La defensa legal de los ambientalistas del río Guapinol en Tocoa, Colón, presentó una recusación contra el juez con jurisdicción nacional Carlos Irías de León, basada en una denuncia que interpusieron los abogados defensores en julio; por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.
En ese sentido, el juez Irías de León no puede conocer la causa, debe retirarse y enviar el expediente inmediatamente a la Corte de Apelaciones para que la Corte decida si procede o no la recusación.
La Corte de Apelaciones tiene que resolver antes del domingo 01 de septiembre, día que vence el plazo para realizar la audiencia inicial tal como lo establece el Código Procesal Penal, una vez realizada la audiencia de presentación de imputados.
Aunque la denuncia contra el juez está engavetada, el abogado defensor Mario Rojas explicó a Radio Progreso que, aunque no haya avances investigativos sobre ésta, lo importante es que, el mismo código establece que basta con una denuncia interpuesta para inhabilitar el juez.
El único imputado que fue trasladado a San Pedro Sula para la audiencia inicial fue Jeremías Martínez, quien se encuentra privado de libertad en el centro penal de La Ceiba, Atlántida. Antes de ingresar a la sala, él fue sorprendido por su compañera de vida Lidia Ramos, quien viajó en horas de la madrugada desde Colón para verlo.
Las lágrimas de Doña Lidia fueron inevitables. Llevan más de 40 años de matrimonio y nunca se había separado por tanto tiempo. Jeremías al verla la abrazó y le dijo que no llorara, que defender el río es un regalo y que pronto iba a regresar a casa. La defensa de los criminalizados argumenta que la detención de Jeremías es ilegal y arbitraría.
Otras madres, esposas, hijas e hijos viajaron para ver a los 7 acusados recluidos en la penitenciaría nacional Támara. No lo lograron porque la audiencia inicial fue suspendida antes de que ellos llegaran a los juzgados. Además, llegaron organizaciones derechos humanos de la zona norte de Honduras, y la ciudadanía que se siente indignada por este caso que ha llamado la atención nacional e internacional. Aunque los guardias de seguridad del palacio de justicia les impidieron el acceso al edificio, la gente se apostó a la orilla de la carretera para correar sus consignas exigiendo justicia.
Lidia Ramos, compañera de vida de don Jeremías Martínez, lo abraza previo a la audiencia inicial desarrollada en los juzgados San Pedro Sula
El abogado Edy Tábora, integrante del equipo legal de los defensores del Río Guapinol, informó que el mismo Mecanismo Nacional de Protección desvirtuó el delito de Asociación Ilícita, al notificar recientemente que el Comité Ambiental de Tocoa está en la categoría de defensores del ambiente contemplado en art. 43 de la Ley de defensoras/defensores, abogados y comunicadores sociales.
Lo que significa que el delito de Asociación Ilícita no existe, porque hay un reconocimiento del Estado. Segundo el Estado reconoce en otro informe, a través de la Dirección de Conflictividad Social de la Secretaría de Derechos Humanos que se trata de un conflicto socio ambiental.
El abogado asegura que, lo mismo comprobó el Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes al concluir su visita oficial manifestaron que la mayoría de los conflictos relacionados con inversiones a gran escala, son el resultado de la falta de participación de las comunidades y de transparencia de los empresarios y autoridades involucradas.
El abogado Tábora sostiene que el delito de Usurpación en perjuicio de la empresa Inversiones Los Pinares no existe, porque la ciudadanía construyó su campamento en una vía pública. “Y sobre los otros delitos que se les imputan a los compañeros no hay individualización de quien causó daños. Ni se conoce como supuestamente ocurrieron los hechos”, señala argumentando que el juez que lleve el caso debe dictar sobreseimiento definitivo para todos los imputados, como ocurrió en el primer proceso del caso Guapinol.
¿Quiénes son los culpables?
Para la defensa legal de los ambientalistas criminalizados y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes Públicos de Tocoa, se debe aplicar la justicia a los responsables de este conflicto socio ambiental. Primero a los funcionarios de la Secretaria del Ambiente “Mi Ambiente”, Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, Instituto de Conservación Forestal ICF, y a los diputados del Congreso Nacional que aprobaron el decreto 252-2013 que permite la explotación minera en el parque nacional Carlos Escaleras.
“Además, a los jueces y fiscales que no han hecho un control de constitucionalidad en estas acusaciones”, dice Tábora señalando que las acusaciones e incluso la orden para el desalojo violento del campamento en 2018, están plagadas de vicios de nulidad, que atentan contra seguridad jurídica, salud mental y física de los defensores del río Guapinol criminalizados.
Mientras se programa el día y la hora para la audiencia inicial, la ciudadanía seguirá acuerpando el campamento “Justicia para Guapinol”, instalado desde el 26 de agosto en las afueras del Ministerio Público de Tegucigalpa. Desde este espacio se denuncia la parcialidad de las autoridades con la empresa Inversiones Los Pinares de Lenir Pérez y Ana Facussé.
No hay comentarios:
Publicar un comentario