Editorial Voces contra el Olvido
La comisión que interviene el Ministerio Público anunció a la prensa el viernes que pedirá a Luis Alberto Rubí que renuncie de la Fiscalía General, de lo contrario pedirán juicio político contra él.
El anuncio fue hecho de ese modo porque la Comisión se cansó de pedir cita al Congreso Nacional para presentar su informe final ante el Pleno, al cumplir sus primeros 30 días de evaluación interna.
Juan Orlando Hernández, candidato Presidencial y controlador del Congreso Nacional, reaccionó sorprendido y seguramente enojado, por las implicaciones políticas de la información divulgada.
Es de público conocimiento que Rubí está en el Ministerio Público por el Grupo Facussé, encabezado por el ex presidente Carlos Flores Facussé, y es de público conocimiento la alianza de Juan Orlando con el ex presidente del huracán Mitch.
Seguramente ahora tendrán menos tiempo los grupos fácticos para colocar a sus espantapájaros convenientes en la Fiscalía General. Y no se sentirán bien que retraten en público las barbaridades de sus mandaderos.
Aquí, sin embargo, lo que nos llama la atención es la reacción del candidato oficialista, que ha maniobrado con éxito en otro momento para nombrar a sus magistrados en la Corte Suprema de Justicia y más recientemente para imponer contra la ley electoral a candidatos perdedores en sus planillas para las elecciones generales.
Aunque está pendiente la resolución del Tribunal en este caso, el uso y abuso de las instituciones del Estado, particularmente de los operadores de justicia y del tribunal electoral, son muy pésimas señales de este proceso convocado teóricamente para restituir las instituciones rotas por el golpe de Estado de junio 2009.
Como organización defensora de derechos humanos lamentamos la caída de todos los indicadores de vigencia y efectividad de todos los derechos civiles y políticos en los últimos 4 años.
No hay un área en materia de derechos que no encienda las luces rojas del incumplimiento y la violación. Es un estado de emergencia real.
No se trata de un estrategia de campaña negativa repetir la tragedia contra el golpismo, sino de un deber ético decir el descalabro de la vida y la libertad de los seres de este país, sometidos a la violencia, la inseguridad, el empobrecimiento y la desigualdad, que es lo mismo, sometidos a la muerte.
Es muy peligroso jugar con el fuego en estos cinco meses venideros, se lo decimos a Oscar Álvarez y al grupo de Juan Orlando, y a todos los demás partidos. Podemos perder la única gobernabilidad que aún queda en medio de los escombros humeantes del Estado roto.
Si aún creen en verdad en algún principio de legalidad, sería mejor que lo respeten.
Cambiar las reglas para unos en perjuicio de los otros, sería una sentencia anticipada para todos. Y pretender engañarnos que estamos en tiempo normal, que podemos hacer changonetas, es una equivocación perversa.
No más violencia ni muerte en Honduras. No más torcedura caprichosa de las leyes. ¿Escucharon?
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