Movimiento Amplio por la DIGNIDAD y la JUSTICIA
Ejecutivos de la transnacional Securiport no quisieron correr riesgos y debido a los antecedentes políticos en el país impusieron en el contrato que la declaración de una guerra, golpes de Estado, revolución, agitación social y hasta fenómenos naturales que se susciten les deja libre de responsabilidades por demoras o calidad de sus servicios.
Si hay servicios adicionales, la Secretaría del Interior y Justicia, que tramitó el negocio, y la empresa estadounidense acordarín mutuamente, o directamente, términos y honorarios, según el contrato
Esas consideraciones fueron establecidas en el controversial contrato aprobado por el Congreso Nacional y que provocó el rechazo popular por el cobro de 34 dólares –unos 650 lempiras-- a los pasajeros que entren y salgan de los aeropuertos en concepto de una tasa migratoria.
Cláusulas como esas fueron aceptadas por el ministro del Interior y Justicia, Africo Madrid, quien recibió las “facultades suficientes” del presidente Porfirio Lobo Sosa para negociar el contrato y hacer una contratación directa.
Tiempo publicó ayer parte del contenido del contrato y hoy revela el resto. Madrid ha evadido reiteradamente hablar del asunto, y en el Congreso Nacional varios diputados y diputadas denunciaron que ese contrato no se dio a conocer al pleno y ni se enteraron cuándo se aprobó.
Dólares
Securiport solo aceptaría sus pagos en dólares y así quedó consignado en el contrato, fijado para una vigencia de 10 años. Además, la Secretaría del Interior y Justicia tiene que asegurar la tramitación de cualquier permiso de entrada y de trabajos aplicables para ponerlos inmediatamente a disposición del personal de Securiport y de sus familias. El personal de Securiport tendría acceso a todas las áreas de los aeropuertos y puestos fronterizos.
Si hay servicios adicionales, Interior y Justicia, y Securiport acordarán mutuamente términos y honorarios, según el controversial contrato, ahora en suspenso.
La transnacional se cubre las espaldas al proponer que disputas entre las partes se resolverán finalmente bajo el reglamento y conciliación de la Cámara de Comercio Internacional y el World Bank en Washington, a condición de Securiport. Esta empresa tiene su sede en la capital estadounidense.
Mecanismo de pago
“Interior y Justicia dentro del plazo de siete días a partir de la vigencia del contrato emitirá una resolución exigiendo que todas las aerolíneas que operan en Honduras depositen en una cuenta especial creada para dicho propósito la cantidad de 17 dólares por cada pasajero que entre y cada pasajero que salga con el objeto de instrumentalizar el sistema de seguridad”, agrega el contrato.
El cobro de la tasa de seguridad iría incluido en el boleto aéreo o se podría cobrar en el área de chequeo de cada aerolínea. Si las aerolíneas no cumplieran, “la Secretaría del Interior y Justicia será responsable del 100 por ciento del pago debido a Securiport”, sentencia el contrato.
Oferta
Securiport proveería hardware, software y servicios para el control de identidad de pasajeros que entran y salen de aeropuertos y puntos fronterizos, “mediante la aplicación de un innovador sistema tecnológico de última generación”. Además instalar el sistema de control dactilar por ultrasonido de los accesos de entradas y salidas de aeropuertos y pasos fronterizos.
Secreto
“Durante el plazo de ejecución de este contrato, y cinco años después que dicho plazo haya vencido, Securiport no revelará ninguna información secreta o confidencial recibida de la prestación de los servicios”.
Lobo autorizó contratación directa de Securiport
Este es parte del contenido del decreto con el contrato de Securiport.
Fue en base al Acuerdo Ejecutivo Nº 29-2011 con fecha 24 de marzo de 2011 emitido por el presidente Porfirio Lobo que se autorizó a la Secretaría del Interior y Población para que mediante contratación directa se suscribiera el contrato con la empresa Securiport con duración de 10 años.
La Secretaría del Interior obligaría a las aerolíneas a depositar el cobro por la tasa de seguridad en una cuenta especial para Securiport. De no ser así el Gobierno incurriría en el 100 por ciento del pago a la transnacional, según el contrato
Lo anterior consta en el decreto de ley que contiene el contrato y que en un controversial proceso de autorización legislativa ahora niega un buen número de diputados y diputadas haber participado en el debate y aprobación.
El decreto contempla el pago de una tasa aeroportuaria de 34 dólares (unos 650 lempiras) para los pasajeros que ingresan y salen del país por los aeropuertos nacionales, el cual sigue en suspenso, aunque no ha sido vetado por el Ejecutivo.
Securiport sería la firma encargada de prestar servicios de seguridad aeroportuaria de las cuatro terminales aéreas del país y 18 delegaciones migratorias terrestres y marítimas.
El contrato al pasar al Congreso se convirtió en el Decreto 252- 2011 y calza las firmas de la diputada Alba Nora Gúnera de Melgar, fungiendo como presidenta por ley en esas fechas; del diputado secretario del Legislativo, Rigoberto Chang Castillo; y la diputada Gladis Aurora López Calderón, como secretaria.
El contrato y el decreto legislativo se ampara, según sus considerandos, en la necesidad de mejorar la “protección de fronteras como condición de la disuasión externa y el aumento de la confianza interna” y que “Honduras debe desarrollarse en democracia con seguridad y sin violencia”, esto sustentado en la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.
El presidente Porfirio Lobo Sosa decidió no sancionar el decreto que contiene el contrato y dejarlo en suspenso, ante el rechazo popular ya que permite a Securiport cobrar por sus servicios 17 dólares por pasajero que sale del país y similar cantidad al que ingresa para un total de 34 dólares que se suman al pago actual por servicios aeroportuarios que se cobra a los pasajeros.
El Decreto destaca las “facultades suficientes” otorgadas al ministro del Interior, Africo Madrid, para la celebración del contrato como para firmarlo al salir publicado en La Gaceta junto con Enrique Segura de nacionalidad argentina, en representación de Securipot.
Entre los antecedentes se destaca que Securiport presentó formal oferta a la Secretaría del Interior y Población para “proveerle y prestarle a este, la prestación de servicios bajo modalidad de instalación, operación y transferencia como se menciona en este contrato”.
Se describe que Madrid “elevó al conocimiento del Presidente de la República (Lobo Sosa) la citada oferta y este mediante Acuerdo Ejecutivo con fecha 24 de marzo de 2011 autorizó al titular del Interior y Justicia para que suscriba por vía de contratación directa el contenido del presente contrato”.
Entre los servicios ofrecidos por Securiport están “construir un banco único de huellas digitales con las huellas capturadas –de pasajeros y quienes crucen pasos fronterizos- a través de la operación de sistemas biométricos, el que será propiedad del Estado de Honduras.
“Interior y Justicia dentro del plazo de siete días a partir de la vigencia del contrato emitirá una resolución exigiendo que todas las aerolíneas que operan en Honduras depositen en una cuenta especial creada para dicho propósito la cantidad de 17 dólares por cada pasajero que entre y cada pasajero que salga con el objeto de instrumentalizar el sistema de seguridad”, agrega el contrato.
El importe de la tasa de seguridad iría incluido en el boleto aéreo o se podría cobrar en el área de chequeo de cada aerolínea.
Inversión
31 millones, 644 mil, 226 dólares invertiría Securiport para operar sus servicios, según el Decreto que también establece que la firma rindió garantía corporativa por 17 millones de dólares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario