Por John Glaser
El gobierno de Obama respondió esta semana a la presión sobre la legalidad de la participación militar estadounidense en Libia afirmando que la Resolución de Poderes de Guerra no se aplica en este caso. Atribuyéndole un papel de apoyo limitado a la intervención de la OTAN, el presidente decretó que la legislación de los años de Vietnam, que requiere la aprobación del Congreso para cualquier enfrentamiento militar superior a 60 días, es irrelevante en el contexto actual.
La Cámara de Representantes aprobó una enmienda, el pasado lunes, a un proyecto de ley de asignaciones militares que prohíbe toda financiación de la guerra de Libia, que habrá costado 1.100 millones de dólares hasta septiembre. Además, un grupo de diez diputados de la Cámara de Representantes ha presentado una denuncia formal contra el presidente Obama y el secretario de Defensa saliente, Robert Gates, basándose en que la intervención en Libia es ilegal e inconstitucional. No obstante, el Gobierno se niega a pedir permiso al Congreso y sigue manteniendo, como ha afirmado el asesor legal del Departamento de Estado, Harold Koh, que está actuando conforme a derecho.
El desafío del Gobierno en este sentido implica atribuir una mayor autoridad al Poder Ejecutivo, sin las restricciones del sistema tradicional de checks and balances, en relación con los poderes para hacer la guerra. Además, la postura jurídica que han adoptado, en el sentido de que el apoyo, la planificación y la realización de ataques desde el aire no equivale a las "hostilidades" especificadas en la Resolución de Poderes de Guerra, no es muy sostenible. De hecho, la ley exige que el presidente obtenga la aprobación del Congreso "en cualquier caso en que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se encuentren: (1) en hostilidades o en situaciones en las que sea claramente inminente la participación en hostilidades, con arreglo a las circunstancias ..."
La capacidad del presidente para ir a la guerra contra la voluntad del Congreso y el pueblo estadounidense se ha incrementado espectacularmente con los años. Pero, los avances tecnológicos del arma aérea están empezando a permitir que las nuevas guerras, en la plena acepción del término, se lleven a cabo sin la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en ningún escenario de conflicto. Como el ex fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica del gobierno de Bush, Jack Goldsmith, dijo al New York Times, "La teoría del Gobierno implica que el presidente puede hacer la guerra con aviones teledirigidos y todo tipo de misiles lanzados desde alta mar sin tener que preocuparse por las limitaciones temporales de la Resolución de Poderes de Guerra."
Obama ha aumentado significativamente el programa de aviones no tripulados en Pakistán durante su mandato. Estos vehículos aéreos dirigidos por control remoto han permitido al Gobierno llevar a cabo una agresiva campaña de bombardeos en la provincia de la frontera noroeste, con los pilotos sentados cómodamente lejos de la zona en cuestión. El programa lo gestiona la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y, aunque sea ampliamente conocido por la opinión pública, se trata técnicamente de acciones encubiertas, que excusan al Gobierno de responder a cualquier pregunta al respecto o de atenerse a los requisitos legales de solicitud de la aprobación del Congreso.
Diferentes informes han confirmado que el gobierno Obama ha estado librando otra guerra por medio de aviones no tripulados en Yemen durante casi dos años, con al menos 15 ataques y 130 muertos en lo que llevamos del presente mes. Estas operaciones se han realizado además sin ningún tipo de rendición de cuentas, justificación jurídica o presión del Congreso, como ha sido el caso de Libia.
La importante diferencia entre las guerras de Obama en Pakistán y Yemen y su guerra de Libia no está en el nivel de las hostilidades o los intereses de seguridad, sino más bien en la posibilidad de calificar una de ellas de guerra secreta y la otra de pública. Esta constatación, junto con la tecnología punta que hace posible este tipo de guerras en la sombra, tiene perspectivas funestas de cara al futuro. Si este gobierno, o un sucesor, se enfrenta a la disyuntiva de librar una guerra en campo abierto y asumir la responsabilidad, o en secreto y evitar cualquier responsabilidad o control de su poder, el atractivo de esta última opción puede resultar demasiado tentador. Una inminente desintegración del imperio de la ley, que antes limitaba la capacidad del gobierno para hacer la guerra con impunidad, es la lamentable y previsible consecuencia.
No sólo se vuelven obsoletas las leyes que limitan la guerra, o se las ignora, sino que la jurisdicción legal y geográfica de Estados Unidos se extiende a todo el globo. Cualquier oscuro rincón o enclave aparentemente amenazador de cualquier país del mundo de repente se halla sujeto a la discreción del presidente en una guerra de aviones no tripulados. Si se funciona con arreglo a protocolos secretos, como se ha hecho en Pakistán y Yemen, no será necesaria ninguna sanción legal del Congreso ni ninguna justificación ante el pueblo estadounidense, y no habrá límite a las prerrogativas bélicas del presidente.
Está por ver si la posición jurídica del Gobierno con respecto a la guerra de Libia será aceptada por la mayoría de un Congreso generalmente ineficaz. La presión a favor de la responsabilidad y el cumplimiento de la ley pueden estar de más en este caso, pero Obama y su equipo de seguridad nacional han aprendido la lección. Su próxima guerra probablemente evitará un escrutinio público de este tipo.
John Glaser es periodista y redactor jefe adjunto de Antiwar.com
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