En entrevista con Radio Progreso, la ex Fiscal General de Guatemala (2010-2014) y actual directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, Claudia Paz y Paz, dijo que los gobiernos centroamericanos han fracaso por los grandes casos de corrupción, la impunidad y el narcotráfico que operan a sus anchas con la venia y participación de las clases políticas y económicas.
“Una vez que se ha transparentado que los partidos políticos, que tristemente no se puede decir que son de derecha o de izquierda, todos han participado en actos de corrupción, y el descubrir que no es un asunto casual o la avaricia de un partido, sino que es la forma de hacer política, ha llevado a una enorme pérdida de legitimidad a los propios partidos políticos”, señaló la abogada Paz y Paz.
Pero reconoce la ex Fiscal General de Guatemala que, esta situación tiene una ventaja “y es que la ciudadanía está cada día más consciente de cómo opera la política, los responsables de la pobreza, la exclusión y violencia no son anónimos, tienen rostros”.
Radio Progreso (RP) dialogó con la abogada Claudia Paz (CP) sobre las realidades y desafíos que enfrenta Centroamérica en momentos en que se habla de bicentenarios, civismo y patria.
RP. ¿Cómo ve la realidad que vive Centroamérica?
CP. Creo que no son momentos sencillos para Centroamérica. La explosión de la crisis de derechos humanos que se vivió en Nicaragua a partir del 18 de abril nos recuerda que tenemos grandes problemas que resolver en la agenda centroamericana, sobre todo en la agenda de derechos humanos. Esta debilidad institucional y de cooptación del Estado para intereses particulares se viven en los países vecinos.
RP. A dos años del bicentenario, ¿cuál es la mayor deuda?
CP. Existen graves deudas con una soberanía que ha sido mal entendida y mal interpretada. Mal entendida porque se esgrime y se le llama para temas vinculados con la restricción de la actuación de los organismos internacionales como la Maccih en Honduras y la Cicig en Guatemala, que han venido a fortalecer las instituciones de justicia, pero también sobernías donde está presente actividades como el narcotráfico, las industrias extractivas o a las políticas migratorias del gobierno del presidente Trump para Estados Unidos.
RP. ¿Cuál es su principal preocupación de lo que pasa en Centroamérica?
CP. Como defensora de derechos humanos me preocupa muchísimo los ataques que sufren defensoras y defensores en Guatemala y en Honduras. Sobre todo, la criminalización para sancionarlos luego del desalojo de tierras en Guatemala o detener a los líderes de la resistencia contra la industria minera en Honduras con el caso Guapinol. Son preocupaciones que también se expresan en Nicaragua que tuvo más de 700 presos políticos. También me preocupa porque en Centroamérica, y especialmente en el triángulo norte, hay índices muy altos de homicidios y las respuestas de los Estados no siempre han sido fortalecer el sistema de investigación criminal y el sistema de justicia, sino optar por remilitarizar el país.
RP. ¿Cómo valora las actuaciones de la ciudadanía?
CP. Creo que los avances que han existido en la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestros países han venido desde legítimas demandas sociales. No olvidemos que en Guatemala la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Cicig, fue una demanda de organizaciones de derechos humanos que habían estado sufriendo ataques e incluso asesinatos; y en Honduras, el establecimiento de la Maccih fue precisamente porque la ciudadanía, frente a grandes escándalos de corrupción vinculados al seguro social, salió a las calles con el importante movimiento de Las Antorchas, eso es una clara muestra de lo que puede lograr la ciudadanía en la exigencia de sus derechos.
RP. ¿Por qué fracasan los gobiernos?
CP. Justamente los grandes casos de corrupción que se han presentado no sólo en Centroamérica sino en América Latina luego de los sonados casos del Odebrech que ha tenido repercusiones en Perú, en Colombia, en República Dominicana, en México, en Guatemala y por supuesto en Brasil, pero la corrupción local en Centroamérica ha puesto de manifiesto que son Estados en donde la corrupción no es un hecho aislado, casual, de excepción, sino que es la forma de hacer política.
RP. El narcotráfico, la corrupción y la impunidad, ¿tienen de rodilla las democracias?
CP. Una vez que se ha transparentado que los partidos políticos, que tristemente no se puede decir que son de derecha o de izquierda, todos han participado en actos de corrupción. El descubrir que no es un asunto casual o la avaricia de un partido político, sino que es la forma de hacer política y que ha llevado a una enorme pérdida de legitimidad a los propios partidos políticos. Esto tiene una ventaja y es que la ciudadanía está cada día más consciente de cómo opera la política, los responsables de la pobreza, la exclusión y la violencia no son anónimos, tienen rostros.
RP. ¿Cuál fue su experiencia de trabajo con la Cicig cuando usted fue Fiscal General?
CP. Cicig tuvo tres etapas en Guatemala, yo estuve en la segunda etapa. La primera etapa fue construir las instituciones. Y la etapa en la que yo llegué y que trabajé con el comisionado Francisco Dall’Anese fue fortalecer las instituciones adentro del Ministerio Público. Era necesario realizar un cambio cultural, que los fiscales, policías, investigadores internacionales trabajarán juntos para poder investigar los casos no como casos individuales sino como grandes fenómenos criminales.
RP. ¿Por qué el presidente Jimmy Morales decidió no ampliar el mandato de la Cicig?
CP. Porque él, su familia y su partido se vieron involucrados en grandes casos de corrupción y porque una vez que él, sobre todo su hijo y su hermano, fueron procesados por haber falsificado facturas y haber estafado el registro de la propiedad, él fue partícipe de esta alianza para proveerse impunidad. Las élites políticas y especialmente las económicas, cuando salieron a luz los casos de enriquecimiento electoral ilícito, no iban a esperar sentadas a ser procesadas y probablemente condenadas, porque en este caso estamos hablando de pruebas duras, son cheques en los que se está depositando a un partido político unos fondos que nunca son declarados.
RP. ¿Cuál fue la estrategia para sacar a la Cicig?
CP. Él (presidente Jimmy Morales), su familia, su partido y otros sectores de poder sobre todo económico, pero también políticos, hicieron una alianza que se expresó a lo interno en procurar que aquellos funcionarios que habían sido honestos y cumplían con su trabajo dejaran su puesto; y en lo internacional cambiaron la correlación de fuerzas que habían significado el apoyo de Estados Unidos a esta Comisión.
RP. ¿A cambio de qué?
CP. El presidente Jimmy Morales trasladó la embajada hacia Jerusalén, algo que iba en contra de los intereses económicos del país, con eso se ganó el favor de la administración Trump, y el pacto se selló con la suscripción del acuerdo de Tercer País Seguro.
RP. ¿Qué opina usted de la Maccih en Honduras?
CP. Creo que la Maccih ha hecho investigaciones profundas, inéditas en Honduras. Creo que el caso de la ex primera dama, que ahora está condenada, es un caso muy poderoso simbólicamente porque por primera vez se sienta en el banquillo de los acusados, se procesa y se condena a una persona perteneciente a las élites políticas del país.
RP. ¿Cuáles son las apuestas, por dónde debe ir Centroamérica para el futuro inmediato?
CP. Creo que es fundamental vernos como región, los problemas que tenemos son comunes, los desafíos que tenemos también. Las élites políticas y económicas actúan con una mayor articulación, y los movimientos sociales, los defensores de derechos humanos aún no terminamos de asumir la fortaleza que tendríamos si actuáramos en una alianza regional.
RP. ¿Ve luces de cambio?
CP. Tengo esperanza en que vamos a caminar para construir sociedades más justas.
RP. Nos puede usted revelar ¿dónde pone su esperanza?
CP. En los movimientos sociales, en los jóvenes, en las mujeres, en los defensores y defensoras, en los funcionarios honestos que hay en los países.
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