Por Dick y Mirian Emanuelsson
El estado hondureño busca un guerrillero para judicializarlo pero no lo encuentra. Tal es el caso del Preso Político Humberto Castillo en donde la fiscalía hondureña vive en el tiempo de la dictadura y en donde la Resistencia es terrorismo y tiene un Rambo.
El día antes las elecciones generales en Honduras que ningún estado o
gobierno reconoció, la guerra psicológica cobraba víctimas fantasmas.
Facsimil de El Heraldo el 28 de noviembre de 2009.
Vídeo & Audio:
1) Entrevista a abogada Kenia Oliva: http://vimeo.com/35731892
Audio: http://www.box.com/s/6engk6m8uqrn8t3ssqdg
2) Entrevista con familiares del preso político Humberto Castillo: http://vimeo.com/35733189
Audio: http://www.box.com/s/gjmjfrjovoz3acp0kd5b
Por tercera semana consecutiva, en la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia, se suspendió la audiencia de nulidad en el caso contra Humberto Castillo Martínez, quien guarda prisión desde noviembre del 2009, acusado por Terrorismo. Esta vez el juez encontró que su esposa, también jueza, había enviado a Castillo a la cárcel y por eso, no podía seguir el caso.
Es un escándalo de grandes dimensiones y un cruel tratamiento hacia un humilde hondureño, dicen los críticos a este caso. Humberto Castillo, vigilante de un pequeño negocio de computadores, discapacitado con un abrazo amputado, fue acusado por “terrorismo, asociación ilícita y aportación ilegal de armas” de guerra. Argumento que se cae por sí solo ya que se requiere de ambos brazos para operar el “arma de guerra”.
Abogada Kenia Oliva
– Las armas nunca fueron presentadas. El ministerio público ha tratado de confundir. Primero dijo que Castillo estaba únicamente por aportación ilegal de armas y por terrorismo. Luego, cuando se ve que no pueden comprobar eso, lo acusan por asociación ilícita, ya que la Resistencia es un grupo organizado con fines políticos y su fin es derrocar al gobierno, que sabemos que en esa época era un régimen de facto y que (la Resistencia) quería boicotear en las elecciones (el 29 de noviembre).
Lo dice Kenia Oliva, abogada y representante legal del preso político Humberto Castillo. En la Corte Suprema de Justicia en nuestro alrededor se encuentran la hermana y el tío del acusado que han sufrido como familiares de una familia humilde originalmente del departamento de Mosquitia, en la costa del Caribe, zona fronteriza con Nicaragua. También hay compañeros de la Resistencia presentes para darle apoyo moral al preso.
Castillo fue detenido el 29 de noviembre de 2009 cuando salía de su turno de trabajo. Llevaba una mochila con dos celulares. Los agentes habían recibido una llamada anónima dizque que había armas en el negocio. Castillo no tenia ningun inconveniente de abrir y mostrar a los agentes que entraron.
Era el día de las elecciones que ningún gobierno, estado u organismos internacionales como la ONU, la OEA u otros organismos electorales como el Centro Carter, reconocieron.
Y no era para nada una sorpresa ya que las elecciones fueron dibujadas, arregladas y ordenadas por los ejecutores del golpe militar; la Junta Cívica-Militar.
Ésta a su vez dio la tarea al Tribunal Supremo Electoral que a su vez ordenó al Ejército, el mismo ejército que había ejecutado el golpe de estado militar el 28 de junio de 2009, de organizar las elecciones en los 298 municipios en los 18 departamentos de Honduras.
Estos hombres fueron los encargados de organizar las elecciónes el 29 de noviembre
de 2009, en la foto vigilando el Tribunal Supremo Electoral, ¿ante quien?
Lo primero que hizo un capitán encargado, fue enviar una carta a todos los alcaldes del país, exigiendo los datos personales como nombres, apellidos y direcciones de los activistas y líderes locales del Frente Nacional de Resistencia.
La cacería de brujas comenzó contra los opositores del golpe de estado, pero la guerra psicológica había comenzado incluso antes del golpe militar en los medios que posteriormente dieran todo su apoyo para tumbar la frágil democracia. Salían artículos y reportajes que hablaban que comandos de sicarios o guerrilleros de Venezuela, Nicaragua y Cuba se encontraban en territorio hondureño para cometer masacres a los nacionales. El estado de sitio fue levantado unas semanas antes las elecciones el 29 de noviembre, pero no la guerra psicológica:
“Durante las últimas semanas, grupos de desconocidos se han dedicado a sembrar el terror y el miedo a fin de evitar que los hondureños acudan a las urnas este 29 de noviembre”, decía el diario El Heraldo el 28 de noviembre de 2009, un día antes de las elecciones y mostró unas fotos de armas decomisadas, bandera de Venezuela y escudos del ex movimiento guerrillero salvadoreño FMLN. Hasta hora el estado y los organismos judiciales y de seguridad no han logrado capturar un solo presunto guerrillero extranjero.
Humberto Castillo, fue contratado como vigilante por la microempresa de computadoras SELCOM. Lo contradictorio en las acusaciones de la fiscalía y la realidad política es que el dueño de SELCOM, señor Gregorio Baca, es también tesorero de la Junta Directiva del Partido Unificación Democrática (UD). La UD efectivamente, sobre todo sus bases, estuvieron en la lucha para tumbar al régimen dictatorial encabezado por Roberto Micheletti. También se había comprometido a convocar a sus electores de NO ir a las urnas en unas elecciones bajo la sombra de las bayonetas.
Dos-tres semanas antes de las elecciones del 29 de noviembre, la UD giró 180 grados y oficializó que sí, que iría a participar en las elecciones y así dar una puñalada al derrocado presidente Manuel Zelaya que estaba encerrado y preso en la embajada de Brasil, en Tegucigalpa, rodeado de gorilas que le torturaban a él y a decenas de partidarios adentro de la embajada con sonidos de guerra o gases regados a través los tubos del agua negra.
Hay fuentes fidedignas que nos han dicho que ya por esas fechas el presidente del partido de la UD tenía un arreglo con Porfirio Lobo, el candidato favorito del Partido Nacional que oficialmente, a cambio del candidato oficial del partido liberal, no se había pronunciado a favor o en contra del golpe de estado. El arreglo consistía en que a la UD le diera la INA, Instituto Nacional Agrario, el ministerio de agricultura. Y así fue. Cesar Ham, líder de la UD, la “izquierda parlamentaria” de Honduras, se abrazó con el jefe del partido conservador, el vocero político de la oligarquía golpista de Honduras y su “Gobierno de Humanismo Cristiano”. No le dio y no le da pena y menos vergüenza de participar en un gobierno que reprimía y reprime a trabajadores, campesinos y estudiantes. País en donde 354 mujeres han muerto en femicidios durante su gobierno, o los 50 campesinos organizados en MUCA que han sido asesinados por paramilitares en el Bajo de Aguán.
Entonces, ¿Cómo es posible acusar a Humberto Castillo por unas invisibles armas plantadas como pruebas para decir que serian usadas por la Resistencia para sabotear las elecciones, si es que el dueño de esas supuestas armas, el señor Gregorio Baca y su partido, iban a participar en del acto electoral?
Porfirio Lobo dice "Bienvenido Cesar Ham al gobierno de la oligarquía".
La Resistencia vio la actuación de César Ham y la dirección de la UD como una traición a los mártires que habían sido asesinados por la dictadura, entre ellos varios militantes de la UD. Muchos activistas y hasta una diputada, Silvia Ayala, abandonaron el partido y se encuentran en gran parte en el nuevo Partido Libre, el brazo político de la Resistencia hondureña.
– Es falta de objetividad del Ministerio Público y lo ilógico que ellos captan, porque reconocen que la Resistencia es un movimiento político con fines idénticos, que existe, pero lo relaciona con delito de acción ilícita que enmarca en nuestro código penal. Ello dice claramente cuales son los requisitos para que exista una organización ilícita. Según la fiscalía, Humberto y la Resistencia cabían dentro del artículo 335. Vienen las Cortes de Apelaciones y nos dan la razón; diciendo que no hay asociación ilícita o aportación ilegal de armas. Además dice quienes son las otras personas imputadas del delito y que supuestamente son los dueños de las armas (y del negocio SELCOM). Dice también que Humberto Castillo es el vigilante de ese lugar, relata la abogada Oliva.
El proceso representa todos los factores para ser anulado. Pero la fiscalía, “por orden de arriba”, como dice otra fuente nuestra, sigue insistiendo que el caso sea enmarcado en un caso de terrorismo.
La misma abogada acusa también a las autoridades hondureñas por haber violado derechos internacionales a su cliente, como el que le asiste para tener un abogado, de ser escuchado y tener protección. Humberto Castillo lleva ya dos años y dos meses encarcelado. En la tercera audiencia suspendida hoy, jueves 26 de enero de 2012, tampoco estaba presente.
– El representante del Ministerio Público alegaba que a Humberto Castillo no se le vulneraba su derecho a la defensa. Pero el derecho a defensa no implica tener un abogado, el derecho a defensa significa que el abogado defensor de Humberto Castillo debe tener acceso a todos esos medios de pruebas y nosotros no hemos tenido acceso ni a las armas ni a los peritajes que el ministerio público debe mandar a hacer respecto de las armas.
Humberto Castillo Martínez, un pobre y humilde vigilante, padre de cinco hijos, es el último preso político que la fiscalía intenta a convertir en un guerrillero. Poco a poco, con la solidaridad de la Resistencia y familiares, cae el montaje, dicen los amigos, pedazo por pedazo.
Lo que es ilustrativo es que la fiscalía todavía esta intacta, es decir, recibe y ejecuta “órdenes de arriba” como si estuviera todavía en la época de la dictadura.
¿O será que nada ha cambiado desde que la fiscalía bajo el mismo Fiscal General de la República, el señor Luís Rubí, ordenó a las fuerzas militares de decomisar las papeletas de la “Cuarta Urna”, que daba al pueblo hondureño el derecho y la oportunidad de decir SI o NO si querian llamar a una asamblea constituyente, pregunta no vinculante. El 24 de junio de 2004, las fuerzas militares decomisaron las papeletas y las albergaron en la base de aviación hondureña. Al día siguiente fueron recuperados por el mismo presidente Zelaya que encabezaba las masas de miles de hondureños y entramos a la base como testigos de un antecedente histórico.
Fiscal General Luís Rubí.
Pero el fiscal general Rubí no estaba vencido. Ordenó capturar al presidente Manuel Zelaya Rosales, orden que fue efectuado el 28 de junio de 2009 cuando un comando del ejército, disparando más de cien tiros a la casa de Zelaya, lo capturó y lo trasladó a la misma base de aviación. De ahí salió el avión hacia el norte y aterrisó 15 minutos después en la base de aviación más grande de Estados Unidos en Centroamerica, la Palmerola, en donde quedó quieto 15 minutos para después seguir el rumbo a Costa Rica donde fue tirado en la pista de aterrizaje por los militares hondureños que habian cumplido la misión supuestamente del Departamento de Estado y del Pentágono, deshacerse del presidente Zelaya.
¿Será que es la histórica logia del poder fáctico (APROH 2011) que hala en los hilos del Poder Judicial y se siente muy apretado porque los cálculos del golpe de estado no contaban con que el golpe crearía una descomunal reacción popular, creando la Resistencia Hondureña?
En todo caso, difícilmente puede alargarse mucho más el proceso contra Humberto Castillo, el “terrorista” que, como Rambo, manejaba un arma que pesa siete (7) kilos aún teniendo un solo brazo.
Comparable con aquel cántico de niños que decía “al gran bonete se le ha perdido un pajarillo y dicen que Fulano lo tiene”, la “justicia hondureña hoy dice “a Honduras se le ha perdido un guerrillero y dicen que la Resistencia lo tiene…”
De lo que estamos seguros frente a la evidencia, es que el “guerrillero” no es tal y eso les preocupa mucho.
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