Paramilitarismo, medios de comunicación y paz

Fundación para una Nueva Vida

Por Alexander Escobar

Integrando sectores de la economía que financian campañas presidenciales y legislativas, los medios dejaron de ser simples reproductores de intereses de una élite que gobierna: son los medios ahora parte de la élite. 

Ocultar el paramilitarismo en Colombia es una política estatal. A pesar de las amenazas a organizaciones sociales, los asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado de comunidades, negar el accionar paramilitar en estos crímenes es una directriz gubernamental para los medios de comunicación privados que reproducen el manual de estilo de la Presidencia de la República, cuya línea editorial ordena emplear el calificativo de “bandas criminales” (bacrim) para los grupos paramilitares. 

Convertidos en corporaciones mediáticas, los medios privados sostienen el tipo de modelo económico y político al cual pertenecen y perpetúan gobierno tras gobierno. Integrando sectores de la economía que financian campañas presidenciales y legislativas, los medios dejaron de ser simples reproductores de intereses de una élite que gobierna: son los medios ahora parte de la élite. 

Conglomerados económicos como la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, el Grupo Santo Domingo y la Organización Ardila Lule son algunos ejemplos de cómo la diversificación de la economía incluyó a los medios de comunicación como un sector estratégico para sus fines económicos y políticos. Siendo dueños de empresas en sectores como el financiero, agroindustrial, minero-energético, inmobiliario, y hasta de equipos de futbol como el Club Atlético de Medellín, estos tres conglomerados también tienen en su poder a RCN Televisión, RCN Radio, Caracol Televisión, City TV, Blu Radio y los periódicos El Tiempo, El Espectador y ADN, por nombrar solo algunos. 

Gobiernos y dueños de medios establecen de esta manera una relación inseparable para perpetuarse en el poder y legislar en favor del modelo neoliberal que entrega el patrimonio público y la soberanía a intereses extranjeros. La venta de Isagén, la precariedad del salario mínimo y el aumento del IVA que se avecina es una pequeña muestra de esta política que degrada las condiciones de vida del pueblo colombiano. 

Las corporaciones mediáticas se muestran, entonces, como extensiones del Gobierno que actúan acorde a sus necesidades políticas y propagandísticas. En distintos escenarios, como el actual contexto de guerra y paz, se configuran en oficinas de prensa gubernamentales que fragmentan, parcializan y tergiversan información. El tema del paramilitarismo en referencia al proceso de paz con las FARC es ejemplo de este comportamiento. 

Dentro del campo de la sicología de masas el Gobierno aprendió a manipular el lenguaje para silenciar y petrificar la memoria. Quizá uno de sus mayores logros reside en ocultar los antecedentes del terrorismo de Estado. Porque negar las estructuras paramilitares, al tiempo que las menciona y omite bajo el calificativo de “bandas criminales”, es una sutil forma de negar los hechos sin dejar de mencionarlos para evadir su responsabilidad en la conformación del paramilitarismo. 

Transformar las estructuras paramilitares en “bandas criminales” aparece como el guión a seguir por los medios de comunicación, el cual reproducen presentando los hechos como un problema de delincuencia organizada y no como la expresión del terrorismo de Estado que recurre al paramilitarismo para perpetuar a una élite, o a sus testaferros políticos, en el poder. 

Línea por línea, palabra por palabra, los medios privados convierten a periodistas y presentadores en personajes que actúan en una obra donde improvisar la palabra “paramilitarismo” puede ocasionar la pérdida del papel protagónico y la respectiva censura para trabajar en otros medios. Es una obra de teatro escrita por el Gobierno que no admite cambios. “Bandas criminales” será siempre el término a emplear. 

Pero los antecedentes superan el engaño. Siendo el paramilitarismo la máxima expresión del terrorismo de Estado, sus orígenes involucran a integrantes de la Escuela Especial de Guerra de los Estados Unidos, quienes en 1962 visitaron el país recomendando la conformación de grupos paramilitares. Como lo relata el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) , el informe realizado por el General Yarborough, director de investigaciones de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, incluía un suplemento de carácter secreto que recomendaba“impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del comunismo”, en caso de ser necesario. 

Sin embargo el paramilitarismo no se conformó exclusivamente para amenazar y asesinar a partidarios del comunismo. Más allá del carácter ideológico, la estrategia paramilitar busca borrar el pensamiento crítico y cualquier proceso organizativo o comunidad que cuestione al Gobierno y los intereses de los conglomerados económicos nacionales o trasnacionales. Lo anterior se refleja en municipios como El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, donde los paramilitares extorsionan, desplazan y asesinan a la comunidad, al igual que sucede en otros lugares del país como señal de vigencia de una política criminal encubierta por el Estado que pretende negar su existencia. 

Todo sucede bajo una estrategia de ocultamiento de la verdad y evasión de responsabilidades que trae efectos negativos al proceso de paz y genera desconfianza en las organizaciones sociales, en tanto que la negación del paramilitarismo deja entrever la falta de voluntad política del Gobierno para su desarticulación. Es una desconfianza que crece al comprender que superar el conflicto colombiano requiere no solo de poner fin a las estructuras paramilitares, sino también a la política que las crea cada vez que las requiere para perpetuarse en el poder.

Hoy es claro que mientras el paramilitarismo continúe operando no habrá garantías para el proceso de dejación de armas de la insurgencia ni para el ejercicio de la oposición política en Colombia. Para que el proceso de paz pueda llegar a la firma del Acuerdo Final, la insurgencia también ha sido clara al manifestar que aún no está definido “cómo va a ser el proceso de dejación de las armas, el cual está ligado al desmantelamiento del paramilitarismo, a los cambios estructurales dentro de la Fuerza Pública, la seguridad para los guerrilleros que dejen las armas, la liberación de los prisioneros y el combate a la corrupción”, entre otros temas de discusión necesarios para el logro de la paz con justicia social que ponga fin al conflicto social y armando colombiano.