Defensores en Línea
Por Riccy Ponce
El pasado lunes 5 de abril finalizó el juicio oral y público para dos campesinos de la empresa campesina 8 de febrero, ubicada en Tutule en el departamento de La Paz, pero será hasta el próximo 20 de abril que se dará la resolución del mismo.
Dentro de 15 días se conocerá si los campesinos que permanecen criminalizados desde el 2017, acusados de usurpación, quedan o no absueltos del proceso penal que han venido enfrentando desde entonces.
Los campesinos criminalizados son Luis Alonso Tejeda Orellana y Yesenia Yamileth Padilla, y una tercera persona que recientemente falleció por una enfermedad terminal.
Yesenia Yamileth Padilla espera que la resolución del juez sea favorable porque ellos solamente entraron al proceso de recuperación para el sustento de su familia.
“Yo espero que todo salga bien, porque uno por trabajar la tierra no es justo que uno este con medidas, uno tiene derecho a trabajar la tierra para sobre vivir y sobre todo para mantener a nuestros hijos”.
Y gracias a Dios tenemos una abogada que nos supo defender, ya que hubo inconsistencias en la declaración, ya que no era la misma que dieron el primer día, porque ellos fallan porque no están seguros de lo que están haciendo, añadió.
Por su parte Luis Alonso Tejada, expresó que esperan la resolución confiando en Dios que todo saldrá bien y a su favor, “esperamos lo que Dios quiera con nosotros, ya está en manos de él. Yo acudí a firmar antes de esta semana santa y lo seguiré haciendo cada ocho días como quedó establecido, nosotros solamente estamos trabajando sin descanso para darle de comer a nuestra familia, darle una vivienda digna y por eso nosotros nos gusta trabajar la tierra”.
La abogada Karol Cárdenas del área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), expresó que el 5 de abril se llevó acabo la continuación del juicio oral y público en el proceso penal que el Ministerio Público le ha promovido a los señores Yesenia Orellana y Luis Tejada, quienes son miembros de la empresa campesina 8 de febrero, víctimas de criminalización por el delito de usurpación.
“En este caso se evacuaron la prueba testifical, la cual consistieron en la declaración de la señora Rosario Dominga Reynoso y la joven Lorena Reynoso. En el caso de la señora Rosario Dominga Reynoso esta no tenía muy claro que es lo que iba a declarar y lo que se pudo rescatar de su declaración es que ella supo de la existencia de nuestros representados hasta el día que se llevó acabo la audiencia inicial y fue en ese momento que los observó”.
Cárdenas agregó que en el caso de la señora Lorena, ella quiso sorprender al Tribunal cambiando su declaración, la cual fue contradictoria, en vista que quiso hacerle creer al juez que ella conocía la identificación de Yesenia y Luis, a los cuales llamó por su nombre, porque ella supo a través de los mismos pobladores que ellos pasaban en la tierra.
Indicó además que fue contradictorio porque en la primera declaración estableció que no sabía quiénes eran las personas que estaban usurpando el terreno y que fue a través de una lista de solicitud de adjudicación de tierra que habían realizado el grupo campesino 8 de febrero.
“En dicha solicitud estaban los nombres de Yesenia y Luis, y que por eso había tenido conocimiento de la identidad de ellos, lo cual se lo hice saber al juez y lo acredité con la lectura que le dieron en el acta de audiencia inicial, en la cual obra la declaración de la señora”, añadió la abogada Cárdenas.
Agregó que se acreditó con la constancia emitida por el Secretario Regional del Instituto Nacional Agrario de la ciudad de Comayagua, que la Empresa Campesina 8 de febrero está solicitando la adjudicación del terreno, por estar en ociosidad.
“Con estos medios de prueba solicitamos al Tribunal que absolviera de todo cargo a nuestros representados en virtud que la acusación pública no acreditó que se dieran los elementos de tipo penal, no individualizó cual fue la acción que ejecutó cada uno de nuestros representados, y que ellos solo estaban ejerciendo un derecho constitucional como es el derecho a petición al solicitar la adjudicación del terreno que estabas en ociosidad”.
La abogada del Cofadeh señaló que “solicitamos que se le decretara sentencia absolutoria en virtud que el ente fiscal no había acreditado la responsabilidad de nuestro representados y no había pruebas suficientes para decretar una sentencia condenatoria.
Cárdenas dijo sentirse preocupada “en virtud que el ente fiscal solicitó al juez que al momento de emitir su sentencia decretara un desalojo del bien inmueble, ojalá que el juez sea objetivo y pueda decretar una sentencia absolutoria y decrete sin lugar el desalojo solicitado por el Ministerio Público.
L Red de Defensores y Defensoras Indígenas Lencas de La Paz (REDIHL-Paz), impulsada y capacitada en materia de derechos humanos por el COFADEH le ha dado acompañamiento a la empresa campesina en el transcurso de la criminalización a sus miembros.
“En el departamento de La Paz tenemos muchos compañeros criminalizados por defender el acceso a la tierra, el cual es un derecho, no un delito; tenemos muchos compañeros que han sido perseguidos por la autoridad, hay compañeros que ha muerto, compañeros que están presos, otros con órdenes de captura, dijo a defensoresenlinea.com Nulman Maradiaga, defensor de la REDHIL-Paz.
Señaló que “le hemos dados acompañamiento a los compañeros criminalizados, mientras que Arturo Salinas, quien también estaba en el proceso de criminalización, murió supuestamente por tanta preocupación hace unos días”.
Agregó que en el caso de Yesenia tuvo que hacer la presentación voluntaria, al ver que tenía persecución por las autoridades de la zona.
En el caso de la detención de Luis Alonso, expresó que “fue capturado ilegalmente porque en ningún momento presentaron los policías una orden de captura, las detenciones que hacen en el departamento de La Paz hemos tenido conocimiento que no presentan orden de captura”.
Así como los campesinos de la Empresa 8 de febrero que enfrentan un proceso penal por usurpación desde hace más de tres años, solo por querer recuperar un pedazo de tierra para sostener a su familia, hay muchos casos en el departamento de La Paz y cientos de campesinos criminalizados por el mismo motivo.
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