La Jueza de Jurisdicción Nacional, Lizeth Vallecillo, basada en pruebas, que de acuerdo a lo evidenciado por la defensa privada, no lograron acreditar los ilícitos, emitió un auto de formal procesamiento por los delitos de privación injusta de la libertad e incendio agravado, en perjuicio de la empresa Inversiones Los Pinares, contra los defensores del Río Guapinol.
A los defensores del Río Guapinol, integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Toca, se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva.
El fallo de la jueza Vallecillo, se dio a conocer entre el llanto y reclamo de justicia de familiares, compañeros y compañeras de los defensores del Río Guapinol, quienes han luchado contra la explotación minera y destrucción del Parque Nacional Carlos Escaleras, a cargo de Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez y Ana Facussé.
“Ellos son inocentes, si ellos fueran culpables no se hubieran entregado, a dónde está la justica, se ensañan con los pobres”, expresaban las compañeras y madres de los ambientalistas.
El abogado Edy Tábora señala que el fallo de la jueza es arbitrario, puesto que el Ministerio Público utilizó, de manera ilegal y fraudulenta, a la Policía Nacional en actividades de investigación para incriminar a los defensores del Río Guapinol.
Añade que la Fiscalía ha demostrado “de manera permanente” la falta de objetividad y el interés que tiene para criminalizar a los defensores, utilizando pruebas falsas; “estamos observando que hay un interés claro para favorecer a la empresa”.
Durante el proceso de la Audiencia Inicial, el Ministerio Público no logró acreditar que los hechos imputados a los defensores del Río Guapinol tienen relevancia penal, por tanto la jueza Lizeth Vallecillo no resolvió de manera objetiva, indica el abogado Omar Menjivar.
En relación al aparente delito de privación injusta de la libertad, en perjuicio de Santos Hernández, quien se suponía fue contratado por Inversiones Los Pinares para instalar portones en el platel de la minera, el abogado Menjivar explica que el testimonio de la supuesta víctima fue contradictorio con la denuncia, ya que él mismo –Hernández- dijo que las personas que lo agredieron andaban encapuchadas, por lo tanto no hay manera racional de reconocerlas.
Ministerio Público instrumentalizado
Para el abogado Allan Alvarenga, las autoridades estatales, a través del fallo de la jueza Lizeth Vallecillo, están dejando claro que no soportará a los defensores que se oponen a los proyectos extractivos y a las empresas transnacionales que tienen influencias en todas las instituciones del Estado, y que utilizan al Ministerio Público como una oficina para proteger sus intereses anteponiéndolos a los intereses de la sociedad y el ser humano.
Aunque la Procuraduría General de la República (PGR), por considerar que la Fiscalía no logró demostrar la participación de los defensores del Río Guapinol en el delito de Asociación Ilícita, y solicitó un sobreseimiento definitivo, decisión adoptada por la jueza, el abogado Rodolfo Zamora, integrante del equipo legal de los ambientalistas, reitera que el Ministerio Público da a entender que quienes ejercen su derecho a organizarse y manifestarse, cuando las cosas no son de agrado de la población, son parte del crimen organizado para cometer delitos.
De acuerdo al abogado Zamora, lo anterior demuestra que el Ministerio Público se ha instrumentalizado para privilegiar los derechos de explotación minera, obtenidos de manera irregular, por la empresa Inversiones Los Pinares, sobre el fin supremo del Estado que es la persona humana.
Reinaldo Domínguez, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, expresa que, a pesar del fallo contra sus compañeros ambientalistas, mantendrán la lucha por el Río Guapinol porque se han demostrado que son una comunidad pacífica.
“Quiero decirle a la jueza que cuando se hacen esas decisiones injustas, no se duerme y se retuerce como un gusano, porque deja niños sin sus padres. Mandamos un mensaje de alerta, porque no pueden estar presos los compañeros por defender el agua”, manifestó Domínguez, mientras familiares se despedían de los defensores, a través de las ventas del camión policial, en el cual fueron trasladado al centro penal.
Los defensores de la vida y el agua Porfirio Cedillo, Kelvin Romero, Arnol Alemán, José Cedillo, Orbín Hernández, Ever Cedillo y Daniel Márquez fueron enviando a la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, para luego ser trasladados al centro penal de Olanchito, Yoro.
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