miércoles, 23 de enero de 2019
Persisten las denuncias por la brutalidad que ejerce la Policía Nacional en contra de la ciudadanía
Por Marvin Palacios
Varios miembros de la Empresa Asociativa Campesina El Buen Samaritano fueron víctimas de golpizas por parte de agentes policiales (hombres y mujeres) que ejercieron abuso de autoridad y provocaron graves violaciones a los derechos humanos durante un operativo realizado a inicios de este año.
Los hechos se produjeron el pasado sábado 12 de enero en la aldea El Guanábano, jurisdicción del Distrito central, localizada en el kilómetro 8, salida a la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho.
A ese lugar llegaron 2 patrullas. Los efectivos policiales preguntaron a los vecinos por Elmer Díaz Cerrato, presidente de la empresa asociativa, de quien aseguraron tenían una orden de captura en su contra. Al no recibir respuesta de los moradores, los agentes les dijeron que podían registrar cualquier casa e ingresar a cualquier hora, pues ellos son la autoridad.
Los policías decidieron ingresar a un billar y sacaron a un joven, “lo forcejearon y le preguntaron si él era Elmer Díaz Cerrato, el muchacho les dijo que no y que, por qué entraban tan agresivos y no mostraban el documento, o sea la orden de captura”, narró Héctor Manuel Moradel, en su testimonio, que resultó con una herida grave en su mano derecha, a raíz de la brutalidad policial.
Al ver la situación del abuso policial, dentro del grupo de personas que se habían reunido, salió el propio Elmer Díaz Cerrato y se identificó ante los agentes. Los policías lo forcejearon, procedieron a esposarlo y a requerirle sus documentos personales. Elmer Díaz Cerrato les contestó que no portaba sus documentos en eso momento.
El grupo de vecinos conformado por hombres y mujeres, procedieron a exigir a la policía que mostrara la orden de captura y que no podían llevarse a Elmer Díaz Cerrato. Ante los reclamos, los agentes solicitaron refuerzos y llegaron 3 patrullas más al lugar.
Al llegar los refuerzos, una mujer policía la arremetió a golpes contra Gloria Yoleni Díaz (hermana del detenido) y contra la esposa de Héctor Manuel.
Cuando una hermana de Elmer se acercó a la patrulla para evitar que se lo llevaran, “ésta misma mujer policía intentó darle con la cacha de la pistola en la nuca, cuando yo veo esto me lancé y metí la mano, y me abrió la mano; y de repente me lanzó una patada, luego otros agentes se abalanzaron sobre mí, me patearon en los costados y me dieron con los toletes en la cabeza”, describió en la denuncia Héctor Manuel Moradel.
Héctor, Gloria y Elmer fueron trasladados a la Jefatura Metropolitana número 1, más conocida como Core 7. Los ciudadanos cuentan que en el patio de la estación, los policías continuaron golpeándolos a puño cerrado y a patadas en varias partes del cuerpo. También aseguraron que “mujeres policías” que salían de turno se ensañaron a golpes contra Gloria Yoleni Díaz, hermana del presidente de la Empresa Asociativa Campesina El Buen Samaritano.
“Las policías condujeron a Gloria al sitio donde las agentes se cambian de ropa, se pararon sobre su cabello y sobre su cuerpo, y le dijeron vení que te vamos a dar un masaje hija de puta”, sostuvo uno de los detenidos.
Luego de tomarles los datos generales y huellas digitales, los agentes policías justificaron que los detenidos fueron trasladados al CORE 7, porque habían sido agredidos verbalmente por los miembros de la empresa asociativa,. Y que por eso estaban arrestados.
“Antes de ser trasladados a la celdas, el encargado no nos recibió por los golpes que teníamos, por esta razón se hicieron gestiones para que nos revisaran y nos llevaran al Hospital Escuela, donde el médico de turno nos atendió. Al momento de ingresar a las celdas les quitaron toda la documentación, entre éstas la receta médica y las radiografías, fuimos a los juzgados y no nos las entregaron”, afirmó Moradel.
Existe una acta del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, con fecha 13 de enero de 2019, que consiste en la imposición de medidas cautelares contra Héctor Moradel a quien se le acusa del delito de atentado en perjuicio de la seguridad interior del Estado. Las medidas obligan al imputado a presentarse periódicamente a los tribunales, se le prohíbe salir del país sin previa autorización y se le señaló fecha para la celebración de audiencia inicial para el 23 de enero del año 2019.
Cabe señalar que fue Héctor Moradel es quien evitó que Yeimi Celenia Díaz fuera golpeada brutalmente por una agente policial y que producto de esa acción, Moradel resultó con una herida en su mano derecha; cuya suturación fue de 6 puntos.
Yeimi Díaz Cerrato (hermana de Elmer Díaz Cerrato) dijo a www.defensoresenlinea.com que desde el mes de agosto de 2018, directivos y miembros de la Empresa Asociativa Campesina El Buen Samaritano ha venido siendo víctimas de hostigamientos y amenazas por parte de la Policía Nacional, específicamente del CORE 7.
La Empresa Asociativa Campesina El Buen Samaritano se constituyó el 27 de julio de 2014 y está integrada por unas 24 familias.
El Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), presentó la denuncia por abuso de autoridad, lesiones y detención ilegal, producto de las acciones cometidas por los elementos policiales.
La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, recibió la denuncia y ordenó la respectiva evaluación de las víctimas, que fueron enviadas a Medicina Forense.
Se conoció que por los golpes recibidos en el rostro, Elmer Díaz Cerrato fue remitido al Hospital San Felipe para una evaluación de oftalmología y otorrinolaringología.
La brutalidad policial ha sido una constante en las denuncias que se reciben en la sede del COFADEH. Al parecer el lema de “servir y proteger”, ahora ha cambiado por el de sembrar terror y aplicar golpizas y torturas en contra de la ciudadanía.
Directivos de la empresa asociativa sostuvieron que las 236 manzanas de tierra que tienen en posesión, están sido regularizadas ante el Instituto de la Propiedad (IP) y que hasta el momento están a la espera de una certificación de la sentencia a favor del grupo campesino.
El predio en donde se encuentra el asentamiento campesino, ha sido reclamado por la familia Solliman , que al parecer vendió una parte a la familia Cuéllar; y esto ha derivado en una disputa de tierras, cuyas víctimas directas han sido los miembros de la Empresa Asociativa El Buen Samaritano.
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