Estadísticas del Observatorio de la Violencia se apegan a discurso oficial, aseguran analistas
Desde el año pasado, con una muestra más de cinismo el presidente Hernández y su gobierno han venido presentando como un logro de su gestión que el país saliera de la lista siniestra de los derechos humanos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica en su informe anual con el objetivo de advertir sobre la preocupante situación de algunos países.
Honduras ha sido incluida en dicha lista desde el 2009 hasta el 2013 pero no en la de 2014, no porque la situación haya mejorado, sino por una cuestión reglamentaria, ya que la Comisión Interamericana visitó el país ese año y el artículo 59 numeral 8 de su reglamento establece que cuando un Estado incluido en la lista siniestra haya sido visitado por la Comisión, “no se le incorporará en dicho capítulo del Informe Anual correspondiente al año de la visita”.
De acuerdo con el citado artículo 59, el monitoreo de la situación de los derechos humanos de 2014 se debe realizar a través de un informe especial exclusivamente sobre Honduras, el cual acaba de ser publicado por la Comisión Interamericana y en él se nos presenta un panorama radicalmente distinto al pregonado por el gobierno de la supuesta vida mejor.
En este informe se constata que la violencia y la inseguridad son problemas graves con grandes repercusiones en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos, y que los niveles de violencia son el resultado del incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, el reclutamiento de niños y adolescentes, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción y a altos niveles de pobreza y desigualdad.
Para la Comisión, parte de la inseguridad proviene de la Policía Nacional, de la Policía Militar y del Ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado. Estos índices de violencia e inseguridad se agravan por la falta de políticas públicas para hacerle frente a las desigualdades y exclusión social de grandes sectores de la población.
Este informe confirma la grave situación que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos, los periodistas y comunicadores sociales, las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes, y la niñez, especialmente la que se ve forzada a migrar con el fin de escapar de esta realidad.
Detrás de toda esta situación se encuentra la impunidad, que según cifras oficiales alcanza el 80% de los casos, es decir, que de cada 10 delitos cometidos en el país, 8 se quedan sin castigo, lo cual es un estímulo para que se sigan perpetrando.
A pesar de la propaganda oficial de que “Honduras está cambiando”, la sociedad hondureña lo tiene claro. Según el sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, el 79% de la población cree que la situación de derechos humanos sigue igual o ha empeorado. La percepción constituye un elemento primordial para medir el éxito del gobierno y aunque puede medirse de diversas maneras objetivas, la opinión pública representa el veredicto final.
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