Pasan los días y la lucha contra los peajes en Honduras lejos de debilitarse toma nuevas plataformas de oposición. El pasado 19 de octubre la Coalición Contra la Impunidad en conjunto con la Mesa de Indignación de El Progreso, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la privatización de las carreteras que incluye la instalación de peajes.
El recurso está fundamentado en la inconstitucionalidad del contenido del decreto legislativo que faculta la construcción de casetas de peaje sobre el Corredor Turístico y Logístico.
Amparados en el artículo 81 de la Constitución de la República que establece que: “toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional”, la Coalición espera que la Corte Suprema de Justicia de visto positivo a la figura legal interpuesta.
Asimismo los demandantes hacen alusión a la perspectiva de los derechos humanos sobre el tema y citaron en el recurso, el artículo 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dice: “toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo”, en el mismo enfoque se ampararon en el artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que especifica: ”toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá el derecho a circular libremente por él y a escoger libremente su residencia”.
Por otra parte la protesta legal también se ha simplificado en que los peajes no pueden ser obligatorios porque se restringe un derecho constitucional, por lo tanto deben existir vías alternas para que se cumpla ese derecho. Hasta el momento, en ningún peaje del territorio nacional, el Estado o la empresa beneficiaria de la concesión ha establecido una vía alterna.
“La institucionalidad tiene el deber de tomar cartas en el asunto contra este decreto que violenta los derechos de la población, esperamos que bajo esa perspectiva haya una respuesta positiva y no una negativa que solo demostraría que la ley está en contubernio con los grupos de poder que impulsan estas medidas privatizadoras”, afirmó el abogado de la Coalición Omar Menjivar.
Menjivar considera que el Estado tiene el deber de respetar la Constitución de la República y en este caso es urgente hacer una revisión de las normativas aprobadas en el Congreso, porque hay contradicciones que atentan contra la libertad ciudadana.
Según la ley, la Corte Suprema de Justicia tiene un tiempo prudencial para analizar el recurso y luego de hacer el análisis correspondiente pronunciarse al respecto.
Derecho ciudadano
El pasado lunes 17 de octubre, integrantes del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) y Radio Progreso junto con su director el sacerdote Ismael Moreno, fueron detenidos en las casetas de peaje ubicadas en Siguatepeque, cuando se dirigían a Tegucigalpa, la detención se dio porque se negaron a pagar y de esa forma exigir su derecho a la libre circulación.
El planteamiento no fue tomado en cuenta por las autoridades de la empresa que administra el peaje, y tanto policías, como personal administrativo los detuvieron por aproximadamente dos horas.
“Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, nuestra privación de libertad y la violación a nuestro derecho de circular libremente por el país”, dijo al momento de ser detenido el sacerdote Ismael Moreno.
El suceso se registró ante la vista y paciencia de las autoridades defensoras de derechos humanos en el país quienes no hicieron acto de presencia en el sitio de la detención.
Esa noche la población de Siguatepeque y sitios aledaños se acercaron en solidaridad con los afectados, dejando clara su actitud de rechazo y protesta contra las determinaciones de la empresa y del gobierno hondureño.
Ante el incidente, el sacerdote Ismael Moreno con su equipo legal, llegaron el pasado martes 25 de octubre a las instalaciones del Ministerio Público en San Pedro Sula, donde interpusieron una denuncia contra el personal de la empresa Covi y policías que se vieron involucrados en el acto.
“Estamos denunciando al personal de la empresa y a policías que participaron en esta violación a los derechos humanos del padre Ismael Moreno y el equipo del Eric y Radio Progreso.
El Ministerio Público está en el deber de investigar y proceder legalmente contra quienes violentaron ese derecho”, dijo la abogada del Eric, Dunia Pérez que acompañó el proceso legal.
“Para nosotros la denuncia tiene dos tipos de elementos, uno de ellos es el jurídico y el otro político, porque por una parte exigimos a la institucionalidad que haga algo ante nuestro derecho como personas, como hondureños, y por otra que ésta es la expresión clara de rechazo de la ciudadanía ante imposiciones como los peajes”, caracterizó el sacerdote Ismael Moreno.
Moreno cree que con iniciativas de estas la población debe animarse para que cada vez que circule por un peaje, no pague y que de esa forma ejerza su derecho a la libre circulación que está planteado en la Constitución de la República y convenios internacionales.
“De la misma forma que estamos exigiendo justicia a través de la denuncia, también demandamos agilidad a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie de forma positiva ante el recurso de inconstitucionalidad que se ha presentado”, ratificó Moreno.
Durante la denuncia que se interponía en el Ministerio Público, integrantes de la Mesa de Indignación, se hicieron presentes en solidaridad, Jorge Díaz representante de esta plataforma afirmó que ya es hora que el pueblo tome sus medidas de rechazo contra los peajes.
“El gobierno y las empresas administradoras de peajes son violadoras de derechos y usan a los policías para reprimir al pueblo que hace público su rechazo, la lucha debe ser permanente en cada caseta de peaje que vayamos a cruzar”, argumentó Díaz.
Tanto la denuncia como el recurso están a la espera que la justicia se pronuncie y así conocer cuál es el verdadero papel de la institucionalidad ante la aplicación de la ley a todos y todas por igual.
Nuevas acciones
La lucha contra los peajes sigue con vigencia, la mayor expresión de oposición se vive en la zona norte, en San Manuel, Cortés. Desde hace más de 25 días un grupo de indignados e indignadas instalaron un campamento frente a las casetas de peaje para demandar al gobierno que retire ese impuesto de la zona.
De la mano de los manifestantes, los conductores de vehículos tomaron conciencia y cada vez que pasan por el peaje se niegan a pagar el impuesto que cobra el personal de la empresa administradora.
Las movilizaciones, plantones, actos culturales y acciones judiciales son permanentes, entre ellas ya se ha planificado una para el próximo cinco de noviembre, la que tiene un contexto más nacional.
Grupos de indignados e indignadas han planificado una caravana denominada: “Soberanía vial”, que será el cinco de noviembre y que consiste en una cadena vehicular que saldrá desde El Progreso, San Pedro Sula y Tegucigalpa con rumbo a Siguatepeque, lugar donde fue detenido el sacerdote Ismael Moreno.
Según el acto planificado, en el sitio de encuentro que será el peaje de Siguatepeque, se desarrollará un plantón pacífico para demostrar el rechazo popular a la política gubernamental.
“La convocatoria es abierta, incluyente y con toda la creatividad que brote de nuestras iniciativas, siempre que seamos pacíficos y firmes”, expresó en su cuenta de Facebook el padre Ismael Moreno.
La historia continúa escribiéndose; por una parte el gobierno utiliza todos sus medios para conservar y promover las concesiones viales, y por otra un pueblo indignado lucha por sus derechos, demandando justicia y aplicación de la ley a quienes la violentan.
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