Por Marvin Palacios
Con 86 concesiones mineras y 300 por aprobarse, además de 28 ríos destinados por empresas privadas al represamiento, Santa Bárbara enfrenta unas seria amenaza ambiental, aunada a la preocupación de las comunidades lencas que se encuentran en situación vulnerable con respecto al tema de los derechos humanos.
Estos preocupantes datos fueron revelados en el “Conversatorio Departamental sobre Derechos Humanos, Derechos Civiles y Ciudadanos de la Población” organizado en esta ciudad, el viernes 28 de octubre de 2016 por parte del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS).
Al evento llegaron ambientalistas de las redes del MAS procedentes de los municipios de Chinda, Ilama, Nueva Celilac, Petoa, Gualala, Zacapa, San Nicolás y Colinas.
Disertaron sobre derechos humanos, civiles y políticos, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva y sobre la impunidad la ex jueza de Corte de Apelaciones y fundadora de la Asociación de Jueces para la Democracia (AJD), Tirza Flores.
La Coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), Bety Vásquez dijo a www.defensoresenlinea.com que Santa Bárbara es un departamento que es altamente vulnerable frente al tema de derechos humanos.
“Tenemos muchos incidentes de agresiones, de amenazas, incluso de desapariciones, que para nosotros eso ya es una situación de alto riesgo; pero también hay una impunidad, con una falta de respeto frente a las consultas previas, porque se han tomado decisiones en algunos municipios en cabildos abiertos y no han sido respetadas”, afirmó Vásquez.
La ambientalista comentó que aún persiste el racismo y la discriminación hacia las comunidades indígenas lencas del departamento de Santa Bárbara, y hacia sectores que histórica y ancestralmente han defendido los bienes comunes, a quienes se les ha visto como enemigos del desarrollo.
“También hay una situación vinculada al abandono gubernamental, quizás porque en su mayoría los municipios del sur de Santa Bárbara en el caso de los gobiernos municipales no son del gobierno en el poder, como es el partido Nacional, así que han establecido un abandono en inversión social como carreteras en mal estado, alcaldías paralelas con el proyecto presidencial populista Vida Mejor para levantar la imagen del gobierno y del partido, pero no hay proyectos que vengan a solucionar la problemática social y económica”, comentó Vásquez.
Por su parte la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva dijo que a pesar de la difícil situación de derechos humanos en Santa Bárbara, “se puede controlar si la gente y el pueblo se levanta, se organiza y se articula. Es necesaria la articulación, es necesaria la organización y la capacitación para poder entender qué es lo que está pasando y definir una estrategia a seguir para enfrentar y demandar los derechos violados a que están siendo sometidos”.
Oliva señaló que el pueblo santabarbarense está inquieto por lo que está atravesando, que no está a gusto, pero cree que desde este departamento se pueden levantar las acciones a favor no solo de Santa Bárbara, sino para demostrar que a nivel nacional se están cometiendo demasiadas y reiteradas violaciones a los derechos humanos.
Bertha Oliva: “Con más de 86 concesiones mineras van a perforar a Santa Bárbara”
Consultada por medios locales si lo que está pasando es una estrategia del actual gobierno, la Coordinadora General del COFADEH respondió que “nada se hace por casualidad, y cuando se trata de instalar un gobierno como el que tenemos, que lógicamente está dentro de su estrategia el departamento de Santa Bárbara, usted mira que es clave, aquí son más de 86 concesiones mineras que hay, van a perforar a Santa Bárbara, van a expulsar a la gente de Santa Bárbara; la van a someter a la muerte; entonces qué es lo que se pretende, que la gente se canse, entre en el proceso de no querer vivir más acá, se vaya y quedar haciendo sus cosas a sus anchas, porque este lugar está muy próximo a fronteras”.
Oliva añadió que tampoco es por casualidad otro aspecto que tiene inquieto al pueblo que es la instalación de la cárcel de máxima seguridad denominada El Pozo, a la que calificó como el Guantánamo de Honduras.
Al referirse a El Pozo, Bertha Oliva expresó que esa “es una cámara nacional de tortura que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, respecto de los derechos inalienables de las comunidades indígenas lencas que habitan este territorio.
“El Pozo así como está escrito y así como está justificado, es de muerte y nosotras trabajamos a favor de la vida, por eso vamos a acompañar al pueblo de Santa Bárbara en las decisiones que tome”, sostuvo Oliva.
Desde el municipio de Petoa asistió al conversatorio el sacerdote católico de la Congregación Pasionista, Neri Antonio Murillo.
Murillo que ha ejercido su ministerio sacerdotal en Santa Bárbara y que ha acompañando a los movimientos sociales, expresó que la jornada fue muy especial, “el movimiento ancestral está feliz con esto, así como nuestro pueblo originario de esta zona”.
Refiriéndose a las palabras pronunciadas por Bertha Oliva, el sacerdote resaltó el llamado que la defensora hizo a las comunidades para transmitir esta energía a las bases, yo creo que es muy necesario saber los derechos que necesitamos defender y por otro lado, gozar con los derechos que ya tenemos ganados.
Murillo subrayó que vale la pena impulsar al pueblo para el rescate de todo aquello que se ha perdido.
El sacerdote dijo que desgraciadamente nuestro pueblo cree que son las autoridades las que tienen que arreglar todo, cuando en verdad son ellas, las que han hundido a este departamento.
“Si nos vamos a esta amenaza que tenemos, sobre todo de nuestra territorialidad, creo que esto es un llamado de alerta. Yo hago un llamado a la iglesia católica, porque yo como sacerdote de la Iglesia Católica lo tengo que decir: ¿No nos duele acaso la pérdida de nuestros ríos?, ¿no nos duele acaso el hecho de que la contaminación no solo ambiental nos está llegando, sino la contaminación humana, que desgraciadamente nos tenemos que llamar así, cuando los reductos de una sociedad nos están haciendo venir para la montaña y para el río; es preocupante?”, preguntó Murillo.
Santa Bárbara es un departamento con una diversidad productiva, artesanal y cultural ubicado en el nor-occidente del país, regado por los ríos Ulúa y Chamelecón, los mayores afluentes para la Cuenca del Caribe.
La mayoría de la población de este departamento es de origen lenca (uno de los pueblos originarios de Honduras).
Santa Bárbara es el departamento con mayores concesiones mineras en Honduras, actualmente está aprobadas 86 y más de 300 se encuentran en proceso de aprobación, además de 28 ríos concesionados, entre ellos el Ulúa, Chamelecón, Jicatuyo, Cececapa y Gualcarque, entre otros.
El Valle de Quimistán, que antes era un gran productor de granos básicos, ahora ha dado paso al monocultivo, donde se encuentra ubicada la única central azucarera del occidente. Esta empresa está contaminando el río Chamelecón, de acuerdo con denuncias de los ambientalistas. Se calcula que el 60 por ciento de las tierras de este valle, está cultivado de caña de azúcar.
Cabe señalar que la ganadería extensiva y migratoria está contribuyendo a perder amplias regiones de tierras para el cultivo en dicho departamento.
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