Marpa
En claro abuso de poder y actuando por encima de las decisiones emanadas por los tribunales de justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), desobedeció la orden del Juzgado de Jurisdicción Nacional quién dictaminó el traslado de siete defensores de los bienes comunes de la naturaleza de Guapinol, al centro penal del Olanchito, departamento de Yoro, y los envió a la cárcel de máxima tortura conocida como La Tolva, localizado en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso.
En un inicio, la jueza con competencia nacional, Lisseth Vallecillo giró un oficio al centro penal de Olanchito, con fecha 1 de septiembre, en donde giró las instrucciones de recluir y custodiar a los ambientalistas de Guapinol: José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahun Hernández y Arnol Javier Alemán.
Los defensores de la Montaña Botaderos, bautizada por el movimiento social como “Carlos Escaleras” y de los ríos Guapinol y San Pedro del municipio de Tocoa, están acusados por la Fiscalía, por los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad en perjuicio de Santos Hernández Corea y la Sociedad Mercantil Inversiones Los Pinares.
Pese a la disposición judicial, los imputados fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, sin embargo nuevas disposiciones se tomaron a otro nivel, pasando por encima del tribunal que conoció la causa.
El 3 de septiembre de 2019, el director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Teniente Coronel Jairo Molina Velásquez, envió una misiva al director de la “cárcel de máxima tortura” (Centro Penitenciario de la Tolva), Teniente Coronel Juan Carlos García, en la que le informa de nuevas disposiciones adoptadas por el régimen en el caso Guapinol.
Molina Velásquez le notifica a García Carranza que “por instrucciones de la Directora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) Rosa Irene Gudiel Ardón, por estrictas medidas de seguridad se le remiten para su guarda y custodia”, a los 7 ambientalistas y detalla los nombres.
El abuso de poder ejecutado por el INP en el caso Guapinol, contrasta con el caso del maestro Rommel Baldemar Herrera Portillo de 23 años, otro “preso político”, quien permanece recluido en La Tolva, después de participar en una protesta convocada por la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, realizada el pasado 31 de mayo.
Herrera Portillo fue capturado horas después de que encapuchados prendieran fuego a varias llantas colocadas en el portón de la entrada principal de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en un hecho al que expertos llaman un “falso positivo”, pues en la acción no había en las instalaciones de la misión diplomática, ni elementos de la seguridad privada de la embajada ni efectivos policiales o militares.
El falso positivo provocó la criminalización del joven maestro, al que la Fiscalía acusó de los delitos de daños e incendio agravado en perjuicio de la embajada estadounidense.
En la audiencia de declaración de imputado acontecida el 1 de junio de este año, el juez le dictó prisión preventiva e instruyó a la policía para que fuera trasladado a la cárcel de Tamara, en las afueras de la capital.
Pero, sin justificación alguna, las autoridades penitenciarias obviaron la disposición judicial y lo enviaron a la cárcel de máxima tortura conocida como “La Tolva”, que se localiza a más de 60 kilómetros al oriente de Tegucigalpa.
El 6 de junio se llevó a cabo la audiencia inicial. A pesar de que los abogados defensores de Herrera Portillo, lograron desestimar todas las pruebas presentadas por la fiscalía, el juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva.
El régimen de Juan Orlando Hernández ha tratado de disuadir las constantes manifestaciones que exigen su salida del poder, reprimiendo con uso excesivo de la fuerza las movilizaciones. La policía y militares utilizan gas lacrimógeno y disparan con bala viva en contra de las personas que hacen uso legítimo de la protesta ciudadana.
Además de esto, operadores de justicia como la Fiscalía y los tribunales, siguen el guión del régimen usurpador, para recluir en cárceles donde se tortura y se violan los derechos humanos, a todo aquel que levante su voz de protesta.
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