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Por Nicolás de la Barrera
De 38 proyectos mineros presentados en Argentina entre 2002 y 2018, más de la mitad fueron suspendidos o cancelados debido a movilizaciones sociales. Crédito de la imagen: Noalamina Esquel/Facebook.]
Distintas formas de protestas de movimientos socioambientales y la presentación de recursos legales, entre otras estrategias, lograron suspender o cancelar 20 de 38 proyectos (52,5 por ciento) mineros de gran escala presentados en Argentina entre 2002 y 2018.
Según un análisis publicado en la revista The Extractive Industries and Society, otro de los logros de estos movimientos fueron las aprobaciones, en nueve provincias argentinas, de nuevas regulaciones que limitan las actividades extractivas.
Según dijeron a SciDev.Net las autoras del trabajo —Mariana Walter, de la Universidad Autónoma de Barcelona (España), y Lucrecia Wagner, del Instituto de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales de Argentina—, el “éxito” alcanzado en Argentina para frenar el avance de la minería a gran escala se explica por una combinación de factores.
Mencionan, por ejemplo, que la diversidad de estrategias implementadas y de actores que participan en los movimientos socioambientales incidieron en la marcha atrás de varios de los proyectos mineros.
También jugaron un rol “las redes de aprendizaje, colaboración y solidaridad” que las comunidades articulan a nivel local, provincial y nacional, y la realización de “movilizaciones preventivas” (antes del inicio de las actividades extractivas).
Lucas Christel, politólogo y especialista en actividades extractivas y resistencias sociales, quien no participó en el estudio, coincide en que las protestas “tempranas” resultan determinantes en la resistencia a la minería y en otras problemáticas ambientales.
Los amparos ambientales también fueron estrategias utilizadas en las resistencias. Asimismo, el estudio resalta el hecho de que la administración minera y ambiental esté a cargo de las provincias, porque también favorece a los movimientos ambientalistas, que de otra manera tendrían que llevar sus reclamos al gobierno nacional.
Sin embargo, el estudio advierte que esta realidad resulta en un riesgo para los movimientos locales, sobre lo que pueden recaer medidas represivas. “Creo que hay mucho mérito de las comunidades, pueblos o personas que en distintos momentos se involucraron y decidieron que no querían el desarrollo minero”, expresa Christel, becario posdoctoral del Conicet en el Instituto de Investigaciones Políticas.
El porcentaje de acciones logrado en Argentina, de acuerdo con el estudio, es muy alto en comparación a otros países de la región. Por ejemplo, Perú registró 30 por ciento de casos suspendidos o cancelados, Chile 28 por ciento, y Bolivia y Ecuador 15 y 14 por ciento, respectivamente.
Desde 2000, América Latina es la región del mundo que recibió más inversiones en minería metalífera, indica el trabajo. Sin embargo, desde entonces también se multiplicaron los conflictos —que, en algunos casos, incluyeron asesinatos de ambientalistas— por la instalación de empresas extractivas.
“Normalmente, la minería se lleva a cabo en lugares donde hay poca agua, y a veces hasta se quieren explotar los glaciares, y eso no está bien”. Miguel Blesa, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional San Martín, Argentina
Un punto central de las protestas contra la minería a gran escala apunta a la utilización del recurso hídrico por parte de las mineras. “Normalmente, la minería se lleva a cabo en lugares donde hay poca agua, y a veces hasta se quieren explotar los glaciares, y eso no está bien”, dice el químico Miguel Blesa, director de la maestría en gestión ambiental en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional San Martín (Argentina).
Actualmente, Chile debate un proyecto de ley que prohíbe la minería y cualquier actividad industrial en glaciares y que pone limitaciones para el ambiente periglaciar.
Más allá del uso de agua, la minería ha sido protagonista en los últimos años de dos desastres, ambos en Brasil. Uno fue en 2015, cuando la fractura de una represa de la minera Samarco provocó un alud de lodo contaminado que mató a 19 personas y afectó a 39 municipios de los estados de Minas Gerais y Espírito Santo. En 2019, en Brumadinho, una presa de una mina de hierro de Vale S.A. causó una avalancha que causó 270 muertos.
Para Blesa, sin embargo, con controles que sean “fuertes y seguros”, la minería a gran escala no ofrecería grandes preocupaciones por lo menos en materia ambiental. “Con un buen poder de policía y buena gestión no debería haber muchos problemas con el uso del cianuro”, afirma sobre la sustancia utilizada para extraer minerales y que, si bien es “extremadamente tóxica”, puede ser destruida por procesos químicos y en presencia de la luz solar.
“Esto se contrapone con la minería artesanal del oro, en Perú, Colombia, Brasil. Existe una enorme cantidad de emprendimientos menores que usan mercurio, y algunos mercurio y cianuro, en condiciones que no tienen ningún control ni protección”, dice Blesa a SciDev.Net.
“El problema de salud es muy serio para poblaciones muy vulnerables. Eso es más difícil de resolver que los problemas que plantea la minería a gran escala”, concluyó.
> Enlace al estudio publicado en The Extractive Industries and Society
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