A Mecate Corto N° 312, 1/11/2013
El Estado de Honduras quedó evidenciado una vez más como violador de los derechos humanos de su población, en la realización del 149 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Washington, DC, Estados Unidos. Las audiencias realizadas a finales de octubre fueron fundamentales para las organizaciones defensoras de derechos humanos porque ratificaron con casos concretos la indefensión en que vive la población hondureña, partiendo de sendos temas como la Independencia Judicial, Medidas Cautelares, Consulta previa y Megaproyectos.
Los comisionados y comisionadas de la CIDH, conocieron de primera mano las causas y efectos de la ineficacia del Estado de Honduras, que lejos de asegurar el cumplimiento de las garantías individuales y colectivas de la ciudadanía se ha convertido en un impulsor de medidas represivas atentatorias con la integridad y la vida.
Consulta previa
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, la Convergencia por los Derechos Humanos, CDH, y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, ERIC-SJ, plantearon a la CIDH el agravamiento de las condiciones que viven sectores campesinos, indígenas y pueblos originarios con la avanzada de concesiones respaldadas por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
De manera general se mostró como a pasos agigantados se está vendiendo el territorio y criminalizando la lucha de las comunidades que resisten a la escalada destrucción de los bienes naturales. Se partió de tres casos emblemáticos como el Proyecto Agua Zarca de la empresa SinoHydro y Desa, en Río Blanco Intibucá que atenta contra la población indígena Lenca, el de la Tribu San Francisco, Locomapa, Yoro, con la explotación del bosque, y la instalación de minería e hidroeléctricas, misma situación que se repite en el departamento de Atlántida donde hasta el momento suma unos 24 proyectos hidroeléctricos y 32 concesiones mineras en proceso, sobresaliendo todo el sector Florida y la comunidad Nueva Esperanza.
Osman Orellana, de Nueva Esperanza, Atlántida, testificó ante los comisionados de la CIDH, sobre las repercusiones que está teniendo para las comunidades la instalación del proyectos mineros, entre estos Buena Vista 1 y 2, de la Empresa Minerales la Victoria, que además ha solicitado al gobierno hondureño 11 mil hectáreas de tierra para concesiones de minería a cielo abierto. La oposición de las comunidades cercanas ha provocado que la empresa impulse una campaña de intimidación en complicidad con la Policía y grupos armados, las familias han sufrido amenazas a muerte, persecución y hasta el desplazamiento de hogares enteros que han rehusado vender sus tierras.
La situación en Locomapa, Yoro, con la Tribu Indígena Tolupán, San Francisco, también fue conocida de voz de José María Pineda, expulsado de la comunidad Piedra Gorda, junto a 18 indígenas más por resistirse a la venta indiscriminada del bosque y detener la construcción de un proyecto hidroeléctrico. José María informó a los Comisionados que se encuentra junto a otros compañeros más fuera de su comunidad producto de amenazas a muerte, ya que el 25 de agosto de este año tres indígenas fueron asesinados por defender sus territorios.
Otro caso conocido por la Comisión fue la criminalización de la lucha indígena de los Lencas, en Rio Blanco, Intibucá, contra quienes el Estado a través de la Fiscalía y a petición de los empresarios hidroeléctricos ha promovido procesos judiciales contra líderes indígenas como Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez, acusándolos de daños continuados, usurpación y coacción.
Pedro Landa, representante de CEHPRODEC, demostró como a partir del golpe de Estado de junio del 2009 se ha visualizado un “proceso agresivo de concesiones masivas de bosque, subsuelo y ríos en proporciones percibidas como intolerables por las comunidades afectadas y sin que previamente fueran consultadas acerca de la viabilidad de los proyectos y de su impacto en la vida y la salud de sus miembros”.
Según información recabada por estas mismas organizaciones constatan que en el territorio hondureño a partir del golpe de Estado y de acuerdo a información Instituto Hondureño de Geología y Minas, “a inicios del 2013 existían 97 proyectos mineros de oro y plata aprobados, 320 nuevos proyectos en trámite, 193 proyectos de minería no metálica aprobados y 233 solicitudes de nuevos proyectos en proceso de aprobación”.
En material legal establecieron en el informe presentado a los Comisionados “como se han derogado normas que prohibían la ejecución de proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas del país y que ponen en riesgo la vida y la salud de las comunidades ubicadas en los territorios cuyos ríos están siendo concesionados”.
Hasta estos momentos hay 21 proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas y garífunas y cerca del 40% del territorio nacional está concesionado o en proceso de concesionamiento para la explotación de yacimientos minerales. La constante es que mayormente los proyectos no han sido socializados con las comunidades y el Estado.
Brenda Mejía, representante del ERIC, hizo del conocimiento de los Comisionados de la CIDH en primera instancia que: “Que solicite a los Relatores Especiales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, continúen realizando un monitoreo permanente sobre la situación en Honduras y valoren la posibilidad de realizar visitas periódicas in situ. Además que el Estado revise urgentemente todas las concesiones autorizadas sin consulta previa, así como de aquellas que aunque hayan respetado dicho derecho, estén causando daños ecológicos significativos. También que se decida urgentemente la adopción de medidas cautelares a favor de Adonis Romero y otros en el marco de los hechos señalados en los escritos del 14 de junio y 1 de octubre de este año (MC-195-13).
El Estado en su defensa presentada por la Procuradora General de la República, Ethel Deras, no fue capaz de platear argumentos sólidos y se contradijo en datos que las mismas autoridades han otorgado a las organizaciones y que quisieron hacer ver a los Comisionados como una leve mejoría en el país.
La CIDH exteriorizó al Estado hondureño, que ir a una comunidad y decir que se va a hacer un proyecto no es una consulta previa.
Cumplimiento de medidas cautelares
El Estado de Honduras, a través de sus instituciones dejó evidenciado que sigue “ofreciendo el mismo catálogo de medidas de protección, limitadas y restringidas a patrullajes perimetrales, escoltas policiales y la asignación de un enlace telefónico”, lo que no representan ningún tipo de protección dijo Luz Marina, del Ciprodeh.
La Procuradora General de la República, Ethel Deras, en su afán por dejar bien parado al Estado y al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, dijo que han consensuado 246 medidas cautelares y que solo 13 quedan pendientes. Marcia Aguiluz de Cejil México/ Centroamérica, reaccionó “el avance no se cuenta con las medidas consensuadas sino cuantas son cumplidas a cabalidad sin que estas representen una carga económica para el beneficiario que tiene que correr con gastos de alimentación y transporte del Policía que le sirve de escolta”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos concluyeron puntualizando en que los mismos problemas que denunciaron hace cuatro años hoy siguen vigentes. Además María Martin, de Protección internacional junto a las organizaciones, mostraron preocupación por el anteproyecto de ley que busca proteger los defensores de derechos humanos, señalando que no fue socializada y es muy vaga en sus intenciones, convirtiéndose solo en una ley que justifica las violaciones a los derechos humanos.
El Estado planteó el anteproyecto de ley como parte de un gran proceso de socialización y validado por el Ciprodeh, además que han dispuesto al menos 10 millones de lempiras anuales para protección de afectados, situación calificada como penosa por las organizaciones ya que estos fondos nunca llegan a los beneficiarios de medidas y en otro caso quien las ejecuta es la Policía Preventiva, altamente denunciada como violadores a los derechos humanos.
La Comisión instó tanto al Estado y a las organizaciones a trabajar en conjunto y construir una ley que proteja a los defensores de derechos humanos pero que responda a las necesidades de estos.
Independencia Judicial
Ton Pandy, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, habló sobre sus preocupaciones sobre los atentados a la independencia judicial. La elección poco transparente del Consejo de la Judicatura y la indefensión en la que están ejerciendo la impartición de justicia. Asimismo dijo que fue casi una burla escuchar como el Estado respondía sus peticiones, ya que aseguraron que no hay en los entes operadores correspondientes denuncias de violación al derecho de la Independencia Judicial y que una muestra de los avances es la creación del Consejo de la Judicatura.
Posibles logros
La CIDH emitirá sus recomendaciones luego de analizar los casos planteados. A criterio del Abogado Joaquín Mejía, litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este es un proceso que puede traer logros partiendo resoluciones favorables para el beneficio y protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, bienes naturales, y por otro lado, contribuir además a que se cumpla con la independencia de los poderes del Estado y la inclusión de los sectores marginados.
En el caso de megaproyectos y consulta previa, el abogado Víctor Fernández del Madj, espera que partiendo de las recomendaciones hechas por la CIDH se pueda poner un alto a estos proyectos que se convierten en lesivos para la dignidad de los pueblos originarios.
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