Diario Tiempo
La oposición en el congreso nacional a las concesiones para la administración y manejo de los corredores turístico y logístico, con el cobro de peaje, negociados por la Comisión para la Promoción de la Alianza Pública Privada (COALIANZA) no pudo prosperar frente a la aplanadora oficial.
Se trata de dos concesiones leoninas, en detrimento del Estado y de la economía nacional, sobre las que se establece una garantía contingente de ingreso mínimo, por el orden de los 7500 millones de lempiras en el lapso de 15 años, que, de acuerdo con expertos financieros, el país no está en condiciones de cumplir.
En consecuencia, si la recaudación anual del peaje prevista para cada año es inferior al nivel mínimo de ingreso acordado, el Estado —o sea nosotros, los contribuyentes— tendrá que pagar la diferencia, mediante una asignación del presupuesto general del año siguiente.
Por si esto fuera poco, esas recaudaciones tienen un período de vigencia de 14 años (2015 a 2029), que implica más de tres administraciones, lo cual contradice las normas, en tanto sobrepasa las facultades administrativas comprometiendo los del siguiente y los subsiguientes.
El corredor logístico, adjudicado al Consorcio Vial Latinoamericano (empresas Hidalgo e Hidalgo, de Ecuador, y Construcción y Administración, de Perú) tiene una extensión de 391,8 kilómetros de carretera, en los tramos Goascorán-Villa San Antonio y Tegucigalpa-Puerto Cortés, cuya concesión es por 20 años.
El corredor turístico, adjudicado al Consocio Canal Seco (empresas CI Grodco en Centroamérica, de Colombia, Grodco Panamá, S.A., y Profesionales de la Construcción de Honduras) tiene una extensión de 122,6 kilómetros de carretera, en los tramos El Progreso-Tela, San Pedro Sula-El Progreso y La Barca-El Progreso), con una concesión de 30 años.
En ambos casos los costos del peaje oscilan entre 80 centavos de dólar (16 lempiras) y 2,50 (32 lempiras) dólares, según se trate de vehículos livianos o pesados, pero sin especificaciones precisas. Al respecto, el diputado José Azcona (L) ha manifestado que estos contratos son un riesgo para Honduras.
“Aparte de que contienen muchas lagunas —agrega— resulta oneroso asegurar al concesionario determinado pago en dólares”. Por su parte, el diputado Wenceslao Lara (L) cuestiona el hecho de que “al congreso siempre mandan contratos leoninos, corruptos y amañados…”
Estos señalamientos expresados durante la rápida discusión en el pleno legislativo en torno a estas concesiones, dan una idea de lo que hay en el trasfondo de las negociaciones de COALIANZA, que trasluce ser un poder supremo, por encima de los poderes del Estado de Honduras, y que hace suponer la escandalosa existencia de grupos por encima del interés nacional.
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