Por Bianca Di Santi
La familia de Berta Cáceres tiene la certeza de que la empresa DESA y miembros del Estado hondureño están íntimamente relacionados con el crimen de la ambientalista. Por eso reclama que se juzgue a los autores intelectuales
“Quisieron hacer pasar su asesinato como un conflicto interno organizativo”, dice Berta Zúñiga Cáceres. Imagen: EFE
El 2018 fue el año del juicio por el asesinato de la militante ambiental e indígena hondureña Berta Cáceres, ocurrido en el 2016. Siete hombres fueron encontrados culpables. Pero se trató de una condena para acallar las voces que reclaman justicia, denuncia la familia, quien cree que es un resultado muy acotado en la búsqueda por saber la verdad de lo que pasó con Cáceres: “Hubo condena, pero no justicia”, reiteraron una y otra vez, tras conocerse el fallo. Es que las personas enjuiciadas sólo son los autores materiales del crimen: los intelectuales siguen caminando libremente. Sin embargo, la familia de la ambientalista no se rinde. “Sólo hemos avanzado en el escalón más bajo de la estructura criminal que perpetró el crimen, y hoy nos queda el desafío más importante que es la captura de los máximos responsables en el proceso y determinar la responsabilidad de funcionarios del Estado con los que la empresa DESA se articulaba”, comentó a este diario Berta Zúñiga Cáceres, hija de la galardonada militante ambientalista.
Luego del golpe de Estado de 2009, gran parte del territorio de Honduras fue asignado a concesiones para minería y represas hidroeléctricas, muchas de ellas, en zonas de comunidades indígenas, que se ven obligadas a desplazarse por la privatización de tierras y ríos. En el 2010, en uno de esos proyectos -según denunció el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)- el Estado le entregó el río Gualcarque a la empresa DESA por 20 años para construir una represa. Dicho curso de agua es sagrado para el pueblo lenca, al que pertenecía Cáceres. Tras diversas denuncias a distintos niveles estatales para que se dé marcha atrás al proyecto -se había violado la ley internacional al no haber consultado la concesión con la comunidad indígena que podría verse perjudicada-, en 2013, el Copinh, encabezado por Cáceres, y la comunidad lenca de Río Blanco iniciaron un bloqueo al acceso al área de construcción de la represa por más de un año.
A partir de entonces, la policía, los militares y las compañías constructoras comenzaron una campaña de represión, acoso y amenaza contra grupos indígenas y activistas medioambientales, al mismo tiempo que se los presentaba en los medios de comunicación como violentos y peligrosos. Cáceres comenzó a ser hostigada y a recibir amenazas de muerte contra ella, su familia y miembros del Copinh, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para su protección. Sin embargo, su familia denuncia que en la práctica, el Estado no la protegió. En este contexto, la noche entre el 2 y el 3 de marzo de 2016, unos hombres irrumpieron en su casa de La Esperanza y la asesinaron a tiros faltando dos días para cumplir 43 años.
Por el crimen fueron condenados Sergio Rodríguez (gerente de comunicaciones de DESA), Mariano Díaz, (mayor en activo del ejército de Honduras) Douglas Bustillo (teniente retirado y exjefe de seguridad de DESA), Henry Hernández (exmilitar) y a los sicarios Elvin Rápalo, Oscar Torres y Edilson Duarte, como coautores del asesinato. La cantidad de años de prisión que les corresponderá a cada uno se anunciará en enero.
Por esta serie de eventos y pruebas es que la familia tiene la certeza de que la empresa DESA y miembros del Estado hondureño están íntimamente relacionados con el crimen de la ambientalista. “Ella fue denunciada, perseguida también por el Estado, por agentes del Estado, hay un mayor de las Fuerzas Armadas sentenciado y eso es trascendente: un agente del estado, un miembro activo de las fuerzas armadas, que forma parte de este proceso. Hay que pensar bajo las órdenes de quien estaba”, explica Zúñiga Cáceres, que se desempeña como coordinadora general del Copinh, como otrora lo hizo su madre. “Pero también dentro de los chats telefónicos, que han sido una de las pruebas fundamentales, ya encontramos algunas comunicaciones en que estos miembros de la familia Atala Zablah –de las familias más adineradas del país y miembros de la junta de la compañía– hacían coordinaciones y mencionan a ministros, que, además, se reúnen en Casa Presidencial. Por eso todavía queda determinar las responsabilidades estatales”, agrega. La hija de Cáceres indica, además, que se iniciará otro proceso por omisión al deber de protección.
La empresa DESA quiso ensuciar la cancha al intentar presentar otra hipótesis del asesinato, cuenta Zúñiga Cáceres. “Ha habido una campaña de criminalización fuerte por parte de la empresa DESA, quienes incluso contrataron un bufete internacional, que se llama Ámsterdam y Partners, para criminalizar al Copinh e incluso a mi mami después de muerta, queriéndola rebajar de la figura tan grande que ha alcanzado ser. Quisieron hacer pasar su asesinato como un ‘crimen pasional’ o un conflicto interno organizacional”, dice indignada.
Por otro lado, en el juicio que comenzó el pasado 20 de octubre, la defensa de la familia de Cáceres y los abogados del Copinh fueron excluidos, luego de que impusieran un recurso de recusación sobre los miembros del tribunal frente a las dudas sobre su imparcialidad en el caso. Como el recurso no estaba firme, la familia no se presentó a la audiencia inicial del juicio, por lo que fueron expulsados del proceso y la acusación la asumió exclusivamente el Ministerio Público, del cual la familia también desconfía.
A pesar del juego sucio de la compañía y del proceso del juicio plagado de irregularidades denunciado por los familiares, Zúñiga Cáceres, rescata la importancia de las luchas colectivas. “Mi reflexión es que las luchas colectivas y las luchas asumidas de manera solidaria entre los pueblos finalmente dan un resultado incluso en gobiernos tan promotores de esas acciones criminales como el de Honduras”, dice la joven y sigue: “Han llegado apoyos de todos lados, de todos los países, las organizaciones. Personas que durante estos casi tres años se han mantenido activas, sumándose a acciones globales, a manifestaciones, a comunicados, a una diversidad de acciones que han obligado a que el estado de Honduras dé un tipo de resultado. Es el resultado más escueto que puede dar, pero ni esto hubiéramos alcanzado en un país donde la mayor parte de los crímenes quedan impunes, si no hubiese sido precisamente por toda esa lucha”. Y esa lucha continúa, porque desde aquella trágica noche de marzo de 2016, en las múltiples marchas que se levantan en Honduras, se escucha el cántico: “Berta no se murió, se multiplicó”.
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