Una vez más, a través de su informe oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revela la realidad de violencia, inseguridad y las altas tasas de impunidad existentes en Honduras. La CIDH señala que a pesar de la “supuesta” reducción en cifras, la tasa de muertes violentas en el país sigue estando entre las más altas del mundo, y la violencia no solo es producto del crimen organizado y narcotráfico, sino por la deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad y la corrupción, y por los altos niveles de pobreza y desigualdad.
La violencia es generalizada pero se recrudece en contra de defensores y defensoras de ddhh, indígenas, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, migrantes, campesinas y periodistas y comunicadores y operadores de justicia.
Con este informe, el discurso del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández de que “la presencia militar ha sido clave para reducir la violencia” se revela como una publicidad mediática, y nada más. De acuerdo a este organismo internacional, los estándares internacionales indican que la seguridad ciudadana debe ser competencia exclusiva de una fuerza policial civil, una policía respetuosa de los derechos humanos.
El informe es tajante: los militares tienen una función que nada tiene que ver con la seguridad ciudadana, y la presencia de ellos en estos menesteres solo es una amenaza para los derechos humanos. De forma concreta, el documento de la Comisión recomienda al Estado hondureño garantizar una verdadera seguridad ciudadana, desde la perspectiva de los derechos humanos. No militares en labores policiales, y depuración a la policía, esas son recomendaciones a rajatabla.
La comisión recomienda impulsar las investigaciones judiciales de manera pronta, diligente e imparcial sobre todos los actos de violencia contra defensores y defensoras, líderes y lideresas de pueblos indígenas y afrodescendientes, líderes sindicales, niños, niñas y adolescentes, periodistas y comunicadores, mujeres, personas LGBT y operadores de justicia, además de aplicar sanciones penales que correspondan, de manera de evitar la impunidad y la repetición de hechos.
El informe junto a sus recomendaciones se convierte en una herramienta para que las organizaciones demanden al Estado su cumplimiento de cara a garantizar los derechos humanos. Un duro revés para un gobierno que se revuelta en laureles inexistentes. Un informe que en manos de la sociedad organizada se convierte en herramienta para luchar por la existencia real de un Estado de Derecho.
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