Por Pedro Ramiro, Erika González y Juan Hernández Zubizarreta
En los últimos cien años, mientras ha ido avanzando el capitalismo global y los Estados-nación han venido cediendo parte de su soberanía en cuanto a las decisiones socioeconómicas, las empresas transnacionales han logrado ir consolidando y ampliando su creciente dominio sobre la vida en el planeta. Y es que aunque, en realidad, los antecedentes de lo que hoy son las compañías multinacionales pueden situarse varios siglos atrás –se habla de la existencia de empresas de este tipo ya a finales de la Edad Media, con los ejemplos de la Banca de los Médici o la Compañía de Indias–, no es hasta finales del siglo XIX y principios del XX, cuando compañías estadounidenses como General Electric, United Fruit, Ford y Kodak comienzan a extender sus negocios fuera de su país de origen, en que las grandes corporaciones empiezan a adquirir un papel de extraordinaria relevancia en el concierto internacional. Y eso se potencia, especialmente, en las tres últimas décadas del siglo pasado y en lo que va de este, ya que el avance de los procesos de globalización económica y la expansión a escala planetaria global de las políticas neoliberales han servido para construir un entramado político, económico, jurídico y cultural, a nivel global, del que las empresas transnacionales han resultado ser las principales beneficiarias.
Es evidente el poder que, en términos económicos, tienen las corporaciones transnacionales. Basta comprobar, por ejemplo, cómo la mayor empresa del mundo, Wal-Mart, maneja un volumen anual de ventas que supera la suma del Producto Interior Bruto de Colombia y Ecuador, mientras la petrolera Shell tiene unos ingresos superiores al PIB de los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, las compañías multinacionales disponen de un innegable poder político: son moneda de uso corriente las estrechas relaciones entre gobernantes y empresarios, no hay más que ver cómo, por citar solo algunos casos, los expresidentes González, Aznar, Blair y Schröder han entrado en el directorio de corporaciones como Gas Natural Fenosa, Endesa, JP Morgan Chase y Gazprom, respectivamente; de la misma manera que, en sentido contrario, Mario Draghi y Mario Monti pasaron de Goldman Sachs a las presidencias del Banco Central Europeo y del gobierno italiano.
Igualmente, las empresas transnacionales poseen una extraordinaria influencia sobre la sociedad tanto en el terreno cultural –las grandes compañías emplean la publicidad y las técnicas de marketing para consolidar su gran poder de comunicación y persuasión en la sociedad de consumo– como en el plano jurídico: los contratos y las inversiones de las multinacionales se protegen mediante una tupida red de convenios, tratados y acuerdos que conforman un nuevo Derecho Corporativo Global, la llamada lex mercatoria, con el que las grandes corporaciones ven cómo se protegen sus derechos a la vez que no existen contrapesos suficientes ni mecanismos reales para el control de sus impactos sociales, laborales, culturales y ambientales.
Todo este poder que han acumulado las empresas transnacionales se ha venido acrecentando, de forma acelerada, desde los años setenta hasta hoy. Esto es, desde que con la aplicación de las medidas económicas promovidas por Milton Friedman y la Escuela de Chicago, el neoliberalismo fue imponiendo su ideología por todo el globo aprovechando los golpes militares, las guerras, las catástrofes naturales y las sucesivas crisis económicas para introducir drásticas reformas sin apenas oposición popular en el marco de “la doctrina del shock”. En los últimos cuatro años, desde que estalló el crash financiero global, y siguiendo la máxima de “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”, las instituciones que nos gobiernan están aplicando en Europa las mismas políticas que se llevaron a cabo en los países periféricos en las décadas de los 80 y 90: reformas laborales que recortan derechos laborales básicos, modificación del sistema de jubilaciones para favorecer los planes de pensiones privados, aumento de los impuestos indirectos y de la fiscalidad sobre las rentas del trabajo, reducción de la tributación de empresas y grandes fortunas, mercantilización de los servicios públicos que todavía quedan por privatizar, eliminación de la inversión pública en educación, sanidad, cooperación, dependencia, etcétera.
De este modo, mientras se inyectan presupuestos públicos millonarios a las mismas empresas que durante todos estos años se han beneficiado de la falta de regulación del sistema económico y financiero, la crisis es la excusa para avanzar con más fuerza en el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la privatización de los bienes comunes y la apertura de puertas al capital transnacional para que pueda controlar más y más cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Las compañías multinacionales controlan los sectores estratégicos de la economía mundial: la energía, las finanzas, las telecomunicaciones, la salud, la agricultura, las infraestructuras, el agua, los medios de comunicación, las industrias del armamento y de la alimentación. Y la crisis capitalista no ha hecho sino reforzar el papel económico y la capacidad de influencia política de las grandes corporaciones, que tan pronto hacen negocio con los recursos naturales, los servicios públicos y la especulación inmobiliaria, como con los mercados de futuros de energía y alimentos, las patentes sobre la vida o el acaparamiento de tierras. Asistimos a una crisis sistémica que no es solo económica, sino también ecológica, social y de cuidados, que está produciendo estragos en las condiciones de vida de la mayoría de la población mundial.
En este complejo contexto, resulta imprescindible continuar con la investigación, el análisis, la denuncia y la movilización en contra de los abusos que cometen las empresas transnacionales en su expansión por todo el globo. Porque, lejos de debilitarse con la actual crisis económica y financiera, el hecho es que las grandes corporaciones continúan fortaleciendo su poder e influencia en nuestras sociedades gracias a sus renovadas estrategias corporativas y a la constante aplicación de nuevos modelos de negocio. Por eso, a la vez que se profundizan las desigualdades y las mayorías sociales ven cómo sus derechos quedan relegados frente a la protección de los intereses comerciales y los contratos de las compañías multinacionales, se hace más necesario que nunca fortalecer las luchas y resistencias en contra de las empresas transnacionales. A la vez, ha de avanzarse en la reflexión y la construcción de alternativas socioeconómicas que nos permitan mirar más allá del capitalismo, abriendo ventanas hacia esos otros modelos posibles, otras realidades que no pasen por situar a las grandes corporaciones en el centro de la actividad de la sociedad sino que, justamente al contrario, las desplacen a un lado para colocar en su lugar a las personas y a los procesos que hacen posible la vida en nuestro planeta.
Un mercado controlado por pocas empresas
¿Qué son las transnacionales?
Una empresa transnacional (o multinacional) es aquella empresa que está constituida por una sociedad matriz creada conforme a la legislación del país en que se encuentra instalada, que se implanta a su vez en otros países mediante inversión extranjera directa, sin crear empresas locales o mediante filiales, de acuerdo a las leyes del país de destino. Aunque tenga la apariencia jurídica de una pluralidad de sociedades, en lo esencial se constituye como una unidad económica con un centro único con poder de decisión.
El poder en pocas manos
En el año 2010, había 80.000 empresas transnacionales en todo el mundo, que controlaban 810.000 compañías filiales. Eso sí, a pesar de que existen miles de transnacionales en el mercado global, apenas unos cientos de ellas controlan a las demás: 737 multinacionales monopolizan el valor accionarial del 80% de total de las grandes compañías del mundo, y solo 147 controlan el 40% de todas ellas.
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