Con la sarta de mentiras que se ha tejido en el congreso nacional para escurrirse de la crítica pública por la aprobación del “trancazo” de 34 dólares, supuestamente para “seguridad aeroportuaria”, la credibilidad pública acerca del Legislativo ha descendido a niveles menos-cero.
La respuesta del Ejecutivo al ya bautizado “Escándalo Securiport” tampoco aplaca el enojo colectivo, pues huele a falsedad cuando, en vez del veto, lo que ofrece es la no sanción como compás para negociar la rebaja de ese impuesto inconstitucional y de merma de soberanía.
El secretario del Interior, Áfrico Madrid, presentador del decreto 52-2011 en todo sentido, como introductor en el Legislativo y como publicista de contrato, pide ahora que no se politice el asunto. La clásica sordina, aliada de la impunidad.
El mando supremo del congreso nacional lanza el “comunicado de prensa” para el juego de distracción, lavándose las manos y para apoyar al Ejecutivo con “las revisiones correspondientes” y con la creación de “una Comisión Técnica integrada por representantes de las cinco bancadas”.
Podemos ver en todo ese aparato la vera imagen de la democracia representativa hondureña, en la que el destino del país y de sus habitantes ni siquiera se decide en la asamblea legislativa sino en el rincón de una directiva. También nos percatamos del cínico juego de las excusas irresponsables de los legisladores.
Por supuesto, el Escándalo Securiport se inscribe en el negocio de la seguridad, con el argumento de que narcotraficantes, sicarios, capos del crimen organizado viajan regular y cómodamente en las líneas aéreas comerciales y se congregan en Honduras, que es La Meca del crimen organizado.
Parece evidente que la formulación de Escándalo Securiport no es de factura catracha, sino sugerencia foránea —como casi siempre, en estos casos— a través del ex de Seguridad, Oscar Álvarez, de generales conocidas. Posiblemente a eso se deba tanto misterio para ese experimento con el conejillo de Indias, que es Honduras.
A eso podría obedecer, asimismo, el saltabanco de la “revisión” y las comisiones técnicas en los negocios de la seguridad nacional, donde los perjudicados resultan ser, al final, las víctimas de la inseguridad, tanto personas como países. En esas esferas, ¡ni hablar de que la Constitución es pura babosada!
Según lo explican fuentes no oficiales, no es cierto que la tal empresa Securiport tenga la exclusividad de la fantástica tecnología para detectar bandidos internacionales, como tampoco es cierto que ésa sea la única forma de dar seguridad aeroportuaria. Hay un montón de empresas para este fin, pero el gobierno de Honduras no lo sabe, y, por lo que se ve, no quiere saberlo.
La firma del contrato, lo mismo que con los de administración de aeropuertos y los térmicos de emergencia, han de hacerse por la vía directa, sin licitación, al margen de la Ley de Contratación del Estado, como corresponde en el mundo burocrático hondureño y en el submundo del crimen organizado del otro lado de la medalla.
El contrato del Escándalo Securiport fue firmado por el secretario del Interior y Población con un empleado de la empresa de marras, Enrique Segura, ex funcionario del BID y del Banco Mundial. El responsable de esta empresa subsidiaria, José Sorzano, es, según informa Proceso Digital, un ex presidente de la Fundación Cubano-Americana y lobista de los intereses cubano-americanos ante el gobierno de Estados Unidos.
¿Me entiendes, Fabio?
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