Radio Progreso
“A más de 55 días del secuestro de cinco garífunas, y al no tener noticias de su paradero, ni de su estado físico y mental, vivimos un ambiente de zozobra, tristeza e impotencia en la comunidad Triunfo de la Cruz”, indicó Jenny Herrera integrante del patronato, quien además manifestó que, no se cansarán de seguir exigiendo el regreso sus hermanos sanos y salvos. Remarcando la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Mientras el país estaba bajo un toque de queda absoluto por la emergencia del COVID-19, el 18 de julio de 2020 a las 5:00 am un promedio de 10 hombres vestidos con uniformes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sacaron de sus hogares de manera forzada a Alberth Snider Centeno, Milton Joel Martínez Álvarez, Gerardo Mizael Róchez, Junior Rafael Mejía y Suami Aparicio Mejía García.
Familiares y vecinos cuentan que los hombres llegaron en tres vehículos pick-up, con armas de grueso calibre y con indumentaria de la DPI. Primero llegaron a la casa de Alberth Centeno, de 27 años, presidente del patronato de El Triunfo de la Cruz. Luego fueron a las casas de los demás garífunas, rompiendo puertas y ventas, empujando, golpeando y gritándoles a los familiares que trataban de impedir que se los llevaran.
Antecedentes
Centeno fue parte de la campaña para que el Estado hondureño cumpliera con el fallo de 2015, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH.) dictaminó que el Gobierno había violado los derechos de propiedad colectiva al vender las tierras garífunas sin consulta a desarrolladores. La sentencia exige que se indemnice a las comunidades garífuna Triunfo de la Cruz y Punta Piedra por el territorio que había sido tomado por extranjeros y empresas para proyectos turísticos. Hasta el día de hoy el Estado no ha cumplido con la sentencia.
En ese sentido, una líder de El Triunfo de La Cruz, quien por razones de seguridad omitimos su nombre, manifestó “aquí han asesinado a varios líderes garífunas y hoy están aplicando los secuestros como parte de un plan cruel y malvado de grupos de poder que quieren detener la lucha en la defensa de nuestros territorios ancestrales y de esa manera apropiarse de lo que nos corresponde”.
Por su parte Cesar Benedith, presidente interino del patronato indicó que un promedio de 300 manzanas de tierra ha sido entregado por diversos alcaldes en comparsa con autoridades centrales. “Hoy nosotros los garífunas vivimos hacinados en la comunidad y sin tierra para cultivar la yuca, el maíz, camote, ayote, guineo, plátano, entre otros productos agrícolas que componen nuestra dieta alimenticia.
Estado racista
Jenny Herrera indicó que las comunidades garífunas se enfrentan a un Estado racista que trata de expropiarlos de sus tierras ancestrales para darle cabida a proyectos turísticos nacionales y transnacionales. “Y cuando nosotros defendemos nuestros territorios, comienza la persecución, amenazas, asesinatos y secuestros. Todo esto con total impunidad”, manifestó.
Cabe resaltar que la Corte IDH emplazó a Honduras por la desaparición de los garífunas, forzando al Estado a entregar a la Corte un informe de las acciones realizadas para encontrar a las víctimas o a aquellos responsables por su desaparición. Sin embargo, el tiempo venció el pasado 24 de agosto, y según Jenny Herrera, “hasta el momento seguimos en las mismas. El Estado no da respuesta sobre el paradero de nuestros hermanos”.
Así mismo manifestó que como habitantes de El Triunfo de la Cruz y las demás comunidades garífunas siguen exigiendo respuestas. “Desde el día del secuestro nos hemos manifestado en varios lugares, incluso se han bloqueado carreteras para exigir su liberación y se ha lanzado una campaña nacional e internacional para llamar la atención sobre el caso. Pero, nada de esto ha surtido efecto”, indicó.
«Le exigimos al Estado que haga uso de todos sus recursos de inteligencia y seguridad para que nos puedan traer vivos y sanos a nuestros hermanos, así como se los llevaron, así tendrán que traerlos», enfatizó la lideresa garífuna.
La criminalización y el asesinato de defensores de la tierra y demás recursos naturales en Honduras, ha aumentado drásticamente en los últimos años, especialmente a partir del golpe de Estado del 28 de junio del 2009.
Según investigaciones de Global Witness, desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las represas hidroeléctricas, a la minería metálica, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.
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