Un contingente de hombres fuertemente armados, rompieron la tranquilidad de la comunidad garífuna El Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida, la madrugada del 17 de julio de 2020. A pesar de la resistencia de los pobladores y pobladoras, el contingente raptó a 5 de sus habitantes, entre ellos Albert Snider Centeno, quien en ese entonces se desempeñaba como presidente del patronato de dicha comunidad.
El secuestro de los pobladores no es un caso aislado. El hecho violento se dio en medio del litigio por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se encontró en 2015, al Estado de Honduras internacionalmente culpable por la violación de la propiedad colectiva de las comunidades El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra en el departamento de Colón.
Responsabilidad del Estado
Un año ha transcurrido, y hasta la fecha el Estado sigue guardando silencio sobre el avance de las investigaciones.
La presidenta del Comité para el cumplimiento de la sentencia en la comunidad de El Triunfo de la Cruz, Jenny Herrera, señala que a un año del rapto, la comunidad está consternada y con mucha impotencia, además, les llena de indignación que existan más interrogantes que respuestas en este misterioso caso.
“Es un año donde el dolor se vuelve a sentir. Las autoridades solo son especulaciones, pero no dan certeza de nada. Nosotros como comunidad queremos saber qué pasó con los compañeros”, dice.
Herrera tiene claridad que el Estado hondureño es responsable de la desaparición, porque la comunidad tiene una sentencia no cumplida. Sentencia que dice que es deber del Estado resguardar la vida de cada poblador de la comunidad, sobre todo la dirigencia.
“Son casi seis años desde la sentencia, y no hay voluntad política. Por el contrario, se ha agudizado la situación en la comunidad. A raíz de la desaparición, incrementó la intimidación de extraños. Están descombrando nuestros humedales, nuestra zona núcleo. Y lo hemos denunciado, pero el Estado guarda silencio”, señala.
Dolor de las familias
Son cinco las familias que están esperando noticias sobre el paradero de sus familiares. Juan Pablo Centeno, quien durante toda su vida se ha dedicado al futbol, es el padre de Albert Snider Centeno. La falta de oportunidades en Honduras le obligó a tomar la decisión de emprender la ruta migratoria hacia Estados Unidos.
Dice que ha perdido las esperanzas que el Estado dé respuesta sobre su hijo. Sin embargo, sigue creyendo que el apoyo de las organizaciones es fundamental para que el caso no quede en la impunidad. “Nosotros lo que andamos buscando como familias, es que nos devuelvan a nuestros muchachos. No buscamos venganza. Queremos que regresen a sus casas, porque hay madres, padres e hijos que a diario les esperan. No vamos a descansar hasta tener respuestas”, señala.
Don Juan Pablo tiene puestas sus esperanzas en las investigaciones que realizan el Comité Garífuna De Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos (SUNLA, por sus siglas en la lengua garífuna).
SUNLA, que en español significa ¡Basta ya!, nace con el fin de dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos, ante la falta de voluntad e incapacidad del Estado de Honduras, en realizar verdaderas investigaciones que resuelvan el crimen.
El Comité está integrado por mesas interdisciplinarias, forenses, antropólogos, investigadores privados, abogados internacionales y nacionales. Así mismo, por organismos locales regionales defensores de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Destierro
En Honduras existen 46 comunidades garífunas, distribuidas todas en el norte y atlántico. Su belleza paradisiaca no pasa desapercibida para políticos y empresarios que quieren incrementar sus fortunas. Ven en las comunidades una oportunidad para implantar proyectos turísticos y hoteleros aunque esto signifique el desplazamiento de las comunidades, denuncia Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, organización que acompaña la lucha de las comunidades garífunas en el país.
Miranda señala que hay un plan para exterminar a las comunidades negras en Honduras. “Ocupamos un territorio estratégico. Estamos hablando de la playa, lagunas, lagos. Por desgracia vivimos en zonas de interés estratégico, no solamente para el turismo, sino para todos estos proyectos que son vistos como negocios.
“El Estado solo debe existir, en última instancia, para proteger los derechos fundamentales… sin respeto de los derechos fundamentales no puede haber democracia constitucional ni tampoco, siquiera concordia civil”, dice la lideresa garífuna.
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