Vulneración de sus Derechos Humanos agrava condiciones económicas y sociales de exclusión de las y los campesinos

Defensores en Línea

El informe sobre la Situación de vulneración de derechos de defensores y defensoras de la tierra, revela que las condiciones económicas y sociales de exclusión en que viven los y las campesinas, se ve agravado por la situación de vulneración de sus derechos humanos a los que son sometidos en las zonas de conflicto agrario.

Entre el año 2014 y el año 2018 se ha registrado en el Departamento de La Paz, alrededor de 165 casos de denuncias de violaciones de derechos humanos, de las cuales 56 fueron contra mujeres y 109 contra hombre. Las etnias con mayor índice de víctimas que han sufrido vulneración de sus derechos son los lencas, los chortís y los afrohondureños, revela el informe.

Asimismo detalla que el derecho con mayor registro de violaciones es el del respeto a la integridad física con un 28% del reporte total identificado. Así mismo la violación a los derechos humanos en un segundo lugar con un 21% y en tercer lugar la violación al derecho a un proceso de defensa justo con un 19%.

La Paz es uno de los departamentos en donde más se violentan los derechos hacia los campesinos. La criminalización representa un 17%, las persecuciones un 14%, los desalojos ilegales en horas no hábiles y desalojos legales también un 12% y la violación a las garantías constitucionales representan el 9%, son los problemas que más enfrentan las y los campesinos.

El fin del estudio es generar estrategias de incidencia que apoyen a la Central Nacional de Trabajadores del Campo – CNTC, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras – COFADEH y La Vía Campesina en su trabajo por “sensibilizar, crear opinión y movilizar apoyos para incidir en el respeto a los derechos de los y las defensores y defensoras de la tierra y el territorio.

Ver Informe informe DEFENSORESTIERRA

Alumnos rechazan que maestra regrese a la dirección de colegio de Chinacla, La Paz

Defensores en Línea

Por Riccy Ponce

Un grupo de alumnos del Instituto General Francisco Morazán, ubicado en el municipio de Chinacla, departamento de La Paz, mantienen una toma de las instalaciones, porque no aceptan que la maestra Esli Ramírez Romero regrese como directora a dicho centro educativo.

La docente había sido removida de su puesto luego que el año pasado los estudiantes la denunciaran por realizar cambios en el instituto que perjudicaban al estudiantado.

Un grupo de alumnos realizaron la denuncia en defesnoresenlinea.com sin dar sus respectivos nombres por temor a represalias de la directora Esli Ramírez Romero, a quien ellos lograron que fuera trasladada a otra institución por los cambios que ella estaba realizando en el colegio.

Según los estudiantes, la docente llegó el año pasado al Instituto de Chinacla y en marzo se le concedió licencia por una operación que se le practicó, incorporándose a sus labores el 1 de agosto de ese año.

“Llegó cambiando los horarios de clases. Entrabamos a las 8:00 y salíamos a la 1:00 de la tarde, ella llegó y cambió la hora de entrada de 7:00 a 12:00, nosotros no dijimos nada y la aceptamos, pero si nos pusimos un poco en contra, los de cerca no, pero los de lejos si porque les tocaba viajar y se les dificultaba”.

Así mismo dijeron que “a finales del 2018 ella cambió el material para el examen del himno, lo cambió a otro material que era un poco más pesado. Al momento del examen llegaron tres maestros, uno de música, historia y de español, pues al siguiente día nos iban a aplicar el examen y ella salió diciendo que se habían robado el examen de la dirección, cosa que no fue así, ella utilizó eso para hacernos quedar mal nosotros”.

“Ella dijo que nos iba a aplazar a todos de noveno grado, éramos 27 y solo le pasamos  tres,  del grado de último año de Agroindustria eran 30 y solo pasamos  5, entonces a todos nos aplazó y nosotros exigimos el derecho de que nos enseñara el examen y ella nos negó eso, dijo que no, que nos habíamos  quedado y hasta allí, lo único que  hizo fue pegar una lista en la pared de todos los alumnos que se aplazaron y la prueba de recuperación se las hizo el mismo día, de la que solo pasaron cinco y los demás tuvieron que seguir yendo a  hacer la prueba”, afirmaron.

El grupo de estudiantes añadieron que este año la problemática se agudizó porque entraron con el horario impuesto por la directora y había alumnos que por las distancias se le dificultaba llegar temprano.

“Este año entramos con el mismo horario de 7:00 a 12:00  pero se tenía problemas con los alumnos que viajaban, y ella lo que hacía era cerrarles el portón y no dejarlos entrar a clases o los dejaba entrar a la segunda hora y no los mandaba a clases, si no que a limpiar todas las instalaciones, denunciaron.

Ante estos abusos se tomó a bien tomarse el colegio porque ella estaba imponiendo cosas que nosotros no queríamos hacer, imponía reglas hasta por el corte de cabello de los estudiantes. En reunión de padres de familia ella no permitía que hablaran, si ella decía algo es que eso era, nadie podía decir nada más porque ella no los dejaba, agregaron los estudiantes.

Según los estudiantes la directora en ese entonces realizó cambios que no eran correctos ni beneficiosos para el colegio, por lo que decidieron tomarse las instalaciones.

Ella dijo que la escuela y el colegio no podíamos estar juntos, porque éramos diferentes  y ella  hizo que cambiáramos de lugar y pasó al instituto para donde era escuela y  la escuela donde era el instituto, y quedamos en un lugar donde la verdad no estaba condicionado para las carreras de Bachillerato en Agricultura,  les tocó de nuevo preparar el terreno para poder sembrar, no había laboratorio, no había seguridad para las cosas que había donado la Alcaldía,  entonces después de que ella nos  cambió de lugar nosotros decidimos  tomarnos el colegio por esa razón”.

“La primera vez de la toma llegó  una comisión de la departamental queriendo saber que era lo que  pasaba, y nosotros hicimos un pronunciamiento y le explicamos  por qué  no queríamos a la directora. Ese día ella realizó el acta y al final la que se leyó fue la que ella había realizado, en la que había cambiado las cosas. Había dicho que lo que nosotros decimos está mal, y lo puso a favor de ella, entonces nosotros pedimos la anulación de esa acta porque no estaba bien y leímos el acta que nosotros teníamos porque también  teníamos a alguien realizando una , entonces al ver los cambios se supone que el acta se ánulo”, agregaron.

También dijeron que debido a la falta de respuestas por las autoridades  de educación  las tomas de las instalaciones continuaron “nosotros nos seguimos tomando el colegio porque no nos dieron una respuesta, pues de allí vino personal de la departamental y nos dejó hablar y nos preguntó que porque no la queríamos en el colegio y le empezamos a explicar todo desde el año pasado y él dijo que si el problema era ella que ella se la llevaba para otro lugar, pues nosotros contentos  porque ella  no iba a estar y se dejó  al profesor Raúl Alvarado como director suplente  por mientras llegaba alguien más, porque se tomó a él  porque es el que tenía más antigüedad en el instituto”.

El grupo de alumnos  dijo que “después nos avisaron como nosotros siempre tenemos comunicación con la departamental, nos dijeron que ella venia para acá otra vez, entonces nos volvimos a tomar el colegio y nos preguntaron qué pasaba, entonces nosotros accedimos a hablar con el representante de la departamental, y le dijimos que nos sentíamos inconformes con lo que estaban haciendo porque el sabia de todos los problemas que habíamos tenido con ella y que no era posible que la volvieran a enviar para acá.

Después vino el viceministro de Educación, Javier Menocal, a Planes aquí en La Paz,   entonces nosotros veníamos a hacerle la visita a él, se les trajo las firmas  que se recogieron tanto de padres de familia como  alumnos y las fuerzas vivas de Chinacla y sus alrededores, en total  teníamos 432 firmas de todas esas personas que no estaban de acuerdo de que ella regresara, se le entregó la documentación a él con los pronunciamientos, con las  fotocopias de las acta que se habían hecho con ella, con la que se anuló.

Él  dijo que nos iba a  resolver ese problema  y confiamos en él,  después nos avisan que no, que ella no venía para acá  que mejor se iba a mandar para otro lugar para que no se siguiera teniendo ese tipo de problemas  porque no queríamos estar perdiendo clases, sostuvieron.

Los estudiantes aseguran que la maestra regresa a ocupar su puesto como directora y temen represalias por las denuncias realizadas en su contra.

“El problema es que ahora nos avisan que regresa por lo que volvimos a tomarnos el instituto, ese día para que ella no entrara ya que ella en una ocasión dijo que Chinacla no se iba a burlar de ella y que por eso iba a volver, por esa razón a insistido bastante en regresar”.

“Cuando nos avisaron que ella regresa, para evitarlo se volvió a tomar el instituto para que ella no llegue. Nos sentimos inconformes porque estamos peleando nuestros derechos, todo el esfuerzo que hemos hecho para que ella no siguiera aquí parece que no les importa, no está bien que nosotros estemos tratando de mejorar en el instituto y ella solo venga a hundirlo”, agregaron.

Los jóvenes estudiantes afirman que la directora solo viene con actitud de vengarse de los alumnos, “para empezar siempre nos intentó aplazar en las clases de ella y la matrícula a principio de año de agroindustria bajó porque ella le daba más promoción a informática, entonces los padres de familia se desanimaron al saber que la carrera no estaba aprobada y decidieron llevarse a sus hijos para otros institutos.

Los alumnos del Instituto General Francisco Morazán en Chinacla afirman que van a mantener las tomas en el colegio hasta lograr que no vuelvan a nombrar como directora a la maestra Esli Ramírez Romero, por el bien de la institución y de los alumnos, porque ya hay varios alumnos que han afirmado que si ella continúa en su cargo ellos buscaran otro colegio para continuar con los estudios.

“No es el fuego, es el capitalismo”

La Izquierda Diario

Comisión LID Medioambiente Chile

“No es fuego, es capitalismo” es la consigna que ha levantado un sector importante de la juventud en referencia a la catástrofe ambiental que azota al pulmón del globo y que no ha dejado a nadie indiferente. Y es que las imágenes reveladas por la NASA son impactantes. En estas se muestra la magnitud del territorio afectado por los mega-incendios que se estima alcanza las 600.000 hectáreas en 17 días, solo en Brasil, aumentando en un 80% respecto al año pasado en esta misma fecha.

Pulmón del globo

El Amazonas a menudo se conoce como los pulmones del planeta ya que se estima que produce el 20% del oxígeno en la atmósfera de la Tierra, además de participar activamente en el proceso de descarbonización de la atmósfera, lo que impacta sobre el ciclo del carbono. Así como también en el ciclo hídrico en América Latina, esto ya que las plantas absorben agua por sus raíces, la que viaja hasta las copas y por el proceso de transpiración llega a la atmósfera en su fase gaseosa, y si consideramos las millones de hectáreas que hacen este proceso, nos podremos imaginar “el río” que se genera sobre la selva.

Este río se desplaza en forma de sistemas frontales hacia los países del sur arrastrando con las lluvias el CO2 atmosférico -principal gas de efecto invernadero asociado al calentamiento global- al suelo, descarbonizando el aire y permitiendo la fijación del carbono en los suelos, alimentando los ríos entre otros aspectos claves.

El Amazonas así se estimaba que tenía aproximadamente la mitad del tamaño de Estados Unidos: es la selva tropical más grande del planeta, y no sabemos cuáles serán las repercusiones que tendrá esto, con mega-incendios que implican un salto en la destrucción de la Amazonia, liberando enormes masas de dióxido de carbono.

Con resultados catastróficos se están cumpliendo las promesas de Bolsonaro

Bolsonaro hizo promesas de campaña para restaurar la economía explorando el potencial económico de la Amazonía, criticando a las advertencias de deforestación de la agencia como dañinas para las negociaciones comerciales.

El director del Instituto de Investigación Espacial (INPE), que vigila de forma satelital el Amazonas, fue despedido después de una disputa con el Presidente; el director defendió los datos satelitales que mostraban que la deforestación era un 88% más alta en junio que el año anterior, y Bolsonaro calificó los hallazgos de “mentiras”.

En referencia a las causas, el ultraderechista Jair Bolsonaro declara descaradamente que se debe a la temporada seca y culpa de los incendios a las ONG ambientalistas, a quienes viene persiguiendo y reduciendo su financiamiento, como alguna suerte de venganza contra su gobierno.

Por su parte el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, tuiteó el miércoles que los incendios fueron causados por el clima seco, el viento y el calor. Pero el meteorólogo de CNN, Haley Brink, dijo que los incendios son “definitivamente inducidos por el hombre” y no pueden atribuirse a causas naturales como los rayos.

A esto se suman las afirmaciones de Adriane Muelbert, ecóloga que ha estudiado el papel que desempeña la deforestación del Amazonas en el cambio climático: “En los años anteriores, [los incendios forestales] estaban muy vinculados a la ausencia de lluvia, pero este ha sido un año bastante húmedo”, afirma añadiendo que “esto nos lleva a pensar que estos son incendios provocados por la deforestación”.

Así también lo afirma Paulo Moutinho, investigador del IPAM, un organismo de investigación amazónico explica que el alarmante aumento de incendios en la Amazonía se debe al aumento de la deforestación.

En la misma tónica, un estudio de la NASA revela que la Amazonía brasileña perdió el equivalente a Alemania producto de la deforestación entre 2000 y 2017. Es que se trata de un política que, si bien, es profundizada por el gobierno de Bolsonaro, también hay responsabilidad de los gobiernos del PT (Lula Da Silva – Dilma Rousseff), ya que es parte estructural del desarrollo capitalista de Brasil la depredación de los recursos naturales.

Agro-negocio, minería, deforestación: El capitalismo

La deforestación genera pérdida de humedad de los suelos y permite que el fuego se propague rápidamente, como si fuese rociado por bencina. Esta causa encuentra asidero en la necesidad de encontrar nuevos nichos de acumulación de recursos naturales como, por ejemplo, para incentivar la extracción de madera e incentivar la producción de la industria maderera, la exportación de minerales, el agro-negocio con extensas plantaciones de soja, entre otros, y aquí el papel de Bolsonaro es criminal así como la subordinación de Brasil al imperialismo.

La deforestación ligada al agro-negocio no es casual. Esta ha cumplido un rol crucial con las “quemas controladas” que muchas veces quedan fuera de control, las cuales se han realizado bajo prácticas que utilizan los agricultores con el incendio provocado para limpiar terrenos para cultivar soja.

El Amazona no es solo un pulmón mundial para la naturaleza, sino también una fuente de acumulación de riqueza para las grandes compañías capitalistas que ocupan esta como fuente de insumos.

Así, por ejemplo, la producción de carne y soja, que viene en constante aumento, es a su vez una fuente fundamental de la deforestación. Empresas multinacionales ligadas al imperialismo están devorando la Amazonia para plantar soja. Y la carne alimentada con esta soja (pollos, cerdos y vacas) termina en los estantes de los supermercados, norteamericanos, europeos (y ahora crecientemente chinos) y en los mostradores de empresas de comida rápida como Kentucky Fried Chicken y Mc Donald´s. En ese sentido, la norteamericana Cargill no oculta que está ayudando a establecer plantaciones de soja en la Amazonia y, junto a Archer Daniels Midland (AMD) y Bunge, controlan el 60% de la soja brasileña. Además, estas tres compañías juntas controlan más de tres cuartas partes de la trituración de soja en Europa.

Otro de los grandes problemas es la riqueza de minerales e hidrocarburos de esta zona. El 15% del bioma amazónico tenía concesiones mineras y contratos para la extracción de petróleo y gas. Adicional a esto, más de 800 concesiones mineras se otorgaron en áreas protegidas y, con 6.800 solicitudes a la espera, pendientes de aprobación.

Otra de las industrias que amenaza la existencia de la Amazonía son los proyectos de energía hidroeléctrica. En el 2016, la ONG alertó que en ese momento había unas 154 represas para la producción de energía y estaban planificadas para su construcción 227. En este sentido, "el aumento de las represas en la Amazonia amenaza el flujo natural de sus ríos, altera los ciclos naturales y pone en grave riesgo especies como los delfines y peces migratorios. El suministro de agua para las comunidades locales y el transporte de alimentos, también se ven afectados por cuenta de la producción de energía en la selva amazónica", asegura la ONG.

Así también son múltiples las marcas que en mayor o menor medida utilizan productos provenientes de la destrucción el Amazonas, sea en la cadena de distribución a proveedores de numerosas y reputadas marcas internacionales y prestigiosos minoristas, incluyendo una larga lista de grandes compañías capitalistas: Adidas, BMW, Carrefour, EuroStar, Ford, Honda, Gucci, IKEA, Kraft, Nike, Tesco, Toyota y Wal-Mart, entre otras. Y es que Latinoamérica, Brasil y particularmente el Amazonas es fuente de materias primas para el mundo, particularmente para la gran industria capitalista.

Así la guerra comercial entre EEUU y China también es un factor donde producto de los aranceles impuestos por Trump, China reemplazó las compras estadounidenses con las de Brasil. Como resultado, Brasil se ha convertido en el mayor exportador de soja a China, y al mundo. En 2018, el primer año de la guerra comercial, las exportaciones brasileñas a China crecieron un 35% en comparación con 2017.

Pongamos fin a la depredación de la Amazonia de Bolsonaro y los capitalistas

Carne, soja, minerales, energía, madera, son parte de los insumos y productos de la cadena de valor de grandes compañías, y también fuente de consumo para el planeta. El amazonas nutre al mundo con sus recursos, que se hoy se dan en el marco de la búsqueda de la ganancia y nuevos mercados por parte de los capitalistas.

Es la juventud quien ha venido expresando en movilizaciones contra la destrucción ambiental, así como las fuertes denuncias por parte de las comunidades originarias. Es necesario que estas fuerzas se unan a los trabajadores y amplios sectores populares, para enfrentar la destrucción del Amazonas. Para eso se necesita un programa y una estrategia anticapitalista que junto con la clase trabajadora pueda luchar por un futuro.

Es decir, un programa para terminar con la barbarie capitalista y conquistar un sistema de producción que ponga por delante las necesidades de los trabajadores, jóvenes las comunidades y del medio ambiente donde todos los avances de la técnica, la ciencia, así como las ganancias de la agroindustria, pasen a estar en función de una economía planificada; no de las ganancias de los capitalistas que destruyen el planeta tras sus intereses.

Es fundamental avanzar en esta lucha, pero no para conquistar un capitalismo reformado o su expresión verde, que ha mostrado ser una total ilusión, sino que para terminar con toda forma de explotación y opresión. Lo que es imposible de conquistar en los marcos del capitalismo actual, que solo busca la ganancia, poniendo el dinero por sobre la vida humana y de la naturaleza.

Embates por la Historia en América

CEMAPI 

Por Ricardo Orozco *

El pasado 26 de mayo un grupo de personalidades articuladas a la actividad académica en Chile emitió un desplegado en el que se posicionan frente —y acusan— a los más recientes esfuerzos gubernamentales de la plataforma política de Sebastián Piñera en torno de la eliminación del estudio de la historia (por cuanto asignatura en el entramado escolar, pero también en términos de lo que la historia misma significa, en su generalidad) en el nivel medio del sistema educativo nacional.

El actual esfuerzo, por supuesto, no es aislado, pues tal y como lo hacen saber los y las firmantes del desplegado que señala las consecuencias negativas que dicha decisión tendría en el desarrollo y la manera en que se piensa la sociedad a la que pertenecen, ya desde el primer gobierno de Michelle Bachelet (entre el 2006 y el 2012) el Ministerio de educación buscó disminuir a la mitad «las horas de enseñanza de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la Enseñanza Media».

Tal afrenta se continuó desde el 2014 (cuando Bachelet accede a la presidencia de Chile por segunda ocasión) y se recrudeció, en el momento actual, por la vía de la reducción de la enseñanza obligatoria de la Historia, limitándola hasta el segundo grado y, además, registrándola como una materia optativa junto con otras más como Educación Física, Arte y Religión; ante las cuales la Historia tendría que competir para ser electa dentro de la matrícula de los y las estudiantes.

Pero la realidad es que no sólo es esto. Lo que hoy sucede en Chile —y que un círculo de historiadores e historiadoras del país enuncian como ¡Resistir al ataque contra la historia, la memoria y el pensamiento crítico!— es apenas un eslabón que se une en una cadena mucho más amplia en la que se inscriben, por ejemplo, las intenciones del programa de gobierno de Jair Bolsonaro, en Brasil, directamente hostil a la enseñanza de la Filosofía, la Sociología y el resto de las Humanidades.

Chile y Brasil son, por la naturaleza de las decisiones políticas que sus gobiernos están tomando respecto de la enseñanza pública en ambos países, los dos casos más visibles y ejemplificadores de las disputas frente a las cuales se encuentra la historia desde la organización vigente de las ciencias sociales y las humanidades modernas, en un largo ciclo de construcción gnoseológica occidental que va desde finales del siglo XVII hasta mediados del XX. La cuestión es, no obstante, que este más reciente embate a la historia se inscribe dentro del avance de un pensamiento científico y de una racionalidad que ahonda su perfil utilitarista, instrumental, orientando a la totalidad del pensamiento y de la practica social con exclusividad hacia el mantenimiento de las condiciones de reproductibilidad de la acumulación ampliada del capital por la vía de la innovación y la matematización de lo social.

¿Acaso no está toda América inscrita en este patrón de poder global, en el que no únicamente la historia sino un conglomerado más amplio de saberes sociales (de ciencias sociales) se encuentra bajo el asedio de las ciencias físicas, biológicas y matemáticas con la pretensión de realizar, por fin, el deseo del gran capital de que sean la razón instrumental y el marcado, la informática y los algoritmos, las máquinas y los intercambios tecnológicos quienes orden la vida individual y colectiva? El auge de las academias privadas, con ofertas de programas de estudio que se articulan bajo demanda de mano de obra especializada (aunque no por más especializada menos precarizada) de grandes conglomerados empresariales, es sólo un síntoma de este patrón que hoy avanza sobre esas ruinas que, durante tanto tiempo, se sostuvieron como los principales bastiones de la crítica y la alternativa a las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales imperantes: las universidades públicas.

Los embates actuales contra la historia no son gratuitos ni son inocuos, mucho menos son azarosos. Estos se encuentran circunscritos a un momento político en el que el conservadurismo está recobrando espacios luego de un ciclo de reformismo social con los gobiernos progresistas y en un momento, además, en el que la reestructuración orgánica del capital avanza de manera amplia y profundamente violenta sobre las poblaciones del continente. Borrar el pasado, en este sentido, no únicamente se vuelve un imperativo para los intereses políticos y económicos dominantes, en términos del ejercicio de hacer proliferar las condiciones de posibilidad de su reproducción con la menor cantidad de trabas sociales (colectivos sociales, sindicalismos, movimientos contestatarios y de oposición, etcétera), sino que, además, avanza hacia la normalización de la necesidad ya no sólo de olvidar, sino de negar.

Y es que negar, por ejemplo, es el orden de vida que gobiernos como el de Bolsonaro se empeñan en imprimir como sentido común de la sociedad brasileña: negar los vínculos raciales con las poblaciones negras de África, negar la existencia de la dictadura, negar el dolor de las desapariciones ejecutadas por el Estado, negar la represión, negar la propia identidad y, por supuesto, negar el pasado. De ahí, justo, la importancia y la trascendencia de la historia, viéndola no sólo como una asignatura que es necesario cursar para cumplir con la currícula escolar y, a posteriori, legitimar un currículo laboral —en el que, claro está, el contenido humanístico de aquel termina siendo peso muerto ante un sistema que privilegia la utilidad que facilite y potencia la producción, la circulación y el consumo mercantil.

Por eso la pregunta que en su momento parafraseara Marc Bloch (el historiador francés que junto con Lucien Febvre fundó la escuela historiográfica de los Annales, y que murió combatiendo en las trincheras al nacionalsocialismo): «Papá, explícame para qué sirve la historia», hoy cobra una relevancia y una vigencia mayores en la región, porque ahí, en su supresión curricular, se están jugando una infinidad de cosas que van desde la construcción de las múltiples identidades que convergen en el cuerpo social hasta la incapacidad de construir proyectos políticos distintos por la incapacidad (ya operando como sentido común) de pensar al presente ante un horizonte alternativo.

¿Cómo sanar las heridas de la dictadura si políticas como ésta atacan el nervio más profundo de la memoria colectiva e individual no sólo de quienes la vivieron, sino, además, de las siguientes generaciones, de los hijos y las hijas, los nietos y las nietas de esos sobrevivientes que ya no tienen posibilidad de acceder de manera directa a ese trauma, salvo, justo, por la construcción de una memoria histórica común? ¿Cómo proceder ante procesos de reparación del daño si el daño es invisibilizado y negado? ¿Cómo transitar hacia regímenes políticos, sociales, culturales, más justos si la injusticia es ocultada? ¿Cómo no volver a cometer los errores del pasado si ese pasado ya no existe, ni como pasado mismo ni como presente, mucho menos, aún, como pasado anticipado en el presente?

No sólo es el perdón, el que se pone en juego, también es el olvido. ¡Ni perdón ni olvido! 

* Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional.

Misión Internacional visibilizará situación de los y las defensoras de la tierra y el territorio en Honduras y Guatemala

Defensores en Linea

Una misión de Observación Internacional de los Derechos Humanos visitará Honduras y Guatemala, con el fin de realizar un monitoreo y observación de la situación de los y las defensoras de la tierra y el territorio en ambos países centroamericanos.

La misión, encabezada por expertos internacionales, mantendrá reuniones con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y movimientos sociales, con la embajada de España, partidos políticos, con miembros del Gobierno y Parlamento hondureño, con la familia de la defensora indígena asesinada en 2016 Berta Cáceres, y visitarán comunidades indígenas del departamento de La Paz, donde el Gobierno Vasco tiene presencia a través de diferentes organizaciones de derechos humanos y campesinas.

La delegación, en su mayoría del País Vasco, permanecerá en Honduras del 19 al 26 de septiembre, finalizando su estadía con el Foro Cultivar sin Riesgo y una conferencia de prensa, donde los y las participantes de la misión compartirán sus observaciones sobre la situación del derecho a la tierra y el territorio en Honduras y Guatemala.

El 25 de septiembre está contemplado la realización de un foro Binacional sobre las vulneraciones a los derechos a la tierra y el territorio en los dos países.

A este foro se integrarán dos expertos quienes participaran en la misión de observación en Guatemala la cual se llevará a cabo del 18 al 24 de septiembre en el país vecino.

En la misión viene la destacada abogada peruana Mirtha Vásquez, directora de Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – Cajamarca (GRUFIDES), Organización no gubernamental que trabaja temas sociales, medio ambiente, ecoterritorialidad, y además asesora jurídica de Máxima Acuña Chaupe, una agricultora y defensora ambiental peruana. Conocida por su lucha contra el megaproyecto minero Conga de propiedad de Newmont Mining Corporation y Compañía de Minas Buenaventura, por lo que recibió en abril de 2016 el Premio Medioambiental Goldman.

También en la delegación viene Gustavo Adolfo Illescas Arita, antropólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), miembro fundador del Centro de Medios Independientes (CMI-Guate) e integrante del Equipo de El Observador. Y su compatriota Ronaldo Galeano, Asesor jurídico del Comité de Unidad Campesina de Guatemala.

Cristina Churruca de Bilbao, profesor asociada e investigadora principal en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto (UD), coordinadora del Programa Conjunto de Maestría Erasmus Mundus en Acción Humanitaria Internacional (NOHA +) y directora del Máster en la Universidad de Deusto desde 2007, es otra de las exponentes internacionales que viaja en la delegación.

Ella Anteriormente desarrolló su carrera investigadora en la Universidad del País Vasco y en la Universidad de Bochum en Alemania.

Sus principales áreas de investigación son la seguridad humana, en particular, la protección del desplazamiento forzado y las tendencias y desafíos actuales en la acción humanitaria y la consolidación de la paz y la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea en este campo.

La delegación está compuesta también por el doctor Luis Miguel Uharte, coordinador del subgrupo de América latina del grupo de investigación “Parte Hartuz”, un grupo consolidado de investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales, integrado por más de 40 profesores e investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y reconocido ininterrumpidamente desde 2007 por el sistema vasco de investigación, perteneciente al Gobierno Vasco.

Varias delegaciones provenientes del país Vasco ya han venido en diferentes ocasiones al país, para verificar in situ la situación de los derechos humanos, principalmente la de los defensores que constantemente están en riesgo su vida, por ejercer la labor de defensoría de los derechos humanos.

El objetivo de la Misión Internacional, que estará una semana en el país, será levantar información objetiva y visibilizar la situación de los y las defensoras de la tierra y el territorio.

La misión está organizada por la Fundación Mundubat en coordinación con las organizaciones socias con las cuales trabaja en Honduras desde 1996, como son La Vía Campesina, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Su tío, Reynaldo Girón, integrante de la Comisión pro Defensa de las comunidades del Parque La Tigra, declaró que el plantón era  pacifico, y que los hechos se dieron durante la visita del alcalde municipal del Distrito Central (AMDC), Nasry “Tito” Asfura; y el vice ministro del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Ángel Matute, según informó al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Además informó que Víctor Zúniga, también fue herido de bala, pero que –afortunadamente- estaba fuera de peligro. El joven fue impactado en el hombro derecho y recibió primeros auxilios de defensores que acompañaban la jornada de protestas, en la tercera semana de acciones en defensa de la reserva hidrográfica que abastece del 20 por ciento de agua a Tegucigalpa y alcanza a municipios de Santa Lucía, Valle de Ángeles y Cantarranas.

Las tomas en defensa de La Tigra, zona que está amenazada por los construcción de un complejo habitacional de inversión privada con permiso de la AMDC y el ICF, inician desde las cuatro de la mañana, en puntos geográficos como El Hatillo, El Chimbo y San Juan de Río Abajo, aledaños a la capital, y son brutalmente reprimidas por las fuerzas represoras al mando de Juan Hernández, ilegal presidente de Honduras.

El área de manifestación estaba custodiada por las fuerzas de seguridad pública, quienes empezaron a lanzar bombas lacrimógenas, piedras y finalmente armas de fuego, sin mediar palabra.El alcalde Asfura ha negado que la construcción de “Bosques de Santa María” no es en zona protegida de La Tigra, y que responde a la necesidad de viviendas, por lo que, la semana pasada se anunció la suspensión del proyecto, no así la cancelación. Será hasta dentro de dos meses que se realice un cabildo abierto para tratar el tema que afecta a la población y atenta contra la vida.

Pese a los ataques de bala y encarcelamientos de tres pobladores, Adán ramos, José Ramírez y Carlos Ortega, enviados supuestamente para investigación a la posta policial de “El Manchén”, los y las defensoras de la Tigra y el agua, no cesaran en las protestas.

Al menos 25 países de América Latina y el Caribe han acordado la protección de los defensores del medioambiente, impulsado por Naciones Unidas, el cual deberá garantizar derechos de acceso a información, participación, y justicia. Pero en este denominado “acuerdo de Escazú” Honduras es uno de los grandes ausentes, pese a que es señalado por organizaciones internacionales como Global Witness como “el país más peligroso del planeta para defender el ambiente”.

Dato: Según Global Witness, 164 defensores ambientales fueron asesinados en 2018. Más de la mitad de estas muertes ocurrieron en Latinoamérica.

Cabe señalar que, el denominado Acuerdo de Escazú, marca un avance importante en cuanto al reconocimiento de los Estados de la implicación de la sociedad civil en temas de medioambiente y viene cerrar un ciclo de negociación empezado con la Declaración de Río de 1992.

Policía dispara contra defensores de La Tigra

Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez

Justin Padilla, cayó herido por la policía en El Hatillo

El joven Justin Josué Padilla Zelaya, de 21 años, es una de las víctimas de los ataques policiales y militares hoy martes 17 de septiembre, en la comunidad de El Hatillo, durante una protesta exigiendo se respeten los bienes comunes de la naturaleza en el Parque Nacional La Tigra.

Justín fue impactado en la pelvis, y esta tarde fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Escuela Universitario, hasta donde fue trasladado en un vehículo particular, desde la comunidad ubicada a unos 11 kilómetros del centro capitalino.

Terrorismo ambiental y la reacción egoísta de los poderosos

Tiempo Argentino

Por Stella Calloni

El devastador incendio en la Amazonia es una acción depredatoria de alto nivel: los incendios siempre son producto de la acción del hombre ya sea accidental o premeditadamente. Nadie desconoce los ambiciosos planes para apoderarse de la Amazonia, que figuraban en libros de estudios de EE UU como territorios bajo su control.

A partir de la detención en Chile en 2012 del soldado israelí Rotem Singer por el incendio en el Parque Nacional de Torres del Paine, reserva de la biósfera en la Patagonia chilena, este tipo de hechos está bajo sospecha. A partir de entonces se determinó que los incendios asolaron al sur de Chile y de Argentina han sido iniciados por manos siniestras, lo cual es terrorismo ambiental.

Que Bolsonaro sostenga que su país no puede hacer frente a esta situación resulta increíble. "El Amazonas es más grande que Europa, ¿Cómo se van a controlar los incendios en esta área?", dijo. Pero acusó a la oposición y ONG que dejaron de recibir dinero de Alemania y Noruega y "como están desempleados quieren derrotarme". Otra de sus hipótesis es que pueden ser "los agricultores o los indios", y también aludió a los ganaderos, que conforman grupos de elite de la derecha que lo apoyan.

Pretender acusar a los pobladores indígenas, a los que persigue desde su llegada al poder, es otra evidencia de su política de sembrador de odio. Los pueblos originarios amazónicos son los mejores cuidadores de sus tierras y la naturaleza. Los discursos de dirigentes indígenas mujeres en el Congreso de Brasil han sido contundentes, desesperados, y muy claros en cuanto a la amenaza por el ingreso de las grandes mineras y otras empresas que terminarán acabando con sus vidas y con el pulmón del mundo.

La reacción de dirigentes mundiales muestra inmenso egoísmo porque sólo hablan del daño para sus países y en ningún momento de los miles de seres vivos, hombres, animales, pájaros que aseguran la biodiversidad. La respuesta de Bolsonaro se compara con lo actuado por el presidente de Bolivia Evo Morales, que ante el primer incendio nombró de inmediato un Comité de Crisis y puso todos los medios disponibles a trabajar.

La ONG Open Democracy –con apoyo de George Soros– dice haber accedido "a documentos internos del gobierno de Bolsonaro que demuestran un proyecto para echar por tierra los planes de conservación y avanzar en la explotación del Amazonas". Según este informe, el gobierno de Bolsonaro utiliza el discurso de odio para "disminuir el poder de las minorías que viven en la región" y de esa manera desarrollar sus "proyectos depredadores" y cita al llamado "Triple A" (Andes, Amazonas, Atlántico), un corredor ecológico con 135 millones de hectáreas de bosque tropical que uniría los Andes con el Atlántico pasando por el Amazonas.

Una trabajo publicado por Hispan TV analiza la gran amenaza que significan los centros biológicos de EE UU, que se están instalando estratégicamente junto con bases militares, como en Colombia. Se menciona que esos laboratorios se relacionan "con el control de la Amazonia como una de las proyecciones geopolíticas del Pentágono, para lo cual Brasil y Colombia resultan dos centros neurálgicos en la realización de sus intereses".

No podemos quedarnos sentados y permitir que los multimillonarios destruyan el periodismo

El Diario 

Por Bernie Sanders

Walter Cronkite dijo una vez que "lo que necesitamos para que funcione la democracia es periodismo". Llevaba toda la razón, y por eso los ataques actuales contra el periodismo a manos de Wall Street, empresarios multimillonarios, Silicon Valley y Donald Trump se han convertido en una crisis y debemos pasar a la acción.

El periodismo de verdad no es el cotilleo, los tertulianos ni el 'clickbait' que dominan actualmente los medios de comunicación. El periodismo de verdad, según palabras de Joseph Pulitzer, implica información meticulosa que "lucha por el progreso y la reforma, nunca tolera la injusticia o la corrupción y siempre combate a los demagogos".

Pulitzer afirmó que el periodismo siempre debe "oponerse al privilegio de clase y a los saqueadores públicos, jamás debe faltarle empatía hacia los pobres, siempre debe permanecer leal al interés público, nunca debe contentarse solo con publicar noticias, siempre debe ser absolutamente independiente y nunca debe tener miedo a la lucha contra la injusticia, ya sea una plutocracia depredadora o una pobreza depredadora".

Cuando teníamos periodismo de verdad, vimos cómo se exponían y combatían delitos como el Watergate. Y eso llevó a reformas contra la corrupción. Desde que no tenemos periodismo de verdad, hemos visto que delitos como el fraude hipotecario pasan desapercibidos y no son castigados, provocando una crisis económica devastadora que ha destruido las vidas de millones de estadounidenses.

El periodismo de verdad necesita recursos importantes. Una de las razones por las que no tenemos suficiente periodismo de verdad en este momento en Estados Unidos es porque muchos medios de comunicación están siendo reducidos a cenizas por las mismas fuerzas codiciosas que están saqueando nuestra economía.

Por ejemplo, dos corporaciones de Silicon Valley —Facebook y Google — controlan el 60% de todo el mercado de publicidad digital y han utilizado un control absoluto para apropiarse de todos los ingresos de publicidad de las organizaciones periodísticas. Un estudio reciente realizado por la News Media Alliance, una asociación comercial, concluyó que en 2018, mientras los ingresos de los periódicos disminuían, Google ganó 4.238 millones de euros gracias a noticias por las que Google no pagó nada.

Al mismo tiempo, los conglomerados empresariales y los fondos buitres han comprado y fusionado medios de comunicación que tenían problemas financieros, reduciendo sus redacciones mientras que los ejecutivos reciben abundantes sumas. Por ejemplo, la fusión de Gannett con Gatehouse Media significará que cientos de publicaciones quedarán bajo el control de una megacorporación y recortarán el equivalente a 270 millones de euros en "sinergias" — que a menudo es la palabra que utilizan las corporaciones para hablar de despidos — . Matt Pearce, periodista del Los Angeles Times, informó de que "el nuevo director ejecutivo de Gannett/Gatehouse recibirá un bono de cuatro millones de euros y acciones solo por entrar por la puerta".

El resultado de esta tendencia ha sido la aniquilación del periodismo. En los últimos 15 años, más de 1.400 comunidades de todo el país han perdido sus periódicos locales, que son las fuentes que luego utilizan las cadenas de televisión, las radios y los sitios de noticias digitales para proveer información local.

Desde 2008, las redacciones han perdido 28.000 empleados. Solo durante el año pasado, 3.200 personas de la industria de los medios de comunicación fueron despedidas. Actualmente, por cada periodista que tiene trabajo, hay seis personas dedicadas a las relaciones públicas y comunicación institucional, y son ellas las que a menudo definen la postura corporativa.

Justo cuando necesitamos más periodistas que informen sobre la crisis de sanidad, la emergencia climática y la desigualdad económica, tenemos a tertulianos en televisión que reciben millones de euros por analizar cotilleos políticos, mientras los medios de comunicación locales son aniquilados.

Los efectos negativos son predecibles: según un estudio realizado por investigadores de las universidades de Notre-Dame y de Illinois, cuando se vacían las redacciones, aumenta el gasto general que recae sobre los contribuyentes porque hay menos periodistas investigando las transacciones del Gobierno. Otro informe publicado por Spotlight en Pobreza y Oportunidades, un foro independiente, concluyó que, a pesar de que millones de estadounidenses luchan por sobrevivir, los medios de comunicación con problemas financieros "no le prestan atención a la pobreza".

Desde luego, cuando vemos la investigación de Miami Herald sobre Jeffrey Epstein o el valiente informe de Charleston Gazette-Mail sobre la crisis de los opiáceos, nos damos cuenta de que todavía hay buenos periodistas venciendo las probabilidades y generando periodismo de verdad que investiga al poder, saca delitos a la luz y desafía el status quo. Pero sabemos que estas historias exitosas muy a menudo son la excepción y no la regla.

También sabemos que Donald Trump está empeorando mucho las cosas. Es un mentiroso patológico que se ha pasado su presidencia intentando demonizar a los periodistas que se atreven a exponer sus mentiras. Y lo que es peor, ha llamado a los medios de comunicación "enemigos del pueblo" en un intento deliberado por destruir la mera idea de una prensa libre.

La forma en que Trump ataca a los medios de comunicación es absolutamente inaceptable y debe ser denunciada y rechazada. Pero dejemos algo en claro: eso solo no solucionará la crisis del periodismo. Además, una mayor expansión de los modelos de negocios oligárquicos en la industria de los medios de comunicación podría empeorar el asunto.

Actualmente, tras décadas de fusiones y desregulaciones, un pequeño puñado de empresas controla casi todo lo que miramos, leemos y descargamos. Dada esta situación, no deberíamos querer que lo que queda de prensa libre caiga bajo el control de este puñado de corporaciones y multimillonarios "bondadosos" que utilizan sus imperios mediáticos para castigar a quienes los critican o para evitar ser investigados.

Después de todo, las cadenas de televisión que reciben parte de los 4.000 millones de euros anuales que invierte la industria farmacéutica en anuncios deben de estar encantados de disimular su disgusto con nuestro deficiente sistema sanitario, pero nunca proveerán información justa sobre el programa Medicare, incluso aunque los sondeos indican que la mayoría de los estadounidenses apoyan la propuesta.

Los medios de comunicación corporativos patrocinados por los anuncios de la industria de los combustibles fósiles reciben con gusto invitados que insisten en que nuestro actual sistema económico oligárquico va genial, pero como demuestran los estudios, esos mismos medios de comunicación a menudo minimizan o evitan publicar sobre la emergencia climática que sus anunciantes han ayudado a generar.

Y los medios propiedad de Disney y Jeff Bezos promocionan las películas de Disney y los planes de Bezos de explorar el espacio exterior, pero no podemos contar con ellos para que informen sobre la lucha por salarios justos de los empleados de las empresas controladas por Disney o por Bezos. De hecho, en una ocasión, vimos cómo el Washington Post, propiedad de Bezos, intentó castigar a un periodista que reclamó mejoras salariales para el periódico.

Debemos reconstruir y proteger una prensa diversa y verdaderamente independiente para que los periodistas hagan el importante trabajo que aman y que requiere cualquier democracia funcional.

Cuando yo sea presidente...

Cuando yo sea presidente, mi Gobierno pondrá en práctica políticas para reformar la industria de los medios de comunicación y mejorar las protecciones al periodismo independiente, tanto a nivel local como nacional.

Por ejemplo, daremos marcha atrás a los intentos de Trump de beneficiar fusiones de corporaciones mediáticas. No aceptaremos aprobaciones automáticas de propuestas como el nuevo plan de fusionar CBS y Viacom para convertirlos en un gigante de 27.000 millones de euros.

Hace mucho tiempo que me opongo a la fusión de corporaciones mediáticas, y fui uno de los 16 miembros del Congreso que se opusieron a la nefasta Ley de Telecomunicaciones de 1996, que ha acelerado el proceso de adquisiciones. En mi gobierno, suspenderemos inmediatamente la aprobación de las fusiones de medios de comunicación grandes hasta que podamos comprender mejor el verdadero efecto que estas transacciones tienen sobre nuestra democracia.

Respetando el espíritu de las leyes nacionales existentes, les exigiremos a las grandes corporaciones mediáticas que revelen si sus medidas corporativas y propuestas de fusiones implican despidos de periodistas.

También exigiremos que, antes de que se lleven a cabo más fusiones, los empleados tengan la oportunidad de comprar esos medios de comunicación a través de planes de adquisición de acciones, un modelo de negocio innovador que fue pionero en la industria de los periódicos.

Y evitaremos que las agencias federales tomen decisiones sobre fusiones mediáticas o desregulaciones que afecten negativamente a las mujeres o a la población afroamericana. Como ha señalado la organización Free Press, "las mujeres y la población afroamericana están infrarrepresentados entre quienes tienen licencias de radiodifusión". El grupo remarca que esto se debe a que la Comisión Federal de Comunicaciones ha aprobado fusiones "sin tener en cuenta la forma en que esta concentración mediática afecta la posibilidad que mujeres y población afroamericana obtengan licencias".

Cuando nuestro gobierno designe nuevas autoridades progresistas para la Comisión Federal de Comunicaciones, daremos marcha atrás a las medidas del Gobierno de Trump, que han destruido las antiguas reglas sobre licencias de medios de comunicación. Lo que ha hecho Trump permite la propiedad cruzada de periódicos y cadenas de radio y televisión. También ha dado luz verde para que una misma corporación tenga muchas emisoras dentro de un mismo mercado.

El daño puede ser enorme: "En teoría", afirma Free Press, "estos cambios podrían permitir que un mismo emisor sea propietario tanto de tu periódico local como de las dos emisoras locales más importantes y además operar un puñado de otras emisoras gracias a acuerdos de reparto, convirtiendo a tu comunidad en un pueblo con una única sala de redacción".

En un gobierno de Bernie Sanders, haremos lo contrario: restableceremos y fortaleceremos las reglas de licencias de medios de comunicación y limitaremos la cantidad de emisoras que puede tener una corporación de radiodifusión en cada mercado y a nivel nacional. También haremos que las agencias federales investiguen el impacto de las fusiones en la prensa impresa, la televisión y los medios digitales para determinar si es necesario tomar mayores medidas antimonopolio.

Además, aprobaremos el Plan de Democracia Laboral, que apoyará los esfuerzos de los trabajadores de los medios de comunicación por conformar sindicatos y negociar con sus empleadores de forma colectiva. He apoyado públicamente el empeño de periodistas por favorecer el sindicalismo. Los sindicatos no solo luchan por los salarios y los beneficios de los empleados de los medios de comunicación, sino que pueden proteger mejor a los periodistas de las políticas corporativas que buscan impedir que se investigue a los dueños de los medios de comunicación y sus patrocinadores.

Por último, respecto a Silicon Valley, nombraré a un Fiscal General y funcionarios de la Comisión Federal de Comercio para aplicar más estrictamente las leyes antimonopolio contra los gigantes tecnológicos como Facebook y Google, para evitar que usen su enorme poder de mercado para desguazar, estafar y retirar financiación a las organizaciones periodísticas. Su poder casi absoluto ha perjudicado especialmente a los medios de comunicación pequeños e independientes que no tienen la infraestructura de una corporación para defenderse.

Además, debemos explorar nuevas formas de empoderar a las organizaciones periodísticas para que negocien colectivamente con estos monopolios tecnológicos, y debemos evaluar cobrar un impuesto por los anuncios personalizados y usar esos ingresos para financiar medios de comunicación sin fines de lucro y con conciencia cívica. Eso formaría parte de un esfuerzo general por aumentar significativamente la financiación de programas que apoyen operaciones periodísticas de medios de comunicación públicos a nivel local, de la misma manera en que muchos otros países ya están financiando a medios de comunicación públicos e independientes.

La Primera Enmienda de nuestra constitución protege explícitamente la libertad de prensa porque nuestros fundadores comprendían lo importante que es el periodismo para la democracia. A más de dos siglos de la firma de nuestra constitución, no podemos quedarnos sentados y permitir que las corporaciones, los multimillonarios y los demagogos destruyan el cuarto poder, ni podemos permitirles reemplazar el periodismo serio por propaganda y docudramas.

Debemos pasar a la acción, y si lo hacemos, sé que triunfaremos. Podemos y lograremos volver a un periodismo como el que Joseph Pulitzer y Walter Cronkite concibieron. Ese periodismo que Estados Unidos tanto necesita.

Traducido por Lucía Balducci.

Más de 200 organizaciones nacionales, regionales e internacionales condenamos criminalización a defensores de los ríos Guapinol y San Pedro en Honduras

Defensores en Línea

Las Américas y Europa, 17 de septiembre de 2019.- Las organizaciones firmantes condenamos la decisión de procesar penalmente y privar preventivamente de la libertad a 8 personas defensoras de los ríos Guapinol y San Pedro en Honduras y realizamos un contundente llamado al Estado de Honduras a cesar la criminalización en su contra.

El pasado 26 de agosto, Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez se presentaron ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, por las acusaciones que tienen en su contra como represalia a la defensa del agua y el territorio del área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos, ante la imposición de un proyecto minero. Las acusaciones también incluyen a Jeremías Martínez (privado de libertad desde diciembre de 2018) y a Antonio Martínez (quien falleció más de 4 años antes de los presuntos hechos).

A los defensores se les acusa de “privación injusta de la libertad”, “incendio agravado” y “robo” en perjuicio de Santos Hernández Corea, gerente de la empresa de seguridad privada SEPSI; “incendio agravado” en perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares y “asociación ilícita”, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.

Adicionalmente, Arnold y Jeremías fueron acusados por “usurpación y daños” en perjuicio de Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras. La audiencia de Jeremías, el 05 de diciembre de 2018, concluyó con el decreto de auto formal de procesamiento -enviarle a juicio- y el dictado de prisión preventiva. En el caso de Arnold, la audiencia tuvo lugar el pasado 30 de agosto, en el Cuartel Militar General Cabañas, sede de los Juzgados de Jurisdicción Nacional, creados específicamente para delitos de alto impacto provocados por el crimen organizado. Como resultado, se le sobreseyó provisionalmente, pero se otorgó un plazo de 5 años a la Fiscalía para que siga investigando el caso antes de conceder un sobreseimiento definitivo.

La audiencia contra los defensores restantes se realizó el 31 de agosto pasado y finalizó con el sobreseimiento definitivo por los delitos de “asociación ilícita” y “robo”. Sin embargo, la Jueza de Jurisdicción Nacional Lisseth Vallecito, los envió a juicio por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de la libertad”, sin razonar su decisión y con elementos probatorios contradictorios y carentes de veracidad. Además, ordenó su privación de libertad en el Centro Penal de Olanchito, en el Departamento de Yoro, medida que aún no ha sido cumplida porque se encuentran en el Centro de Máxima Seguridad de “La Tolva” en el Departamento de Paraíso.

La defensa apeló la decisión y presentó un hábeas corpus, por considerar que la Jueza Vallecito no posee competencia para juzgar dichos delitos. En caso de no resolverse favorablemente esta acción, los defensores pueden quedar privados de libertad hasta por 2 años y medio, a la espera de un juicio en el que podrían ser condenados hasta por 12 años -delito de “incendio agravado”- y 6 años -delito de “privación injusta de la libertad-.

Como antecedente, es importante señalar que, en febrero del presente año 13 personas acusadas por acciones vinculadas a este conflicto se presentaron voluntariamente ante los juzgados. Se les mantuvo privadas de libertad hasta el 02 de marzo, cuando fueron sobreseídas debido a la ausencia de elementos probatorios y la insostenibilidad de las imputaciones realizadas por el Ministerio Público. En coordinación con la empresa minera el Ministerio Público ha presentado cargos en contra de 31 personas.

Ante los hechos citados, las organizaciones firmantes denunciamos nuevamente el uso indebido del derecho penal en Honduras para estigmatizar a las personas defensoras y deslegitimar la labor de defensa de derechos humanos que realizan.

Al respecto, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, reconoció en su reciente visita que la criminalización de personas defensoras “generalmente se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias o reclamaciones infundadas basadas en delitos penales, que pueden no cumplir con el principio de legalidad o cumplir con las normas internacionales de derechos humanos”.

El Grupo además expresó su preocupación por la manera en que se otorgó la concesión a la empresa minera Inversiones Los Pinares, destacando que: “(…) fue informado sobre la decisión del Congreso de aprobar un Decreto para reducir la zona núcleo del parque de 24,223.7 hectáreas a 24,000 hectáreas, justo antes de que se otorgara la concesión correspondiente. Como tal cambio en la zonificación coincidió con el territorio donde se presentaron dos concesiones mineras, nos preocupa que el propósito del decreto fuera acomodar las dos concesiones, para que no se ubicaran en la zona núcleo, donde las operaciones están prohibidas” (subrayado propio). Este hecho ha sido denunciado reiteradamente por las comunidades afectadas.

Además, expresamos nuestro repudio por el sometimiento de personas defensoras ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional, cuya estructura se establece por medio del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, el cual ha sido cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien en 2018  recomendó nuevamente “revisar la normativa que sustenta dicho régimen (…) que pone en duda su independencia e imparcialidad para investigar y sancionar los casos que conocen”.

Señalamos una aplicación desproporcionada de la medida de prisión preventiva hacia los defensores que no se justifica al haberse incluso presentado de modo voluntario. Sobre este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso López Álvarez Vs Honduras ha establecido que “la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras resuelve acerca de su responsabilidad penal”.

En virtud de lo anterior, solicitamos al Estado de Honduras que: 1) Cese la criminalización en contra de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, actuando conforme al debido proceso,  2) Garantice la vida e integridad de las personas criminalizadas, así como de sus familiares y los habitantes de las comunidades afectadas y 3) Revise y cancele la concesión de territorios protegidos al encontrarse en el núcleo del Parque Nacional “Montaña de Botaderos”.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los órganos regionales e internacionales de derechos humanos a sumarse a las peticiones expresadas y finalmente, reiteramos nuestra solidaridad con las y los defensores en su lucha legítima por la defensa de los ríos: “¡No son criminales, no son delincuentes, son defensores del medio ambiente!”.

Organizaciones firmantes:

Regional e Internacional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión Provincial del Apostolado Social de la Compañía de Jesús en Centroamérica (CPAS)

Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres

Compañía de Jesús

Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe – CPAL

Conferencia de Provinciales para América Latina y el Caribe (CPAL)

DIAKONIA

FIAN Internacional

Foro Honduras Suiza

Fundación Mundubat – Mundubat Fundazioa

Hermanas de la Misericordia – Equipo de Justicia

IM-Defensoras

JASS (Asociadas por lo Justo)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

Protección Internacional

Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe

Red Jesuita con Migrantes

Red MAK

Red Mesoamericana de Educación Popular, Alforja

Red MesoAmeri-Kaab

Robert F. Kennedy Human Rights

Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC)

Solidaridad y Misión Claretianos de America

Trocaire

Alemania

Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia

Guatemalagruppe Nürnberg e. V.

Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL e.V.)

Nicaragua-Verein Düsseldorf e.V.

Iniciativa Cristiana Romero

Oekumenisches Netz/Red Ecumenisco Rhein-Mosel-Saar

Argentina

Asamblea Permanente del Comahue Por el Agua

Asamblea Popular por el Agua

Auto convocados por agua pura San Carlos

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Carlos por Agua Pura

Be. Pe. Bienaventurados los Pobres

Foro Ambiental y Social de la Patagonia

Observatorio del Agua – UNPSJB

Proyecto CRECER CON ESPERANZA

Programa Género Y SEXUALIDADES, UNR

Red de Luchas Socioambientales -Salta-

Austria

Informationsgruppe Lateinamerika (IGLA)

Bolivia

Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia

Brasil

Associação de Combate aos Poluentes

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados Brasil

Canadá

Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL)

Canadian Jesuits International

Congo

Centre Arrupe pour la Recherche et la Formation (CARF)

Chile

Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Colombia

Corporación Sisma Mujer

Instituto de Estudios Interculturales

Costa Rica

Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica

Ecuador

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM)

Estados Unidos

Alianza Americas

Alliance for Global Justice (AFGJ)

Asociacion de Hondurenos del Norte de California (ANHCA)

Appleto Foundation

Central American Resource Center- Los Angeles

Chicago Religious Leadership Network for Latin America

Claire E. White- Hermanas de San Jose

Dominican Sisters-Grand Rapids, MI

Eighth Day Church

Guatemala Human Rights Commission

Honduras Solidarity Network – Red de Solidaridad con Honduras

Interfaith Movement for Human Integrity

La Voz de los de Abajo

Latin America Working Group (LAWG)

Quixote Center

National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd

Raíces Colectivas

Unitarian Universalist Service Committee (UUSC)

Witness for Peace Solidarity Collective (WFPSC)

El Salvador

Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto

Asociación Pro-Búsqueda de niñas y niños desaparecidos

Caritas SM

Colectiva Feminista por el Desarrollo Local

Juventud en Resistencia

Las Musas Desconectadas

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos

España

ALBOAN

Asamblea Plaza de los Pueblos

Asociación ambiental Petón do Lobo

Asociación Galega Cova Crea

Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos

Asociación para la defensa del medio ambiente de Córdoba – Ademán Cordoba

Colectivo Zompopo

Comunidad hondureña en Madrid CHM

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)

ContraMINAcción, Rede contra a Minaría Destrutiva na Galiza

Coordinadora No a la Mina de Uranio

IDEAS Comercio Justo

Oficina Cooperación UVa

Plataforma por Honduras en Madrid

Radio Ecca Fundación Canaria

Red de Hondureñas Migradas -REDHM-I

Salva La Selva

Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche)

Guatemala

Asociación Iniciativa por la Diversidad Sexual de Occidente (IDSO)

Convergencia por los Derechos Humanos integrada por: Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

Iniciativa por la Diversidad Sexual de Occidente (IDSO)

Frente de Defensa Miguelense FREDEMI

Red Jesuita con Migrantes Guatemala (RJM-Guatemala)

Honduras

Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU)

Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG)

Coalición Contra la Impunidad, integrada por: Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR), Asociación de Jueces por la Democracia – AJD, Asociación Feminista Trans  (AFET), Asociación FÍAN Honduras, Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia (AIDEVISH), Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA), Asociación para una ciudadanía participativa (ACI-participa), Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Asociación Prevención y Educación en Salud Sexual y SIDA Tela (APREST), Caritas- diócesis de San Pedro Sula, Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Centro de Desarrollo Humano (CDH), Centro de Educación y Prevención en salud, sexualidad y SIDA (CEPRES), Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Centro de Estudios Para la Democracia (CESPAD), Centro de Investigación y Promoción de los DDHH (CIPRODEH), Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT), Colectivo Diamantes limeños, Colectivo Unidad Color Rosa (CUCR), Comité de familiares de detenidos desaparecidos de honduras (COFADEH), Comité de familiares de migrantes desaparecidos del progreso (COFAMIPRO), Comité por la libre expresión C-Libre, Coordinación de instituciones privadas por las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos (COIPRODEN), Crisálidas de Villanueva, Ecuménicas por el derecho a decidir, Equipo de monitoreo independiente de honduras (EMIH), Equipo de reflexión, investigación y comunicación (ERIC-SJ), Espacio-ACI, Familia franciscana JPIC, Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO), Foro de mujeres por la vida, Foro Nacional de Sida (FOROSIDA), Foro nacional para las migraciones (FONAMIH), Foro social de la deuda externa y desarrollo de Honduras (FOSDEH), Frente amplio del COPENH, JASS en Honduras, Las hormigas, MASS VIDA, MILPAH, Movimiento ambientalista santabarbarense (MAS), Movimiento amplio por la dignidad y la justicia (MADJ), Movimiento de mujeres por la paz visitación padilla, MUCA y Plataforma Agraria, Observatorio Permanente Bajo Aguán, Organismo cristiano de desarrollo integral de honduras – OCDIH, PBI, Plataforma internacional contra la impunidad (PI), Pastoral de movilidad humana – PMH, Red de defensoras de derechos humanos de Honduras, Red de participación de organizaciones de sociedad civil Siguatepeque – RPOSC, Red de trabajadoras sexuales de honduras – REDMUDE, Unión de empresas y de organizaciones de trabajadores del campo (UTC), Vía campesina

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

Coordinadora de organizaciones populares del Aguán (COPA)

Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos

Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Honduras

Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra

CODIM CA

Fundación San Alonso Rodríguez

Red de mujeres campesinas del Aguán (RMCA)

Red Lésbica Cattrachas

Unión Revolucionaria del Pueblo

México

Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C.

Centro de Investigación y producción de tecnología ecológica para la vivienda

Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos)

Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI)

Centro Solidario Tsomanotik A.C.

Consejo Tiyat Tlali

Cooperación Comunitaria A.C.

Enlace, comunicación y capacitación A.C.

Escuela para Defensoras en derechos humanos y ambientales Benita Galeana A.C.

Fundación San Ignacio de Loyola A.C.

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario  A.C. (IMDEC)

MUJERES LIBRES COLEM, A.C.

OCEZ-CNPA

Programa de Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Servicio Jesuita a Refugiados México

Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)

Nicaragua

Movimiento Autónomo de Mujeres

Asociación Mujeres Constructoras de Condega – AMCC

Asociación de Trabajadores del Campo

S.J.M. Nicaragua

Noruega

Ayuda Popular Noruega (APN)

Panamá

Asociación de Profesores (ASOPROF)

Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA)

Perú

Asociación Paz y Esperanza

Centro de Investigación y Promoción de Campesinado

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Venezuela

Fundación Centro Gumilla (FCG)

“El delito era llevar pancartas de Fuera JOH”

Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez

La maestra Mabel Carolina López fue atacada por las fuerzas represoras del dictador Juan Hernández, ayer 15 de septiembre, al portar un “mensaje prohibido”.

“Ayer me agredieron con un artefacto militar cuando portaba pancarta de fuera JOH, atentan contra la humanidad los militares y policía”, denunció a través de su cuenta en la red social Facebook Karola López, este lunes 16 de septiembre.

El ataque fue en la ciudad de Choluteca, en la zona sur del país, contra la profesora Mabel, defensora de derechos humanos y víctima de torturas el 12 de Agosto de 2009 junto a 24 personas que se oponían al golpe de Estado. Caso representando desde el día de los hechos por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y que 10 años después, continúan en la búsqueda de justicia a espera de fecha para juicio oral y público contra cinco policías.

La docente denunció cerca del mediodía del domingo al COFADEH y a sus  compañeros y compañeras del caso que “me lastimaron, alguna bomba lanzaron por que llevaba el rótulo del Fuera JOH, allí en la entrada del estrado principal, no nos dejaron pasar y algún policía o militares, esos policías, me tiraron una bomba”.

Añadió que, la atacaron por la espalda. Al frente estaba una barrera policial y atrás del grupo de docentes la tanqueta –para reprimir- y otra barrera de policías y militares que fue directamente a ella.

La profesora denunció que “Choluteca estaba llena como nunca de policías y militares por todos lados, hasta de la DPI (Dirección Policial de Investigaciones)”.

Por el impacto que el hirió la pierna derecha, fue atendida por un médico cirujano, descartando que hubiera fragmentos de balas, y quedando bajo observación con antibióticos y analgésicos para evitar alguna infección.

Este domingo la policía y militares que se apoderaron de las calles esta “ruta del sur” atacaron además de la profesora Mabel López, a las docentes Ingrid Prince e Ingrid Sierra, agregó la defensora de la patria.

El cartel fue elaborado con letras de colores y detalles infantiles, muy vistoso, alegre y desafiando al régimen Hernández que basado en una estrategia de imponer terror a través de amenazas con sanciones económicas directamente a los docentes.

El régimen se provechó de lo publicado el pasado 16 de agosto en la edición número 35,024 del Diario Oficial La Gaceta, bajo Acuerdo Ministerial No. 0754-SE-2019, donde establece sanciones para quienes “porten pancartas, vestuario, leyendas, accesorios y otras manifestaciones que exhiban contenidos políticos o partidistas ajenos a la temática del desfilo patrio”. Y la policía y militares no dudaron en acatar la ordenanza, contra las profesoras.