Radio Progreso
Inicialmente en 1983 el Estado otorgó a la empresa Minerales de Copán, hoy Aura Minerals-Minosa, más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales, principalmente oro, el permiso fue entregado bajo un convenio de compromiso de la empresa con las comunidades el que hasta el momento no se ha cumplido.
Desde hace más de 7 años, las comunidades del municipio de La Unión en el departamento de Copán, comenzaron una lucha para denunciar la destrucción provocada por la extracción de minerales que realiza la empresa a través de fuertes explosiones y excavaciones en su misión de extraer oro en la zona.
En la lucha contra la multinacional minera, las comunidades de Azacualpa y San Andrés, en La Unión se han llevado la peor parte cuenta a Radio Progreso, Antonio Trigueros, vicepresidente del Comité Ambientalista de Azacualpa, una comunidad que se ubica en las faldas del cerro donde funciona el cementerio de la localidad.
El ambientalista explicó a Radio Progreso que la situación en las comunidades es compleja; están en una lucha frente una empresa minera de capital extranjero, que ha llegado a robar su patrimonio. Compleja, porque no solo luchan contra la empresa, sino contra el mismo Estado hondureño que junto a las municipalidades y las distintas instituciones públicas se vuelven aliados de la empresa.
Incumplimiento
A mediados de 2018 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, admitió un recurso de amparo interpuesto por el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, en favor de los habitantes de la comunidad.
Mediante el recurso se ordenó cesar de inmediato las exhumaciones de cadáveres en el cementerio comunitario porque violenta a los pobladores y pobladoras su derecho a la soberanía comunitaria, a la cultura, la integridad personal, física, psíquica y moral, y el derecho a la familia y del resto de las habitantes de la comunidad de Azacualpa. Sin embargo, tiempo después se quedó sin lugar.
Sin embargo, debido al poder económico y político que tiene la empresa, el recurso no se ha cumplido, y en medio de la pandemia los trabajos de explotación siguen avanzando.
“Esta empresa ha aprovechado al máximo la pandemia para aumentar la explotación, la violación de los derechos humanos e incrementar la destrucción ambiental en la zona. Nosotros como pueblo recurrimos a las autoridades como debe ser, pero ellos bailan junto a la empresa y hacen oídos sordos al clamor de las comunidades, tienen un mismo pensar; destruir el medio ambiente y no respetar la opinión de la gente para incrementar las ganancias”, señala Trigueros.
Según el líder comunitario, están acabando con el cementerio donde descansaban en el sueño eterno alrededor de dos mil cadáveres, de los cuales alrededor de 700 ya han sido exhumados. Además, sigue la amenaza de reactivar las exhumaciones a partir de octubre del presente año.
Saqueo
Ramiro Lara, representante de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG), -una de las organizaciones que acompaña la lucha de las comunidades- explica que la empresa produce 8 mil onzas de oro al año, a un valor de 1,300 lempiras la onza. Es decir, cantidades industriales de dinero, y al país dejan sólo miserias.
A su criterio explica hay una complicidad de la institucionalidad, quienes están coludidos con la empresa de manera que todo lo que hace, es aprobado por el Estado a través de sus instituciones.
El líder social señala que existe toda una estrategia bien montada para presionar a las comunidades a que acepten la exhumación de sus familiares. “La empresa está excavando alrededor del cementerio y lo está dejando como un cono, es decir están buscando la manera que el cementerio comience a derrumbarse y a la gente no le quede más que sacar o permitir que saquen los restos de sus parientes”.
Ramiro Lara recuerda que en el año 2015 la Secretaría de Salud hizo una inspección al cementerio y determinó que era insalubre, por lo tanto debería cambiarse de lugar. Después, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), realizó otra visita al cementerio y dictaminó que el mismo está en un sitio de riesgo, reforzando la necesidad de una reubicación, respondiendo de esta manera a los intereses de la empresa de capital canadiense.
“Nosotros acompañando a estas comunidades hemos interpuesto entre 15 y 17 denuncias por daños, persecución y amenazas a los pobladores de Azacualpa, pero ni una ha sido investigada. Todo lo contrario, cuando la empresa pone una denuncia inmediatamente corre a buscar y a capturar a las personas señaladas.
En la zona, durante el año 2014 se criminalizaron 19 personas, (13 hombres y 6 mujeres), en el año 2018, otro número similar (19 personas), fueron criminalizadas. En total, 38 personas han sido perseguidas por oponerse a la explotación minera.
Azacualpa y Escazú
Desde las distintas organizaciones sociales, populares y ambientales del país se está demandando la ratificación del Acuerdo Escazú. El mismo señala que, las comunidades tienen por lo menos tres derechos fundamentales: a la Información, a la toma de decisiones y derecho a una Justicia imparcial.
Ramiro está convencido que es necesario que el Gobierno hondureño firme y ratifique el acuerdo, porque eso vendría a reforzar los derechos que tiene la gente, y con ello se evitaría gran parte de la conflictividad que están enfrentando las comunidades, por la defensa de sus derechos y la vida misma.
Desde el punto de vista de las empresas, el cementerio únicamente representa ganancia para sus intereses. Sin embargo, para los pobladores y pobladoras el cerro del cementerio no es un simple lugar donde se van a dejar los cuerpos de sus familiares que fallecen. El cementerio significa mucho, es una herencia de sus ancestros, de sus abuelos y abuelas. Es parte de su historia y cultura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario