Diario Tiempo
Mientras el presidente Lobo Sosa se esforzaba en explicar y convencer a la asamblea general de Naciones Unidas sobre los avances de su gobierno en defensa de los derechos humanos y el combate a la criminalidad, se escenificaba en el país el asesinato del abogado Antonio Trejo Cabrera, curtido luchador por los derechos humanos a lo largo de muchos años.
Para colmo, en seguida se produjo otro asesinato similar, del abogado Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, fiscal especial de Derechos Humanos, asignado en Choluteca, destacado por sus actuaciones a favor de los derechos individuales de mucha gente pobre.
Estos dos crímenes han estremecido la opinión pública nacional e internacional, reafirmando la imagen de que Honduras es uno de los países más violentos del mundo, en el que los derechos humanos son violados indiscriminadamente y con total impunidad.
Ante esos hechos, cualquier esfuerzo que se haga por parte del gobierno para enfrentar esa situación queda anulado por la fuerza de las evidencias, y, por lo tanto, el señalamiento de las responsabilidades recae en los organismos del Estado encargado de la investigación y del juzgamiento de los autores intelectuales y materiales de estos crímenes espantosos, abominables.
Los reclamos de los organismos defensores de los derechos humanos, entre ellos la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, el Centro de Previsión para los Derechos Humanos y C-LibRe, con todo y su insistencia y fuerza moral, no alcanzan el objetivo de vencer la impunidad y la justa impartición de justicia.
Todas las medidas hasta ahora implementadas para reestructurar el Ministerio Público y la Policía Nacional Preventiva muestran resultados endebles, al tiempo que la lentitud del desempeño termina por anularlas, inmunizarlas y por reafirmar el sistema de corrupción.
Algo similar ocurre con el sistema judicial, que se declara renuente a los cambios estructurales que es imprescindible realizar para darle eficacia e integridad institucional, adoptando la clásica postura de facilitación a los cambios cosméticos que dan apariencia de perfeccionamiento, pero que mantienen intacto el carcomido statu quo.
El repudio internacional por lo que sucede en nuestro país aumenta irremisiblemente, y eso afecta negativamente el trabajo político para el desarrollo económico y social. La cooperación foránea, si bien se ofrece oportunamente, no puede ser aprovechada en debida forma si no se realizan los cambios estructurales en los organismos de seguridad del Estado y en el sistema judicial.
De ahí que en la procuración de esas transformaciones, lo más importante es imponer una voluntad política para reestructurar esos organismos del Estado, cuidándose de que sean verdaderos y a fondo, sin reticencias ni medias tintas.
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