Terminamos el año con una sensación de frustración pues no vemos salida a la crisis que vivimos y nadie está a gusto con el clima de inseguridad ciudadana y una sociedad que a todo el mundo se le va de las manos. Y siempre al finalizar, de una manera u otra, se hace un balance del mismo. Por eso es normal que los periódicos hagan una especie de resumen-balance centrándose en los acontecimiento sociales que consideran más importantes a nivel político, social, económico, cultural o social. Sin embargo, vamos a preguntarnos por las perspectivas de cambio social realmente existentes en el país.
La realidad económica continua siendo la más determinante en la vida del país: tiene que ver con el empleo, la inversión, la distribución de la riqueza, la estabilidad social y el que nuestros jóvenes tengan futuro y oportunidades. Sin embargo, contamos con un empresariado que impone su modelo a toda la sociedad: ganancias seguras y protegidas, flexibilidad del trabajo, una legislación laboral supeditada a sus intereses, una “evasión fiscal” escandalosa, un estado reducido al mínimo sin controles e interferencias. En definitiva, el único proyecto que tienen es la creación de la “utopía neoliberal” o la “contra-utopía” del status quo que no puede hacerse extensivo a toda la sociedad.
La vida política del país está centrada en la vida los partidos políticos, los legalizados y los nuevos aspirantes. Ofrece un panorama donde se da un divorcio entre política y sociedad y, al mismo tiempo, entre poder y política. Por eso han perdido su poder de convocatoria, representatividad y legitimidad. Resultado de todo ello su gran fragmentación con más de quince ofertas electorales de cara a las próximas elecciones internas. Por eso la vida política busca cada vez más un lugar entre los movimientos sociales. Debido a que responde a un modelo en extinción, el “estado-nación”, no logra articularse con una sociedad que está globalizada y a la que únicamente se dan respuestas locales.
La vida política se lleva de encuentro a la institucionalidad democrática y jurídica del país: el golpe de estado ha sido el botón de muestra. Desde el 29 JUN hasta la creación de la CELAC ha sido un tortuoso camino para “reconquistar formalmente” el reconocimiento internacional. Decimos “formalmente” puesto que la crisis policial ha puesto de manifiesto que las recomendaciones de la “Comisión de la Verdad y Reconciliación”, hasta la fecha, no son más una declaración de principios y de buenas intenciones.
El “movimiento popular” se encuentra en una fase de “desorientación” y “transición”. Adquirió fuerza, capacidad de movilización y respuesta a raíz del golpe de estado. El exilio forzado de Mel Zelaya le dio una aureola de “víctima”, encarnando al presidente de los pobres, defensor de la democracia y la alternativa política. Pero, tanto los “acuerdos de Cartagena” como el paso a transformarse de un movimiento social a partido político, le hicieron entrar en un proceso donde perdió presencia social, poder de convocatoria y un silencio en la vida pública. Los peligros que tiene son las divisiones internas y la lucha por el liderazgo y querer conducir el cambio social. Se olvida que “las circunstancias han cambiado y que ya no son la vanguardia exclusiva de los cambios sociales y de las soluciones liberadoras”.
Estas breves pinceladas, no obstante, no encierran toda la realidad social y tenemos signos esperanzadores que han aparecido donde menos se los imaginaba y por actores sociales fuera de los cánones oficiales: se trata del protagonismo adquirido por la Rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, por Hilda Caldera, la viuda de Alfredo Landaverde y Leslie Portillo, viuda del general Julián Arístides González. Es por donde vienen los nuevos protagonismos, nuevas propuestas y nuevos aglutinantes sociales que pueden conducir al cambio social en el país y, generar un “movimiento de indignados” con características y personalidad criolla. ¡Ojalá que se consolide y cobre fuerza!.
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