El viernes 30 de agosto, el mundo ha conmemorado el Día Nacional e Internacional del Detenido-Desaparecido, para recordar a la Humanidad que los hombres y mujeres a quienes el Estado les robó la libertad y les apagó la vida, no podrán nunca ser olvidados.
Es la misma convicción en esa fecha específica para Honduras, donde se conmemora el Día Nacional de las Personas Detenidas-Desaparecidas, una efeméride que fue decretada por el Congreso Nacional a insistencia del Cofadeh.
En el período de Porfirio Lobo Sosa como Presidente del Legislativo fue aprobada esa ley para recordar al Estado su obligación de prevenir la desaparición forzada como práctica criminal y como política estatal. Recordarle, además, su deber de hacer justicia.
Ayer, precisamente,, en el parque central de Tegucigalpa se llevó a cabo una Jornada Artística Cultural a la memoria de aquellos hombres y mujeres sacrificados por los asesinos del batallón 3-16, esos mismos que asesoran a la Secretaría de Seguridad, a empresarios del crimen organizado y que también tienen sus propias empresas de inseguridad nacional.
En la plaza Morazán de esta capital también fue recordado el aldeano Roberto Antonio Argueta, una de las 32 personas judicializadas por oponerse a la venenosa explotación minera encima de la cuenca del río Guapinol, en la montaña Carlos Escaleras, de Tocoa, Colón.
Roberto no era un hombre con chaleco de defensor territorial ni llevaba el título peyorativo de ambientalista. Pero era un ciudadano comprometido con su entorno. Era un bravo militante de lo colectivo, de la cosa pública.
Antonio rechazaba la presencia de la explotadora de Lenir Pérez, heredero de Miguel Facussé; malquería esa empresa de tramitadores de poder duro y rudo, que se mueve como crimen organizado al amparo de políticos cachurecos y del alcalde municipal de Libre.
Este hombre de la lista de treinta y dos fue asesinado a balazos la mañana del miércoles frente al hospital San Isidro allá en Tocoa. Los hombres armados que cometieron el crimen no han sido detenidos por la policía, esa misma policía que subió furiosa a la montaña para desalojar el campamento de la dignidad en octubre del año pasado.
Contra Argueta había una orden de captura emitida por los delitos de asociación ilícita y portación de armas, como parte de la criminalización por defender los recursos ambientales, que son la codicia de los capitalistas narcos que operan desde el Congreso y los demás poderes.
El lunes 26 de agosto, siete compañeros suyos habían sido detenidos durante la audiencia de imputados, porque así quiere la asociación de mineros, el Cohep y otras asociaciones criminales del país. Los defensores del agua y de la vida fueron remitidos a la penitenciaría nacional en Támara, cerca de la capital. Otro defensor está encarcelado en la granja penal de La ceiba.
Esta memoria de Roberto Antonio Argueta justo en el Día Nacional contra la Desaparición Forzada es para que Honduras no continúe siendo conducida por los criminales, jueces sin rostro, policías y militares sin alma, ni por impostores narcotraficantes corruptos que llenan de vergüenza la Nación.
A propósito, esta misma noche estamos viendo el informe preliminar de un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, que concluyó sus entrevistas en 10 días y escribió más de 10 párrafos advirtiendo cosas interesantes a una gente de oídos sordos.
De nuevo, los expertos cometen la falta grave de hablarle a un gobierno que no existe, le piden abordar las profundas causas de los conflictos sociales, así como la desconfianza extrema en su capacidad para promover una economía justa e inclusiva.
De modo preciso el documento de Naciones Unidas afirma que todas las personas afectadas por los proyectos extractivistas, que denominan «proyectos de desarrollo», deben tener sus derechos plenamente respetados y protegidos por las empresas, para evitar los conflictos.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, ignora que la mayoría del pueblo de Honduras rechaza la existencia del gobierno al que considera dictadura y no se refiere nunca a la minería a cielo abierto como desarrollo, sino como operaciones de crimen organizado.
Al presentar un informe preliminar el jueves, una de las integrantes del Grupo de Trabajo, Anita Ramasastry, dijo que «la mayoría de los conflictos relacionados con las inversiones a gran escala son el resultado de la falta sistemática de transparencia y de una participación significativa de las comunidades afectadas en cualquier decisión relacionada con la actividad empresarial».
Agregó la señora Ramasastry que «el Estado y las empresas deben darse cuenta de que escuchar todas las voces ayuda a identificar, mitigar y abordar las quejas antes de que se conviertan en conflictos».
De nuestra parte queremos decirle a doña Anita que el problema no es el déficit de consulta o la falta de participación de la comunidad en los beneficios del negocio, el problema es que la decisión de las comunidades es NO y nadie está escuchando, nadie está respetando ese veredicto, y utilizan el ejército, la policía y los sicarios del crimen organizado para atacar a las poblaciones que rechazan ese desarrollo sucio, venenoso, criminal, corrupto.
Los Expertos insistieron que «es urgente que el Congreso hondureño de conformidad con las normas internacionales elabore una ley sobre el consentimiento libre, previo e informado y la consulta de los pueblos indígenas y otras comunidades”.
Al final la Sra. Ramasastry, felizmente, se sumó a la voz colectiva que exige una acción inmediata para derogar las disposiciones del nuevo Código Penal destinadas a penalizar la disidencia y silenciar a quienes defienden a las víctimas de abusos, al tiempo que se reducen las penas por fraude y corrupción.
Bueno, mientras la burocracia internacional sigue su proceso hasta el próximo año y los años venideros, nuestro deber esta noche – ahora — es no olvidar a las personas desaparecidas entre 1979 y 2019, y mantener viva la exigencia por el castigo a los asesinos de Roberto Antonio Argueta, defensor del río Guapinol, que debe ser rescatado de las garras de Lenir Pérez y sus secuaces políticos de Colón.
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