aparato estatal, responsables de aceitar las redes criminales que sirven para perpetuar delitos, y que es indispensable la participación de actores gubernamentales y privados para ello.
Citó el financiamiento electoral ilícito, corrupción en dependencias del Estado, estructuras de impunidad, lavado de dinero, y las prácticas de los “oligarcas” que violan la ley. Estos términos han asustado a las élites, mientras los analistas advierten que parecen más excusas para una mayor injerencia en los países del Triángulo Norte centroamericano.
El anuncio de la puesta en marcha de una fuerza de tarea anticorrupción fue oficializado frente al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, a quien no le gustó la idea. Unos días antes, el mandatario había atacado a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la heredera de la hoy desarticulada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que entre 2017 y 2019 arrinconó al statu quo político y económico guatemalteco.
Migración por violencia de género
En lo que va de 2021, las mujeres han tramitado 40 por ciento de las solicitudes de asilo en México, señaló el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemoró el 20 de junio.
La mayoría de las mujeres que ha pedido refugio en México son originarias principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala, pero también Haití, que aun cuando huyen de sus países a causa de la violencia en su contra, muchas la vuelven a enfrentar al ser acogidas en territorio mexicano.
El Inmuni señaló que" La violencia comunitaria, familiar, sexual, física, económica e institucional, así como la desigualdad, en sus diversas dimensiones, son algunas de las causas por las que las mujeres salen de sus países, esperando sobrevivir en un nuevo lugar. Pero, la violencia no termina con salir de su nación, a veces son perseguidas más allá de las fronteras o se enfrentan a la discriminación y rechazo en el Estado en el que se encuentran, enfrentándose a sistemas discriminatorios, desiguales y violentos”,
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reportó que de enero a mayo de este año han recibido 41 mil 195 solicitudes de asilo, de ese total, 15 mil 551 son de mujeres, esto es, cuatro de cada diez.
El Imumi remarcó que, aunque la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México establece a la violencia en razón de género como una causal para solicitar y ser reconocida como refugiada en el país, “no basta con reconocerlo en el papel, se necesitan acciones que lo garanticen. Se debe considerar el enfoque de género al momento de resolver las solicitudes de asilo, no hacerlo profundiza las desigualdades sociales que viven las mujeres y reproduce la violencia”, añadió.
Apuntó que, para las mujeres solicitantes de asilo, la reproducción de la violencia “se da desde la espera de su proceso, muchas veces largo, en detención y en condiciones de hacinamiento, así como en las cargas desproporcionadas en el cuidado de sus familiares, y las dificultades para acceder a servicios básicos de salud, educación y empleo”.
Para las refugiadas, agregó, la violencia de género también representa la imposibilidad de acceder a trabajos justos, a educación para sus hijas e hijos, a servicios de guarderías; así como el rechazo de la comunidad. En el contexto de la pandemia, también han enfrentado dificultades de acceso a la salud, pues en muchos casos se ha ignorado las especificidades de ese sector al momento de integrarlas en los planes de vacunación.
De las mujeres que fueron representadas por el Imumi en 2020, siete de cada diez reportaron haber sufrido agresiones físicas, ya sea en su país de origen o en México, no sólo por miembros de pandillas y de la delincuencia organizada, sino también de la familia, compañeros de trabajo, y autoridades —policías, militares, guardia nacional o agentes de migración.
“México seguirá recibiendo a mujeres solicitantes de asilo, las causas que las obligan a dejar sus países no van a desaparecer en el corto plazo, se necesitan acciones que garanticen su protección y no la detención y deportación”, añadió el organismo mexicano.
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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