Las Américas y Europa, 17 de septiembre de 2019.- Las organizaciones firmantes condenamos la decisión de procesar penalmente y privar preventivamente de la libertad a 8 personas defensoras de los ríos Guapinol y San Pedro en Honduras y realizamos un contundente llamado al Estado de Honduras a cesar la criminalización en su contra.
El pasado 26 de agosto, Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez se presentaron ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, por las acusaciones que tienen en su contra como represalia a la defensa del agua y el territorio del área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos, ante la imposición de un proyecto minero. Las acusaciones también incluyen a Jeremías Martínez (privado de libertad desde diciembre de 2018) y a Antonio Martínez (quien falleció más de 4 años antes de los presuntos hechos).
A los defensores se les acusa de “privación injusta de la libertad”, “incendio agravado” y “robo” en perjuicio de Santos Hernández Corea, gerente de la empresa de seguridad privada SEPSI; “incendio agravado” en perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares y “asociación ilícita”, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Adicionalmente, Arnold y Jeremías fueron acusados por “usurpación y daños” en perjuicio de Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras. La audiencia de Jeremías, el 05 de diciembre de 2018, concluyó con el decreto de auto formal de procesamiento -enviarle a juicio- y el dictado de prisión preventiva. En el caso de Arnold, la audiencia tuvo lugar el pasado 30 de agosto, en el Cuartel Militar General Cabañas, sede de los Juzgados de Jurisdicción Nacional, creados específicamente para delitos de alto impacto provocados por el crimen organizado. Como resultado, se le sobreseyó provisionalmente, pero se otorgó un plazo de 5 años a la Fiscalía para que siga investigando el caso antes de conceder un sobreseimiento definitivo.
La audiencia contra los defensores restantes se realizó el 31 de agosto pasado y finalizó con el sobreseimiento definitivo por los delitos de “asociación ilícita” y “robo”. Sin embargo, la Jueza de Jurisdicción Nacional Lisseth Vallecito, los envió a juicio por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de la libertad”, sin razonar su decisión y con elementos probatorios contradictorios y carentes de veracidad. Además, ordenó su privación de libertad en el Centro Penal de Olanchito, en el Departamento de Yoro, medida que aún no ha sido cumplida porque se encuentran en el Centro de Máxima Seguridad de “La Tolva” en el Departamento de Paraíso.
La defensa apeló la decisión y presentó un hábeas corpus, por considerar que la Jueza Vallecito no posee competencia para juzgar dichos delitos. En caso de no resolverse favorablemente esta acción, los defensores pueden quedar privados de libertad hasta por 2 años y medio, a la espera de un juicio en el que podrían ser condenados hasta por 12 años -delito de “incendio agravado”- y 6 años -delito de “privación injusta de la libertad-.
Como antecedente, es importante señalar que, en febrero del presente año 13 personas acusadas por acciones vinculadas a este conflicto se presentaron voluntariamente ante los juzgados. Se les mantuvo privadas de libertad hasta el 02 de marzo, cuando fueron sobreseídas debido a la ausencia de elementos probatorios y la insostenibilidad de las imputaciones realizadas por el Ministerio Público. En coordinación con la empresa minera el Ministerio Público ha presentado cargos en contra de 31 personas.
Ante los hechos citados, las organizaciones firmantes denunciamos nuevamente el uso indebido del derecho penal en Honduras para estigmatizar a las personas defensoras y deslegitimar la labor de defensa de derechos humanos que realizan.
Al respecto, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, reconoció en su reciente visita que la criminalización de personas defensoras “generalmente se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias o reclamaciones infundadas basadas en delitos penales, que pueden no cumplir con el principio de legalidad o cumplir con las normas internacionales de derechos humanos”.
El Grupo además expresó su preocupación por la manera en que se otorgó la concesión a la empresa minera Inversiones Los Pinares, destacando que: “(…) fue informado sobre la decisión del Congreso de aprobar un Decreto para reducir la zona núcleo del parque de 24,223.7 hectáreas a 24,000 hectáreas, justo antes de que se otorgara la concesión correspondiente. Como tal cambio en la zonificación coincidió con el territorio donde se presentaron dos concesiones mineras, nos preocupa que el propósito del decreto fuera acomodar las dos concesiones, para que no se ubicaran en la zona núcleo, donde las operaciones están prohibidas” (subrayado propio). Este hecho ha sido denunciado reiteradamente por las comunidades afectadas.
Además, expresamos nuestro repudio por el sometimiento de personas defensoras ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional, cuya estructura se establece por medio del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, el cual ha sido cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien en 2018 recomendó nuevamente “revisar la normativa que sustenta dicho régimen (…) que pone en duda su independencia e imparcialidad para investigar y sancionar los casos que conocen”.
Señalamos una aplicación desproporcionada de la medida de prisión preventiva hacia los defensores que no se justifica al haberse incluso presentado de modo voluntario. Sobre este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso López Álvarez Vs Honduras ha establecido que “la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras resuelve acerca de su responsabilidad penal”.
En virtud de lo anterior, solicitamos al Estado de Honduras que: 1) Cese la criminalización en contra de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, actuando conforme al debido proceso, 2) Garantice la vida e integridad de las personas criminalizadas, así como de sus familiares y los habitantes de las comunidades afectadas y 3) Revise y cancele la concesión de territorios protegidos al encontrarse en el núcleo del Parque Nacional “Montaña de Botaderos”.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los órganos regionales e internacionales de derechos humanos a sumarse a las peticiones expresadas y finalmente, reiteramos nuestra solidaridad con las y los defensores en su lucha legítima por la defensa de los ríos: “¡No son criminales, no son delincuentes, son defensores del medio ambiente!”.
Organizaciones firmantes:
Regional e Internacional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión Provincial del Apostolado Social de la Compañía de Jesús en Centroamérica (CPAS)
Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
Compañía de Jesús
Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe – CPAL
Conferencia de Provinciales para América Latina y el Caribe (CPAL)
DIAKONIA
FIAN Internacional
Foro Honduras Suiza
Fundación Mundubat – Mundubat Fundazioa
Hermanas de la Misericordia – Equipo de Justicia
IM-Defensoras
JASS (Asociadas por lo Justo)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Protección Internacional
Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe
Red Jesuita con Migrantes
Red MAK
Red Mesoamericana de Educación Popular, Alforja
Red MesoAmeri-Kaab
Robert F. Kennedy Human Rights
Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC)
Solidaridad y Misión Claretianos de America
Trocaire
Alemania
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
Guatemalagruppe Nürnberg e. V.
Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL e.V.)
Nicaragua-Verein Düsseldorf e.V.
Iniciativa Cristiana Romero
Oekumenisches Netz/Red Ecumenisco Rhein-Mosel-Saar
Argentina
Asamblea Permanente del Comahue Por el Agua
Asamblea Popular por el Agua
Auto convocados por agua pura San Carlos
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Carlos por Agua Pura
Be. Pe. Bienaventurados los Pobres
Foro Ambiental y Social de la Patagonia
Observatorio del Agua – UNPSJB
Proyecto CRECER CON ESPERANZA
Programa Género Y SEXUALIDADES, UNR
Red de Luchas Socioambientales -Salta-
Austria
Informationsgruppe Lateinamerika (IGLA)
Bolivia
Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia
Brasil
Associação de Combate aos Poluentes
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados Brasil
Canadá
Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL)
Canadian Jesuits International
Congo
Centre Arrupe pour la Recherche et la Formation (CARF)
Chile
Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Colombia
Corporación Sisma Mujer
Instituto de Estudios Interculturales
Costa Rica
Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
Ecuador
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM)
Estados Unidos
Alianza Americas
Alliance for Global Justice (AFGJ)
Asociacion de Hondurenos del Norte de California (ANHCA)
Appleto Foundation
Central American Resource Center- Los Angeles
Chicago Religious Leadership Network for Latin America
Claire E. White- Hermanas de San Jose
Dominican Sisters-Grand Rapids, MI
Eighth Day Church
Guatemala Human Rights Commission
Honduras Solidarity Network – Red de Solidaridad con Honduras
Interfaith Movement for Human Integrity
La Voz de los de Abajo
Latin America Working Group (LAWG)
Quixote Center
National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd
Raíces Colectivas
Unitarian Universalist Service Committee (UUSC)
Witness for Peace Solidarity Collective (WFPSC)
El Salvador
Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto
Asociación Pro-Búsqueda de niñas y niños desaparecidos
Caritas SM
Colectiva Feminista por el Desarrollo Local
Juventud en Resistencia
Las Musas Desconectadas
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
España
ALBOAN
Asamblea Plaza de los Pueblos
Asociación ambiental Petón do Lobo
Asociación Galega Cova Crea
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos
Asociación para la defensa del medio ambiente de Córdoba – Ademán Cordoba
Colectivo Zompopo
Comunidad hondureña en Madrid CHM
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)
ContraMINAcción, Rede contra a Minaría Destrutiva na Galiza
Coordinadora No a la Mina de Uranio
IDEAS Comercio Justo
Oficina Cooperación UVa
Plataforma por Honduras en Madrid
Radio Ecca Fundación Canaria
Red de Hondureñas Migradas -REDHM-I
Salva La Selva
Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche)
Guatemala
Asociación Iniciativa por la Diversidad Sexual de Occidente (IDSO)
Convergencia por los Derechos Humanos integrada por: Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)
Iniciativa por la Diversidad Sexual de Occidente (IDSO)
Frente de Defensa Miguelense FREDEMI
Red Jesuita con Migrantes Guatemala (RJM-Guatemala)
Honduras
Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU)
Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG)
Coalición Contra la Impunidad, integrada por: Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR), Asociación de Jueces por la Democracia – AJD, Asociación Feminista Trans (AFET), Asociación FÍAN Honduras, Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia (AIDEVISH), Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA), Asociación para una ciudadanía participativa (ACI-participa), Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Asociación Prevención y Educación en Salud Sexual y SIDA Tela (APREST), Caritas- diócesis de San Pedro Sula, Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Centro de Desarrollo Humano (CDH), Centro de Educación y Prevención en salud, sexualidad y SIDA (CEPRES), Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Centro de Estudios Para la Democracia (CESPAD), Centro de Investigación y Promoción de los DDHH (CIPRODEH), Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT), Colectivo Diamantes limeños, Colectivo Unidad Color Rosa (CUCR), Comité de familiares de detenidos desaparecidos de honduras (COFADEH), Comité de familiares de migrantes desaparecidos del progreso (COFAMIPRO), Comité por la libre expresión C-Libre, Coordinación de instituciones privadas por las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos (COIPRODEN), Crisálidas de Villanueva, Ecuménicas por el derecho a decidir, Equipo de monitoreo independiente de honduras (EMIH), Equipo de reflexión, investigación y comunicación (ERIC-SJ), Espacio-ACI, Familia franciscana JPIC, Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO), Foro de mujeres por la vida, Foro Nacional de Sida (FOROSIDA), Foro nacional para las migraciones (FONAMIH), Foro social de la deuda externa y desarrollo de Honduras (FOSDEH), Frente amplio del COPENH, JASS en Honduras, Las hormigas, MASS VIDA, MILPAH, Movimiento ambientalista santabarbarense (MAS), Movimiento amplio por la dignidad y la justicia (MADJ), Movimiento de mujeres por la paz visitación padilla, MUCA y Plataforma Agraria, Observatorio Permanente Bajo Aguán, Organismo cristiano de desarrollo integral de honduras – OCDIH, PBI, Plataforma internacional contra la impunidad (PI), Pastoral de movilidad humana – PMH, Red de defensoras de derechos humanos de Honduras, Red de participación de organizaciones de sociedad civil Siguatepeque – RPOSC, Red de trabajadoras sexuales de honduras – REDMUDE, Unión de empresas y de organizaciones de trabajadores del campo (UTC), Vía campesina
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Coordinadora de organizaciones populares del Aguán (COPA)
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos
Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Honduras
Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra
CODIM CA
Fundación San Alonso Rodríguez
Red de mujeres campesinas del Aguán (RMCA)
Red Lésbica Cattrachas
Unión Revolucionaria del Pueblo
México
Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C.
Centro de Investigación y producción de tecnología ecológica para la vivienda
Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos)
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI)
Centro Solidario Tsomanotik A.C.
Consejo Tiyat Tlali
Cooperación Comunitaria A.C.
Enlace, comunicación y capacitación A.C.
Escuela para Defensoras en derechos humanos y ambientales Benita Galeana A.C.
Fundación San Ignacio de Loyola A.C.
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)
MUJERES LIBRES COLEM, A.C.
OCEZ-CNPA
Programa de Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Servicio Jesuita a Refugiados México
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)
Nicaragua
Movimiento Autónomo de Mujeres
Asociación Mujeres Constructoras de Condega – AMCC
Asociación de Trabajadores del Campo
S.J.M. Nicaragua
Noruega
Ayuda Popular Noruega (APN)
Panamá
Asociación de Profesores (ASOPROF)
Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA)
Perú
Asociación Paz y Esperanza
Centro de Investigación y Promoción de Campesinado
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Venezuela
Fundación Centro Gumilla (FCG)
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