Por Selvin Torres Hernández *
El aumento de la violencia política en países como Guatemala y Honduras es una constante que han tenido que enfrentar defensores y defensoras de derechos humanos. En los últimos años se ha incrementado la persecución, criminalización y asesinatos a líderes y lideresas en defensa del territorio. Pueblos indígenas y campesinos rechazan el uso de la violencia y luchan ante un sistema que invisibiliza, discrimina y que deja en su camino muerte y destrucción.
El continuo de la violencia
Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Guatemala cerraba un ciclo de represión y guerra que duró 36 años. Con la transición a la democracia y la profundización del modelo neoliberal, el país centroamericano se insertaba en la etapa económica de la liberalización, la privatización y la inversión de capitales extranjeros. La firma de los Acuerdos de Paz no significó el fin de la violencia, ya que sigue siendo hasta el día de hoy, una política de los gobiernos en contra de la población que demanda una sociedad más justa y democrática.
La imposición de proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros, reactivaron un proceso social de lucha en defensa del territorio. La persecución a líderes y lideresas está caracterizada por una fuerte impronta discursiva de estigmatización y difamación, sumado al uso de figuras penales como la de terrorismo y asociación ilícita. El accionar de estos patrones ha tenido un aumento gradual en los últimos años. Para septiembre de 2018, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), identificó 302 agresiones en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El caso de Honduras no es distinto. El golpe de Estado del 2009 asentó un proceso con características autoritarias que desencadenó en graves violaciones a derechos humanos. Las concesiones de megaproyectos para la explotación de la industria extractiva ha sido una fuente de violaciones a derechos humanos.En su mayoría dirigidas a defensores y defensoras de movimientos y organizaciones que se oponen al modelo económico que profundiza las desigualdades y fomenta la militarización y control en los territorios.
De acuerdo a la investigación de Global Witness, Honduras es considerado el lugar más peligroso para los activistas del medio ambiente, mientras que América Latina es la región en la que más ambientalistas han sido asesinados. Desde el golpe del Estado de 2009, 123 activistas han sido asesinados, otros amenazados, agredidos o encarcelados.
Un panorama poco esclarecedor
A julio de 2018, en Guatemala se registraron 18 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos, 32 agresiones contra mujeres y 2 intentos de asesinato. En solo 3 meses, 8 líderes y lideresas del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) fueron asesinados entre los meses de mayo a julio.
El 9 de noviembre de 2018, el líder indígenaq’eqchi’ Bernardo CaalXol, fue condenado a 7 años y 4 meses de cárcel por la defensa del Río Cahabón y Oxec,dada la instalación de varias hidroeléctricas que afectan a comunidades q’eqchis’ en el departamento de Alta Verapaz.Se suma a los procesos de criminalización, la prisión política de 9 personas por denunciar la contaminación del Lago de Izabal.
Río Cahabón, Alta Verapaz, Guatemala
En septiembre de 2018 un Tribunal de Honduras emitió 18 órdenes de captura en contra de líderes y lideresas en defensa del territorio del Bajo Aguán en la costa atlántica, incluyendo una orden de desalojo del Campamento por la Vida.Desde hace varias semanas pobladores de la comunidad El Guapinol resisten a la instalación de los proyectos mineros de la compañía Los Pinares que está causando graves daños ambientales en los Ríos de San Pedro y Guapinol.
Campamento por la Vida en Defensa del Derecho al Agua. El Guapinol, Tocoa, Colón, Honduras.
El asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016 recorrió el mundo. Berta Cáceres lideresa de la comunidad lenca fue asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 por su lucha en contra de la construcción de la represa de Agua Zarca. Cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares (COPINH), luchó en contra de los proyectos hidroeléctricos que amenazaban el territoriohondureño. En abril de 2015 recibió el Premio Medioambiental Goldman, máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente. Un año después fue asesinada pese a que la CIDH había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección.
El 29 de noviembre de 2018 un Tribunal de Tegucigalpa condenó a siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta. A pesar de la condena a los autores materiales, el comunicado de la familia y del COPINH afirma que esta acción no significa que se haya alcanzado justicia. La lucha por la verdad es parte del esfuerzo para que no quede en la impunidad su asesinato, así como la trama de corrupción y violencia que sostiene el modelo extractivista.
Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016
La persecución y criminalización por la defensa del territorio es una lucha que día con día se enfrentan líderes y lideresas alrededor de toda América Latina. El despojo y la explotación de territorios es característico de un sistema que busca favorecer los intereses del capital y del Estado. En países donde reina la corrupción y la impunidad, la resistencia de los pueblos son ejemplo de lucha ante todo aquello que los amenaza.
* Investigador del Grupo de Estudios sobre Centroamérica (IEALC/UBA) y del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES).
No hay comentarios:
Publicar un comentario