“No satanicemos la minería”. Con esta frase inició el discurso José Antonio Galdámez, ministro de Mi Ambiente el segundo Congreso Minero desarrollado los días 13, 14 y 15 de julio en la capital de la república, Tegucigalpa.
El evento, impulsado por una universidad privada con financiamiento del gobierno, juntó a inversionistas de más de 20 países para hablar de las bondades de la industria minera, de lo generoso que es el rubro para aquellas comunidades que permiten que lleguen las empresas nacionales y transnacionales.
El espacio sirvió para presentar la empresa que será la encargada del parque minero que impulsa el gobierno a partir de las muertes de los mineros soterrados en el Corpus, Choluteca. Paradójicamente ninguna de las familias y miembros de la comunidad participaron en dicho evento, hasta ahora sus voces han sido excluidas.
El congreso minero es parte de la política que impulsa el gobierno de Juan Orlando Hernández, a través de la promoción de la industria extractiva que se impone en las comunidades pese a su voluntad e irrespetando la legislación nacional y los tratados y convenios internacionales.
A unos cuantos kilómetros, en un salón sin los lujos, distinto a la pomposidad de los hoteles capitalinos, se presentó un informe que fue tajante al asegurar que el desplazamiento de las familias, criminalización, hostigamiento y persecución contra lideresas y líderes comunitarios ha sido el resultado de la lucha en contra de la minería que han emprendido varias comunidades en Honduras.
La investigación realzada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) junto con la Universidad Saint Louis Missouri en Estados Unidos, estudió tres casos: el de Nueva Esperanza, las comunidades indígenas Tolupanas de Yoro, San Francisco Locompa y en la montaña o parque nacional Botadero ubicado en el departamento de Colón.
En los tres casos se reveló que la conflictividad socioambiental estará presente en la medida que se continúe impulsando proyectos que generan contaminación, dominación y apropiación de la naturaleza, por grupos de poder transnacionales confabulados con las élites nacionales, que despojan, vulneran y empobrecen. Buscar las mayores ganancias con base en la explotación ilimitada de los bienes naturales, sin importar los costos humanos y sociales, es la lógica que conduce el actual modelo económico extractivista.
Contrario a todo lo dicho en el segundo Congreso Minero, la investigación deja claro que es necesario continuar y fortalecer la lucha por la defensa la Madre Tierra, para impulsar con renovada energía la construcción de una Honduras soberana, digna y plena, sin que su gente tenga temor a ser desalojada, criminalizada o asesinada. Por ello se convierte en necesario aportar a la búsqueda de un nuevo modelo, distinto del extractivismo, un modelo que garantice la dignidad humana.
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