Por Javier Suazo
“La salud es un derecho humano en todas sus formas, no una mercancía”.
Juan Almendares, exrector de la UNAH
Hay un cuento chileno modificado por economistas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI), que dice así: Con las reformas a los institutos de seguridad social y ministerios de salud se garantiza no solo la protección social de la población, sino también seguridad social a los que generan la riqueza del país, en este caso los trabajadores sindicalizados. Hay que demantalelar las instituciones publicas y permitir que actores más eficientes presten estos servicios y, por otro lado, darle un uso más productivo a los recursos que tienen depositados en los institutos de previsión social o bancos, que corresponden al esfuerzo de toda su vida y constituyen un patrimonio familiar una vez que dejen de laborar en las instituciones y/o sean despedidos antes de tiempo.
En el primer caso la eficiencia es relativa, ya que se aumentan los costos de los servicios y parte de hospitales y demás centros de salud operan con superávit, pero a costo de una pérdida sistemática del ingreso de la población que asiste a estos centros por atención médica. En el segundo caso, la experiencia de países latinoamericanos demuestra que dichos recursos son utilizados por el gobierno para otros menesteres, igual malgastados por empresas proveedoras de servicios de salud de maletín.
En el caso de Honduras, todavía no se ha devuelto ni el 30% de los recursos que fueron drenados (¿léase robados?) a los fondos de aseguramiento social del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y los verdaderos culpables, o sea los cerebros de la operación de asalto a mano armada y en pleno día, no aparecen. Con este acto de corrupción se cercenaron los fondos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) denominado en la actualidad, Régimen de Previsión Social, sin que todavía se recupere. Incluso, hay evidencia que también se drenaron parte de recursos del Régimen Enfermedad y Maternidad (EM), hoy Régimen de Atención a la Salud, destinados mayormente al pago de sueldos y salarios, la compra de equipos, medicinas sobrevalorados y otros insumos.
Una solución a la nueva capitalización del Régimen de Atención a la Salud, establecida en la Ley Marco de Protección Social (septiembre de 2015), es el destino de los fondos de IVM que fue recapitalizado con los recursos que aportan los obreros y empresarios al régimen de aportaciones privadas (RAP) por un monto superior a los 3,200 millones de lempiras. El compromiso de los actores principales (gobierno, empresarios y obreros) fue que la capitalización del régimen de atención en salud sería por tres (3) años, cuyo plazo venció en septiembre de 2018.
El problema es que el Congreso de la República, siguiendo con las andadas de reformas silenciosas, en horas de la noche y sin la participación de los representantes del Partido Libertad y Refundación (LibRe), y los que representan la bancada de la “dignidad” del partido liberal, mucho menos de empresarios y obreros, cambiaron esta regla de origen. Es así que como por arte de magia apareció un nuevo decreto (106-2008) que modifica la Ley anterior para permitir que sigan destinándose fondos de IVM al régimen de Seguro de Atención a la Salud; curiosamente, este decreto fue publicado en el diario oficial la Gaceta hasta el 22 de agosto de 2019, lo que ha sorprendido a los gremios y dirigentes de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación.
Después del asalto a los recursos del IHSS, se nombró una Comisión Interventora, la cual es responsable de garantizar un buen funcionamiento administrativo y financiero de la Institución; sobre todo, en la protección y capitalización de los regímenes vigentes. El problema es que existen muchas quejas de los pacientes por la falta de medicamentos en las farmacias del IHSS, teniendo que hacer grandes colas para poder obtener una cita médica que no llega en el tiempo previsto. En una publicación de un diario capitalino se da a entender que miembros de la Comisión Interventora del IHSS son los que habían autorizado y explicado a los diputados del Congreso Nacional que la aprobaron, la ampliación del periodo de traslado de fondos de un régimen a otro, ya que la demanda del Régimen de Seguro de Atención en Salud es muy alta. Para empresarios ligados al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Ministro de Trabajo y Previsión Social, es el que había autorizado y convencido a miembros del Congreso Nacional para que se ampliara el periodo.
El problema es mucho mayor. El Régimen de Seguro de Atención en Salud fue afectado con el robo del IHSS y todavía no se recupera; lo más fácil es agarrar recursos del vecino (IVM), pero ya los empresarios y obreros no quieren poner en riesgo su patrimonio de capitalización colectiva, a la espera de que se vuelta a estabilizar y capitalizar futuro, ya que nadie tiene la garantía de ello, incluyendo al gobierno que luce bastante desprestigiado. La Comisión Interventora (2014) ya cumplió su ciclo, y los actores reales deben contratar una auditoría independiente internacional y evaluar su gestión, acompañado de un estudio actuarial.
Por otra parte, se aduce que la solución planteada y definitiva es que se aprueben las demás leyes conexas que acompañan la Ley Marco del Sistema de Protección Social, caso de la nueva ley del seguro social, ley de atención en salud, ley de fondos de pensiones y cesantía, ley de seguro de riesgo profesional, que garantiza, supuestamente, un enfoque integral para el desarrollo de la persona humano hoy y siempre. Estas leyes ya fueron elaboradas, pero han sido poco consensuadas, no solo con los empresarios y obreros, sino con organizaciones de la sociedad civil y gremios. Para el Colegio Médico y las organizaciones de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación, están leyes lo que buscan es la privatización de la salud en todas sus formas, por lo que son rechazadas por la población.
La Plataforma está por entregar al G-16, un club de agencias y países cooperantes, y al gobierno de la República, la propuesta estructural de transformación del sector salud (incluyendo la protección y el aseguramiento social), donde la palabra privatización o reforma disfrazada con decretos ejecutivos o proyectos de reforma sectorial no cabe. El tema del financiamiento es clave, por lo que la propuesta busca que el gobierno reasigne recursos de defensa y seguridad a salud y educación, además de ajustar la matriz de programas y proyectos de la cooperación internacional. A lo mejor parte de estos recursos sirvan, en el corto plazo, para atender la demanda de la atención en salud de los derechos/habientes de IHSS.
El Consejo Económico Social (CES) integrado por empresarios, obreros y gobierno, debe prestar mayor atención a esta propuesta integral de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación, y no solo a los problemas que generan la ausencia de políticas sociales claras sobre la aspiración de Honduras en materia de protección y seguridad social. Lo más probable es que los miembros del CES exijan la derogación del decreto aprobado por el Congreso de la República para no seguir trasladando recursos de un régimen a otro, exigiendo del gobierno acciones más contundentes para recuperar los fondos del asalto al IHSS, y eliminar gastos desmedidos para ser destinados temporalmente a la capitalización del régimen de atención en salud y, evitar así, que muera más gente.
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