OFRANEH
Con la aprobación por parte del Congreso Nacional de los contratos a la empresa Laeisz, en una sesión virtual del poder Legislativo, en la que no se dio debate alguno, corroboró una vez más la misión de legislar en contra de los interese del pueblo, asumida por el partido de gobierno, que ha controlado el hemiciclo en los últimos diez años.
Dicha aprobación se hizo en base a la eterna excusa, que es para evitar los permanentes apagones en la costa norte de Honduras, cuando la razón principal de los apagones es porque no existe una interconexión de alta tensión entre Atlántida y el Valle de Sula.
No solamente se estará pagando el kilovatio/hora más caro en Centroamérica, sino que también se utilizara Bunker C, el derivado del petróleo más barato y contaminante; siendo que en primera instancia Laeisz se había comprometido al uso de diesel para generar 70 megavatios de energía sucia.
Todo parece indicar que los leoninos contratos fueron impulsados por el ex gerente de la ENEE, Jesús Mejía, el que hizo todo lo posible desde su administración para favorecer a Laeisz. En medio del fragor de la corrupción imperante, para doblegar a la Ceiba y restantes ciudades de los departamentos Atlántida y Colón, se les condenó a interminables apagones que fueron atribuidos a un supuesto desabastecimiento; el que pudo haber sido resuelto al interconectar la zona noreste de Honduras con el resto de Centroamérica y de esta forma poder optar a alineaciones internacionales.
El secuestro económico que padece la ciudad de La Ceiba y su entorno, nos lleva a pensar que se repite una vez mas el nefasto capitulo de la historia de los hermanos sicilianos Vaccaro quienes controlaron hasta 1965 el departamento de Atlántida, es hasta 1965 que los Vaccaro permitieron la construcción de la carretera hacia el centro del país, rompiendo de esa forma las cinco décadas de total control de la Atlántida a través del monopolio de los ferrocarriles.
Termoeléctrica entre dos áreas protegidas.
Como si fuera poco el embrollo de corrupción manifiesta en los contratos, para la construcción de la termoeléctrica se confabularon Laeisz, el Ministerio de Ambiente y la Municipalidad de la Ceiba, los que teniendo la opción de varios parajes para instalar la termoeléctrica, escogieron La Ensenada, el de mayor biodiversidad, localizado entre los limites del Parque Nacional Gracias a Dios, y el Monumento Marino Cayos Cochinos.
Ninguna de las organizaciones ambientalistas a cargo de administrar las áreas protegidas donde impusieron la termoeléctrica, se manifestaron en cuanto a la posible destrucción ecológica que se producirá como resultado del uso del Bunfmejiker C; y mucho menos informaron sobre las medidas de contención ante un posible accidente, y sobre el manejo de residuos tóxicos que puedan afectar el humedal contiguo a la planta, la que se encuentra a escasos quinientos metros del mar.
La termoeléctrica fue construida sin licencia ambiental, contando simplemente con el “permiso operativo”, el que se enmarca en la nueva modalidad de licencias exprés, surgida a partir del Acuerdo Presidencial 008-2015, y a raíz de los cuestionamientos emitidos sobre la ilegalidad de dicha termoeléctrica, MIAMBIENTE decreto la ley del silencio sobre los las licencias y otros proyectos que se encuentran en trámite.
La lluvia acida proveniente de la planta contaminante afectará a cinco áreas protegidas (Cayos Cochinos, Nombre de Dios, Pico Bonito, Cuero y Salado, Parque Nacional de las Islas de la Bahía) las que se encuentran en un radio de 100 kms2, y sentirán los efectos de la lluvia ácida, ademas de los efluvios que se filtran tarde que temprano al mar. Ciertamente la administración del alcalde Jerry Sabio y del exministro de MIAMBIENTE, José Antonio Galdamez, pasarán a la historia como enemigos de la madre tierra, asociados a empresarios piratas negacionistas del cambio climático.
La violación sistemática a la Consulta Previa
Como si fuera poco, la termoeléctrica fue construida entre dos comunidades Garifunas, sin haberse efectuado una consulta previa, libre e informada. Inicialmente el 12 de julio de 2018, la municipalidad de la Ciudad de la Ceiba, convocó a un cabildo abierto, en el que lideres comunitarios remarcaron el imperativo de efectuar una consulta con las comunidades Garifunas, tal como lo indica el Convenio 169 de la OIT y la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos delos Pueblos Indígenas, adema de incurrir en una violación a los Acuerdos de París.
El Estado de Honduras fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la violación del derecho a la consulta tanto en el caso de Punta Piedra como el de Triunfo de la Cruz, no obstante hasta la fecha este gobierno se ha negado a asumir el cumplimiento de dichas sentencias, al contrario se ha dedicado a diluir la consulta para transmutarla en una simple socialización, que es precisamente la estratagema que viene utilizando desde hace dos décadas.
El “honorable” diputado Oscar Nájera, quien ha sido el portavoz mayor de la termoeléctrica de Laeisz, y la aprobación del pingue e ilegales contratos recientemente aprobados, es el mismo impulsor de la versión espuria de Ley de Consulta que viene siendo impulsada por el Estado a pesar de las criticas presentadas por Vicky Tauli Corpuz ex relatora de Naciones Unidas para pueblos indígenas, la que señalo que el anteproyecto impulsado por le estado no se apega a los estándares internacionales en materia de derecho indígena.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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