La necesidad crea los negocios, dicen algunos, pero también hay quienes responden que, generalmente, es al revés: los negocios crean la necesidad. Eso parece demostrable si nos adentramos en la psicopatología del consumismo.
En Honduras no parece haber mucha iniciativa para la creación comercial, mediante la invención de productos y sofisticación de servicios, pero sí la hay para atracar a los contribuyentes y hacer pingües negocios desde el poder público.
La seguridad y la electricidad son de los rubros más socorridos, a través de la compra-venta de armas, municiones y equipos para la apodada “seguridad nacional” en la parte militar y policial, así como en los servicios de seguridad privada que duplica en número el contingente estatal, y, por otra parte, las contratas térmicas, de energía sucia.
Son operaciones de altos vuelos, para decirlo metafóricamente, que se planifican en la oscuridad, por la vía directa, sin jergas legales de contratación pública, con la impunidad del secreto de Estado y su aprobación legislativa a puerta cerrada, en altas horas de la noche, igual que los asaltos en despoblado y al amparo de la nocturnidad.
Como en nuestro país hoy día la criminalidad tiene que ser la más alta del mundo, con una tasa de 82 homicidios por 100,000 habitantes, una población de 8,0 millones y un territorio de 112,492 kilómetros cuadrados, el negocio de la seguridad es asombrosamente jugoso y redondo.
En el prontuario hondureño del peculado, con sus hojas amarillentas y gastadas por la corrupción, la regla para la concreción de estos negocios es la creación de empresas sin calificaciones o con antecedentes de poca credibilidad. Es el expediente para ocultar las complicidades y borrar las huellas.
Así fue con el innecesario contrato de emergencia, por 16 años, de 100 megavatios de energía térmica, por un monto de 1,600 millones de lempiras, y así han sido las contrataciones, traspasos y prórrogas de Interairports”, al margen de la Ley de Contratación del Estado”.
El caso más reciente, la nueva tasa de seguridad en los aeropuertos, de 34 dólares, ya que todo viajero tendrá que pagar 17 dólares estadounidenses por entrar al país y otros 17 dólares para salir, viene a ser una voltereta al fallido impuesto aeroportuario de 60 dólares y una doble tributación del impuesto de seguridad (impuesto de guerra).
La diputada Waldina Paz (L), quien dice haber votado contra ese decreto legislativo (252-2011), nos revela que el contrato con la misteriosa Securiport es parte del “paquete de Interairports”. ¿La vieja estafa del juego de manos ‘dónde está la bolita’”?
Tenemos al final, pues, una especialización tributaria de seguridad, de doblete. Una para los que prefieren tener los pies en la tierra, y otra más para aquellos aficionados a andar por las nubes, en la clientela del depredador giro aeroportuario.
Un negocio que compite para ruina del turismo, de la industria hotelera, los servicios gastronómicos, del ámbito de la artesanía y la cultura, y, en suma, para el bolsillo de todos los contribuyentes, que pagan el doble y hasta el triple por la inseguridad, que es, irónicamente, la fuente del rubro de la seguridad.
Enero 09, 2011
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