En sentido contrario hacia donde va el mundo, y, en particular, América Latina en materia de educación, en Honduras hay una arremetida para derechizar nuestro sistema educativo y convertirlo en nicho comercial de la empresa privada.
Dentro de esa embestida contra la dirección y control de la educación a cargo del Estado, el diputado Luis Berríos (N) ha introducido un proyecto de reforma constitucional, mediante la modificación de los artículos 159, 160, 161, 162 y 163 CR, así como otro proyecto para reformar la Ley de Educación Superior.
Los principios en que descansa el sistema educativo hondureño, establecidos en la Constitución de 1880, son los mismos que ahora se corresponden, por su universalidad, principalmente en los países que torcieron el rumbo hacia la privatización y ahora enfrentan graves problemas de inequidad y desajuste socio-económico.
Son los principios de gratuidad, laicidad y control estatal de la enseñanza, ciertamente ajenos al problema de la pérdida o falta de calidad educativa y al déficit de investigación en ciencia y tecnología, que depende, primordialmente, del desarrollo económico equilibrado en cada país, o sea aquél que no se desentiende de la responsabilidad social y cultural.
En nuestro país el fracaso educativo está correlacionado con el subdesarrollo económico. La falta de recursos económicos del Estado afecta el funcionamiento de la enseñanza en sus tres niveles —primaria, secundaria y superior— y ha dado lugar a la explotación privada de la educación y al deterioro del sistema público que garantiza el derecho humano inalienable de la educación pública.
La proliferación de centros de enseñanza privados, igual a lo que sucedió en otros países de América Central en las décadas ’70 y ’80 del siglo pasado, generó en todas partes un mayor desajuste social y la degradación de los sistemas educativos, con escuelas y universidades de garaje dedicadas a la explotación económica, a la vez que carentes de calidad educativa.
El artículo 160 de la Constitución vigente establece con entera claridad, en base a los principios aludidos, que la UNAH es la Institución Autónoma del Estado que “goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional”. Eso es válido, correcto y necesario.
Hoy día existe en América Latina un poderoso movimiento en demanda de educación de calidad, de gratuidad de la enseñanza y todo ello bajo el privativo control estatal. Lo presenciamos en Chile, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en México, en los mismos Estados Unidos, donde ha aumentado dramáticamente la segregación de la educación para la gente pobre, en sintonía con la recesión económica y la mentalidad corporatista.
Lo que se exige es, entonces, la integración económica y social, de la que es base la educación. Es el gran reto asumido en América Latina. La de todos los países que buscan la liberación del ser humano, con amplitud democrática y participación consciente en los procesos de desarrollo integral y de soberanía nacional.
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