Alainet
Por Giorgio Trucchi
61 meses después del crimen, Roberto David Castillo Mejía se sentó en el banquillo, acusado de ser coautor del asesinato de Berta Cáceres.
Castillo fue presidente de Desarrollos Energéticos SA (Desa), empresa titular de la concesión para la explotación del río Gualcarque y promotora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual la lideresa indígena lenca y el Copinh lucharon durante años.
Para la familia de Berta y el Copinh, este juicio no sólo es clave para demostrar la responsabilidad de Castillo en el crimen, sino también para evidenciar la participación de otros autores que continúan en la impunidad.
En un comunicado, el Copinh, la familia de Berta Cáceres y el equipo legal recordaron que el juicio contra Castillo sólo es una primera etapa del "proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen".
"Las pruebas que existen en contra del señor David Castillo Mejía están en poder del sistema de administración de justicia desde hace cinco años. Son pruebas contundentes e irrebatibles para comprobar su participación como coautor, es decir como enlace entre los autores materiales y los ejecutivos de la empresa Desa (familia Atala Zablah).
Nosotros, junto a la familia y al Copinh, estamos listos para que el juicio inicie, se desarrolle y finalice. De esta manera podremos pasar a otra fase de la causa Berta Cáceres", dijo Víctor Fernández, miembro del equipo legal.
Para el ex fiscal, la persecución a los verdaderos actores intelectuales, que al igual que Castillo están perfectamente identificados, debe ser una prioridad.
"Esperamos que el sistema de administración de justicia tenga la independencia, la determinación y el valor de investigarlos, enjuiciarlos y condenarlos. Esto es otro de los desafíos que nos esperan", manifestó Fernández.
Sistema financiero culpable
Hay otro elemento de suma importancia que retoma el Copinh en su comunicado y que el equipo legal subraya.
"Nada de lo que le pasó a Berta hubiese sido posible si el sistema financiero nacional e internacional no hubiese financiado el proyecto Agua Zarca. Más aún, muchos de los crímenes ocurridos en nuestro país no se hubiesen producidos si el sistema financiero nacional, internacional y multilateral no siguiera apoyando ese tipo de proyectos.
Hacer justicia en la causa Berta Cáceres es hacerle entender al sistema financiero, a los bancos nacionales e internacionales, a la banca multilateral, a todo este sistema que dice promover el desarrollo, que financiar el proyecto Agua Zarca desencadenó una escalada de violencia en el pueblo Lenca, generó una ola de corrupción e instaló en el país una verdadera asociación ilícita para delinquir.
En este sentido -continuó Fernández- otro desafío que plantea la causa Berta Cáceres es justamente traer al banquillo de los acusados tanto al sistema financiero como a aquellos funcionarios públicos que participaron, por acción u omisión, de este crimen".
Un paso más
En diciembre de 2019, los autores materiales del asesinato fueron sentenciados a entre 30 y 50 años de cárcel, entre ellos exdirigentes y miembros de la seguridad de Desa, exmilitares y militares activos.
Ahora la tarea es perseguir a los autores intelectuales y al sistema financiero y revertir la corrupta y nefasta concesión del río Gualcarque que, después de cinco años del asesinato de Berta Cáceres, aún sigue vigente.
"Nuestro objetivo es la justicia integral, que implica verdad, reparación y no repetición de los crímenes que se cometieron aquí", concluyó Fernández.
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