Cerramos un año político, social y económicamente patas arriba. Debacle de la institucionalidad pública, desempleo, escasa inversión, masacres espeluznantes. Cerramos un año en el cual las principales decisiones del país se han tomado desde los engranajes de la política y economía ilegal.
Este ambiente de incertidumbre provoca diferentes reacciones en la población. Unos deciden convertir las casas en cárceles, otros irse a otros países, algunos se alinean en las actividades del crimen organizado, muchos ponen las esperanzas en la campaña electoral y otros simplemente deciden sobrevivir, dejar venir, dejar pasar entre novelas, fútbol, video juegos, redes sociales, cervezas y guaro.
A pesar de los diferentes caminos que la población emprende ante la crisis hay una realidad común, aunque manifestada de diferentes formas. Todos coinciden en la necesidad que las cosas tienen que cambiar en el país. La gran pregunta frente a esta necesidad colectiva es ¿qué hacer para que en realidad haya un cambio?
En la lucha de buscar caminos de salida, es necesario tener presente los aprendizajes de las luchas de los países vecinos: son luchas de resistencia y no de velocidad. Por tanto los cambios no vendrán de la noche a la mañana, tampoco vendrán de arriba y nunca llegarán si nos quedamos de brazos cruzados. La necesidad de buscar cambios tiene que obligarnos a informarnos sobre los verdaderos generadores de la crisis, y en ese desafío tenemos dos tareas: por un lado, tenemos que trabajar intensamente en la destrucción de toda la infraestructura de la impunidad y desde ahí avanzar a una cultura política ciudadana propia de un Estado de derecho, y por otro, tenemos que reflexionar y trabajar en cómo enfrentar la infraestructura del crimen organizado.
Enfrentar la infraestructura de la impunidad y del crimen organizado es el gran desafío para el nuevo año, y en este camino se nos ofrece una gran oportunidad: sumarnos todos los sectores de la sociedad a la lucha que han impulsado la rectora de la universidad y otras personas víctimas del Estado, por la depuración de la Policía Nacional. Depurar la policía puede ser un punto de partida para seguir luchando para depurar todo el sistema judicial y avanzar en el camino de construir el Estado de derecho.
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