Radio Progreso
Por Joaquín A. Mejía Rivera
La Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte fue aprobada en diciembre de 2020 por el Congreso de Estados Unidos. En ella se establece que el Departamento de Estado debe identificar en los primeros 180 días a personas de Honduras, El Salvador y Guatemala involucradas en corrupción significativa, obstruyan la justicia o socaven la democracia.
Esta ley se conoce popularmente como la “Lista Engel”, ya que el ex congresista demócrata por Nueva York, Eliot Engel, fue quien la propuso. Esta norma tiene dos puntos clave. Primero, las personas señaladas deben estar involucradas en acciones que degraden procesos e instituciones democráticas o que hayan participado en actos graves de corrupción o de obstrucción a la investigación.
Segundo, las sanciones a estas personas incluyen el retiro de la visa o el ser declaradas no elegibles para obtenerla, así como el retiro del derecho de libertad condicional en los Estados Unidos y cualquier beneficio migratorio. La publicación del primer listado en el contexto de esta ley ha generado varias reacciones y a pesar de las expectativas cumplidas o no, es importante resaltar varias cuestiones al respecto:
En primer lugar, para la sociedad hondureña la Lista Engel no aporta ninguna novedad porque las personas que aparecen en ella ya han sido señaladas por sus actos de corrupción tanto por el Ministerio Público, el Consejo Nacional Anticorrupción y la propia sociedad civil.
En segundo lugar, nos deja una sensación de insatisfacción porque la lista se queda corta, así como se han quedado cortas las investigaciones del Ministerio Público en el sentido que se sigue evadiendo señalar a los principales cabecillas de las estructuras criminales de corrupción. Ejemplo de ello es que ni el Ministerio Público ni la Lista Engel menciona a ninguna persona del anillo de poder del régimen de Juan Orlando Hernández.
En tercer lugar, esta lista deja claro que Estados Unidos solo tiene intereses y, en ese sentido, actúa con sentido práctico en función de ellos. Como podemos ver, el “tema” Juan Orlando Hernández sigue siendo abordado con guante blanco y la administración Biden no pasa de declaraciones tibias con respecto al daño que representa el régimen hondureño para los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
En cuarto lugar, sigue siendo evidente el doble rasero de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional que se escandalizan, condenan y sancionan a otros gobiernos autoritarios en la región que son clasificados de izquierda, pero se muestran condescendientes con el régimen autoritario de Juan Orlando Hernández que incluso ha sido catalogado como autocrático por el propio Servicio de Investigaciones del Congreso estadunidense. Si realmente se quiere hacer algo por Honduras, debería aprobarse la Ley Berta Cáceres y la Ley Berkley que implicaría sanciones concretas a Juan Orlando Hernández y sus altos funcionarios.
En quinto lugar, es una bofetada al sistema de justicia de Honduras que absuelve y deja en libertad a personas corruptas que aparecen en esta lista. Esto evidencia lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la existencia de una justicia selectiva que actúa de manera tardía cuando se trata de perseguir a personas corruptas y violadoras de los derechos humanos, pero de otra manera cuando se trata de personas vinculadas al poder político y económico del país.
En sexto lugar, la Lista Engel evidencia el fracaso del sistema electoral hondureño porque si entendemos la democracia como el gobierno de las personas mejores y que esta debe defenderse de sus enemigas que son las personas corruptas, golpistas, violadoras de derechos humanos, narcotraficantes, etc., las elecciones primarias demostraron ese fracaso porque permitieron que las personas peores para la democracia pasaran el filtro para participar en las elecciones generales de noviembre próximo
En medio de las luces y las sombras que genera la Lista Engel, es importante pensar que debemos tomarla como una herramienta para que como sociedad exijamos rendición de cuentas, conozcamos con nombres y apellidos quienes son las personas corruptas señaladas internacionalmente y recuperemos las instituciones del sector justicia y seguridad con el fin de acabar con la impunidad.
Por ello, es fundamental colocar sobre la mesa la necesidad de realizar acciones urgentes y estratégicas con respecto a dos cuestiones: primero, la próxima elección de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, que será clave para que en los próximos 7 años se consolide la impunidad como hasta ahora o se dé un paso adelante en la lucha contra ella; y, segundo, el respaldo al fiscal Luis Javier Santos, coordinador de la UFERCO, quien junto a su equipo libran una desigual batalla contra el monstruo de la corrupción que es apoyado por fuerzas externas e internas del Ministerio Público.
No hay comentarios:
Publicar un comentario