Por Giorgio Trucchi
El modelo de lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado impulsado por Estados Unidos en Centroamérica no sólo ha fracasado ruidosamente, sino que ha conllevado una profundización de la violencia contra las poblaciones locales y la remilitarización del territorio, poniendo al descubierto intereses ocultos que apuntan a monitorear e intervenir en los procesos emancipativos y unitarios de los países de la región.
Partiendo de este análisis, la politóloga y directora del Programa de las Américas del CPI (Centro para la Política Internacional) Laura Carlsen, aseguró en conversación con Opera Mundi que la única manera de combatir y derrotar la narcoactividad es impulsando un modelo que se construya desde abajo, con la participación ciudadana y la recomposición del tejido social, quebrantado por las políticas neoliberales de las últimas dos décadas (segunda entrega).
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Opera Mundi: ¿Cuáles son las características del modelo de combate al narcotráfico impulsado por EUA en México y ahora exportado hacia Centroamérica?
Laura Carlsen: Es un modelo basado en la militarización del territorio y el enfrentamiento directo para la interdicción y confiscación de drogas ilegales, así como para la detención o eliminación de los miembros de los cárteles de la droga. Eso, por definición, implica enfrentar la violencia con más violencia y el resultado es el aumento exponencial de los muertos. Hasta la fecha, se calcúla que el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en México haya dejado un saldo de más de 60 mil muertos.
OM: ¿Cuál es el balance de este modelo?
LC: Ha sido un fracaso total. Ha generado altísimos índices de violencia, no ha detenido el flujo de drogas ilícitas que entran a EUA y hasta la detención de los capos (jefes) de la droga no ha servido a frenar el ‘negocio’. Antes bien, su captura ha desatado una guerra entre los cárteles para asumir el control del territorio, generando más violencia y muerte.
OM: ¿Ha habido algún cambio bajo la administración del presidente Barack Obama?
LC: La Iniciativa Mérida inició en octubre de 2007 como un plan de tres años. Lo que hizo Obama fue expandirlo, intensificarlo y extenderlo de forma indefinida. Por primera vez, Estados Unidos se ha involucrado directamente en la gestión de aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional de México. Es un cambio estructural muy preocupante que ahora está siendo proyectado para Centroamérica por medio de la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central). Uno de los primeros efectos que estamos viendo es la remilitarización de estos países y una dinámica de creciente violencia contra la población y de violación de los derechos humanos.
OM: ¿Qué interés tendría EUA en reproducir un modelo que ha fracasado?
LC: El país no está dispuesto ni siquiera a analizar el porqué de este fracaso y está recibiendo fuertes críticas, hasta de los gobiernos de la región. Para nosotros, esta actitud revela que, detrás de la militarización, hay intereses muy poderosos.
OM: ¿De qué intereses estamos hablando?
LC: En primer lugar garantizar las enormes ganancias de la ‘industria de la guerra’, que está radicada mayoritariamente en los Estados Unidos. Son miles de millones de dolares que entran al país a través de la venta de armas y equipos militares, el empleo de empresas de seguridad privada, como Blackwater, y la implementación de sistemas electrónicos y de espionaje sobre la población.
En segundo lugar hay un interés geopolítico. EUA quiere tener más control sobre las estrategias de seguridad internas de los países centroamericanos, sobre todo ahora que varios gobiernos progresistas o de izquierda se han instalado en América Latina, gobiernos que ya no comparten las políticas neoliberales e impulsan procesos innovativos. En este sentido, EUA busca fortalecer su presencia militar para enfrentar lo que ve como una amenaza contra su hegemonía tradicional en la region.
OM: También hay un gran interés para los recursos naturales de estos países...
LC: Es otro de los puntos directamentes vinculados con la militarización y que tiene su precedente en Colombia donde, con el pretexto del combate al narcotráfico, se han desplazado a más de cinco millones de personas. Y lo más absurdo es que ahora el Departamento de Estado norteamericano está presentando a Colombia como un ejemplo de seguridad y un modelo que se debe exportar en todo el continente latinoamericano. En México, por ejemplo, a través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos militarizó el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) para salvaguardar sus intereses comerciales y proteger la inversión estadounidense en recursos naturales. En fin, de eso se trata: una militarización que no sólo protege la inversión extranjera, sino que fomenta un proceso de desplazamiento y despoblación de regiones en donde hay riquezas naturales.
OM: En varios países de Centroamerica, la protesta social contra la explotación de los recursos naturales está siendo criminalizada. ¿Usted comparte esta preocupación?
LC: No hay dudas de que la protesta social está siendo reprimida, sobre todo en los países del Triángulo Norte. Hay una criminalización acompañada por la represión de aquellas organizaciones que luchan contra la minería, los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, la expansión de los monocultivos a gran escala. Debemos profundizar el análisis y la investigación para tener elementos suficientes que nos ayuden a prever hacia donde esta represión apunta.
OM: ¿Qué papel están jugando la DEA (Drug Enforcement Administration) y el flujo de dinero que financia la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica?
LC: Hemos tratado de investigar el movimiento de dinero que fluye hacia la lucha contra el narcotráfico, pero ha sido muy difícil por la falta de transparencia. En algunos países, como Honduras y Guatemala, los agentes de la DEA están autorizados a andar armados y disparar contra civiles, lo cual es absurdo y representa una violación absoluta de la soberanía nacional y de los derechos humanos internacionales. Además, hemos documentado el sufrimiento que causa la criminalización de la protesta y en particular el impacto sobre las mujeres. Lamentablemente, esta situación choca con el total desinterés mostrado por el Departamento de Estado norteamericano.
OM: ¿Cuáles son los impactos de esta política sobre las mujeres?
LC: Hay índices muy elevados de acoso, tortura y violencia sexual. Las mujeres con frecuencia encabezan la defensa de sus comunidades y la protesta social ante el proceso de militarización y de explotación de los recursos naturales. En el caso de Honduras, esta situación coincide con el aumento de la violencia que se ha originado después del golpe de Estado y que se ha incrementado con el actual régimen de Porfirio Lobo.
También hay que destacar la represión desatada contra los opositores al golpe y el uso de una supuesta lucha contra el narcotráfico para reprimir la oposición política. Y todo esto en medio de una total impunidad. En Honduras, los casos que llegan a sentencia judicial son menos del 2% y las denuncias de corrupción en las instituciones están a la orden del día.
Igualmente en Guatemala, la situación es muy preocupante. Las comunidades, que todavía tienen en su memoria los horrores de la campaña militar genocida de los años 80, están viendo como sus territorios vuelve a ser militarizados y su gente reprimida.
OM: ¿Cómo combatir, entonces, la narcoactividad y el crimen organizado?
LC: No hay una sola respuesta, ni un modelo seguro, pero sí sabemos que la militarización no es la respuesta. Es importante que este otro modelo se construya desde abajo, con la participación ciudadana y con una perspectiva de seguridad que tenga como primer objetivo la seguridad de la persona, de su vida.
Además, hay que enfocarse en la recuperación del tejido social, que ha sido destruido por las políticas neoliberales. Es necesario recomponerlo con programas sociales que crean empleo, garantizan el desarrollo económico, la salud, la educación, el respeto de los derechos humanos. Hay que volver a empezar a construir una sociedad fuerte, para que pueda resistir las inflitraciones del crimen organizado, el reclutamiento de jóvenes y la extorsión.
Además, hay que forzar la voluntad política para que haya un sistema de justicia al servicio de la población, acabando con la impunidad y la corrupción.
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