La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, señaló que desde el golpe militar de Estado de 2009 se diseñó una estrategia en la que ya se están viendo los resultados, que son la “persecución y la venta de los territorios, la venta de la soberanía nacional”.
Existe un gran interés en Honduras por todos los recursos naturales con que cuenta, y si usted ve en todos los departamentos hay proyectos extractivistas, así que no sólo hay la complacencia del régimen, de esta dictadura, sino también de las alianzas económicas para lograr dichos propósitos, explicó.
Por eso nos está costando enormemente, así que si no nos organizamos, si no nos unificamos, si no tenemos claro el objetivo, cada sector, municipio por municipio y departamento por departamento, estará sufriendo la barbarie y las reiteradas violaciones a los derechos humanos, que son hasta genocidas en algunos casos, señaló Oliva.
Debemos hacer nuestro el sufrimiento de un compañero, de una compañera, de lo contrario ya no vamos a tener ni siquiera la fuerza; el aliento para estar abogando por cada uno de ellos o de ellas individualmente, advirtió.
“Aquí se acaba la vida si no hacemos lo que tenemos que hacer, que es el proyecto unitario; y demostrar ante la comunidad internacional y nacional, que no estamos viviendo en un estado democrático, no estamos viviendo un estado de derecho, al contrario, Honduras tiene un estado deshecho”. Berta Oliva, coordinadora del COFADEH
Oliva sostuvo que, quien controla el poder actualmente es un reducido grupo que va más allá de lo oligárquico, sino que es un grupo narcotraficante, por lo que no es lo mismo luchar con oligarcas disfrazados de demócratas; como luchar contra una dictadura que realmente está defendiendo su propia libertad, porque sabe que si no lo hace, pues lógicamente irá muy rápido hacia un juicio de un país que es el que está poniendo las condiciones en Honduras.
Las declaraciones de Bertha Oliva fueron expuestas a los medios de comunicación al concluir una conferencia de prensa convocada por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, en donde se denunció la arbitrariedad del Instituto Nacional Penitenciario (INP), que incumplió una orden de los Tribunales de Justicia encaminada a recluir a siete ambientalistas de Guapinol (acusados por defender los recursos naturales de Tocoa) en el centro penal de Olanchito, Yoro, y que en su lugar; fueron enviados a la cárcel de máxima tortura, conocida como “La Tolva”, localizada en el municipio de Morocelí, El Paraíso.
En su intervención, Juana Zúniga, esposa de José Abelino Cedillo (recluido en La Tolva) señaló que, es lamentable que este gobierno utilice un sistema en el cual no entendemos por qué los defensores del agua y de la vida pueden ser criminalizados, judicializados y juzgados; mientras los verdaderos delincuentes, los saqueadores pueden andar en libertad.
“He sentido una impotencia tan grande al verlos cómo los han tratado, peor que a los delincuentes, cuando el único delito de ellos, es defender el agua”, Juana Zúniga.
Por su parte, el abogado Allan Alvarenga, del equipo de defensa, lamentó el papel que está jugando en este caso el Ministerio Público (MP), el sistema penitenciario y el poder Judicial, de criminalizar a personas que no son delincuentes, sino más bien defensoras del medio ambiente.
Alvarenga indicó que, el MP no cuenta con pruebas suficientes para criminalizar a los ambientalistas y, que lo que está haciendo es alargar el proceso, aplicando prisión preventiva en contra de los encausados, conociendo de la lentitud con que se abordan este tipo de casos.
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, mostró su preocupación por la integridad física y emocional de los siete defensores de Guapinol, y responzabilizó a la dictadura que dirige Juan Hernández, de cualquier situación que ponga en peligro la vida de los compañeros, enviados arbitrariamente a una cárcel de máxima tortura.
El pedagogo Juan López, de la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) de Tocoa, leyó un comunicado en el que se denuncian los tratos crueles, inhumanos y degradantes que el sistema penitenciario ha infringido a los ambientalistas, a los que también calificó como “presos políticos”, de este régimen.
“Hacemos de conocimiento público que los compañeros defensores del agua y la vida han sido víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por las autoridades del sistema penitenciario, al menos uno de ellos fue trasladado en ropa interior hacia la cárcel. El régimen gubernamental ha violentado el marco general del derecho nacional constitucional y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como los protocolos de Naciones Unidas sobre el tratamiento a personas privadas de libertad”, afirma el comunicado en una de sus partes.
Más adelante señaló que: “De inmediato exigimos que los defensores, presos políticos por defender el agua y la vida, sean trasladados al Centro Penal de Olanchito, Yoro. La cárcel de máxima seguridad en Morocelí es para criminales de alta peligrosidad, no para defensores de la vida reconocidos por el mismo Estado de Honduras”.
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, advirtió sobre el grave peligro que corren en relación a su integridad física y emocional: Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Orbin Hernández, Ewer Cedillo, Daniel Márquez, Arnold Alemán y Kelvin Romero.
“Responsabilizamos al Sistema Nacional Penitenciario, al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Instituto Hondureño de Geología y Minas, a la Secretaría del Ambiente, Gobierno Municipal de Tocoa y a la empresa minera “Inversiones Los Pinares” de cualquier situación lamentable en la vida de los presos políticos y demás defensores y defensoras del agua y la vida en Guapinol y el Municipio de Tocoa, Colón”, concluye el comunicado.
A la conferencia de prensa asistieron representantes del COFADEH, F-SAR, Madre Tierra, Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Centro de Invesigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Mujeres Socialistas de Honduras, Plataforma en defensa de la Salud y Educación, líderes comunitarios y de partidos políticos, prensa nacional e internacional, entre otros.
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