Honduras es conocida como el país más peligroso del mundo para defender derechos humanos y realizar labores de defensa del territorio. El golpe de Estado de 2009 y la crisis post electoral de 2017 han sido detonantes para que la criminalización, persecución y asesinato de defensores y defensoras haya aumentado.
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH señaló que uno de los graves problemas para los derechos humanos en el país es la situación de violencia e inseguridad generalizada, parte de la cual proviene de la Policía Nacional, de la Policía Militar y del Ejército, “a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado”.
La abogada Brenda Mejía, del área de investigación y derechos humanos, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, expresa que cerramos el 2018 con una terrible situación materia de derechos humanos, todo parece que las violaciones se van fortaleciendo y el Estado propicia esas situaciones al no investigar, ni castigar a los culpables. Pone de ejemplo el caso de Berta Cáceres, donde fueron condenados los autores materiales, sin embargo, de los autores intelectuales poco o nada se dice.
Brenda Mejía detalla que en el país el principal factor de violación de derechos humanos es la concesión y entrega del territorio a empresarios nacionales e internacionales.
“Hay comunidades enteras que se han organizado en torno a la defensa de los bienes naturales, defender el agua, la tierra, los bosques se ha convertido en una necesidad, sin embargo, eso ha traído represalias, criminalización, persecución y muerte”,
“Vemos en Guapinol, en Tocoa, con una situación bastante difícil donde hay 18 personas con órdenes de captura, uno de ellos está detenido. Los defensores y defensoras han sido acusados como grandes criminales, pues sus juicios han sido asignados a jueces de jurisdicción nacional. Los juicios no son legales, sino que llevan un mensaje político para desarticular todo aquello que haga oposición al modelo extractivista”, puntualiza.
La industria mediática se ha puesto al servicio de estos grupos de poder, quienes buscan posicionar su accionar como una plataforma que trae desarrollo a las comunidades, sin mencionar que están generando un impacto negativo a los territorios y naturaleza.
La campaña mediática ha ido acompañada de una política de desprestigio hacia varias organizaciones y también defensores de derechos humanos en particular.
Victorias
Desde el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, se brinda acompañamiento a varios casos de violaciones de derechos humanos. Casos emblemáticos, como el Jeannette Kawas, Carlos Luna, y Carlos Escaleras, este último durante el 2018 fue homologado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La crisis electoral del 2017 dejó más de una veintena de personas detenidas y acusadas arbitrariamente, el ERIC en coordinación con la Coalición Contra la Impunidad han dado acompañamiento a esos casos. Brenda Mejía explica que una de las satisfacciones es que varios de los requerimientos presentados contra policías y militares que violaron derechos humanos en las protestas de la crisis post electoral, fueron aceptados, y cuatro de ellos llevados a los tribunales.
Además, detalla que el principal reto para el próximo año es seguir acompañando todos estos casos para que no queden en la impunidad.
“En la mayoría de los casos, sobre todo en los asesinatos de la crisis post electoral, la fiscalía argumenta que no se pueden identificar a los culpables porque los policías y militares andaban con sus rostros tapados, en ese sentido para el 2019 debemos definir cuál será la estrategia para la defensa que conlleve a la realización de justicia”, explica.
Las organizaciones señalan que Honduras se encuentra en una situación grave y alarmante de crisis humanitaria, en donde la población más pobre y empobrecida está huyendo de su tierra para buscar nuevas y mejores condiciones de vida. Asimismo, indican que el modelo excluyente y privatizador es uno de los motivos innegables que permiten entender el fracaso del gobierno hondureño en su misión de proteger y salvaguardar la dignidad y derechos humanos del pueblo.
Nuevas Alertas
Irma Lemus, reconocida defensora de derechos humanos en el valle del Aguán, forma parte del Observatorio de Derechos Humanos y de la Red de Mujeres Campesinas del Aguán, mientras realizaba un trabajo de acompañamiento a una mujer criminalizada, fue amenazada por una agente de la DPI, por su trabajo como defensora de derechos humanos. Lemus, ya ha denunciado amenazas de parte de entes policiales en distintas ocasiones.
Casos como estos se siguen presentando debido a que la institucionalidad está secuestrada por grupos criminales que utilizan la ley para su beneficio personal, en detrimento de los derechos de las mayorías, denuncian los defensores y defensoras.
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