Honduras sigue siendo uno de los países más violentos del mundo. San Pedro Sula y el Distrito Central aparecen entre las primeras diez ciudades más violentas del planeta por encima de urbes de Afganistán, Irak o Colombia, que debido a los conflictos armados que enfrentan, deberían situarse entre las más sangrientas.
Sin embargo, el Distrito Central compuesto por Tegucigalpa y Comayagüela, aparecen en el lugar número 6 mientras que San Pedro Sula es catalogada la ciudad más violenta del planeta en el año 2011 gracias a su tasa de 159 homicidios por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, organización que elabora este ranking del crimen mundial, San Pedro Sula le quitó el primer lugar a Ciudad Juárez quien lo ostentó durante tres años consecutivos. Para empeorar el asunto, el departamento de Cortés también se convirtió en el más violento del mundo mientras que Yoro y Francisco Morazán aparecen entre los primeros 10 lugares de la violencia.
Sin duda alguna la violencia que azota al país es el reflejo de la precariedad institucional que se profundizó con el golpe de Estado y que tiene como a sus principales protagonistas a aquellos que constitucionalmente tienen la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y la justicia, es decir, a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial.
No obstante, ya conocemos el siniestro papel de estas instituciones que se encumbran como protectores de los poderes fácticos del país y como verdugos de la sociedad en su conjunto. Por eso, le damos la razón a la rectora Julieta Castellanos quien insiste en que el motivo de que el país esté sometido por la delincuencia se debe a que “los cuerpos de Policía no solo no investigan, sino que ellos mismos están comprometidos con el delito”.
Mientras el país se desangra y sigue siendo devorado por la violencia, el régimen de Lobo Sosa hace demagogia con el sufrimiento de las víctimas al no querer intervenir la Policía con el apoyo decidido de la comunidad internacional.
La sociedad en su conjunto, sin distingos políticos e ideológicos, debe levantarse en esta lucha contra la impunidad, hoy son los familiares y amistades de otros los que caen víctimas de la criminalidad, mañana, si aún no ha sucedido, pueden ser los nuestros.
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