La Comisión de Verdad integrada por reconocidos intelectuales y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, presentó su informe a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante y después del golpe de Estado de 2009 y recoge la voz de las víctimas que sufrieron la persecución, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y el exilio.
El Informe denominado: “La voz más autorizada es la de las Víctimas”, fue presentado mediante un acto especial desarrollado en el auditorio del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (Colprosumah) con la presencia de las comisionadas. Elsie Monge (Coordinadora de la Comisión), Beverly Kin (representante del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel), Nora Cortiñas de la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, Mirna Perla magistrada de El Salvador, la escritora hondureña Helen Umaña y el sacerdote diocesano Fausto Milla.
Frente a los graves hechos descritos en el presente informe, la Comisión demandó al Estado de Honduras detener las violaciones a los derechos humanos, dignificar a las víctimas y fortalecer la lucha de ellas y de la sociedad en su conjunto por obtener justicia y la no repetición.
Además la Comisión de Verdad planteó que se superen las causas coyunturales e históricas de la impunidad y que se posibilite el inicio de procesos que, sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, puedan contribuir a la democratización del poder estatal, de la sociedad, sus instituciones y de las políticas por ellas aplicadas.
La escritora y columnista hondureña Hellen Umaña expresó que este es un momento de triunfo de quienes contra viento y marea creemos en la vitalidad de las fuerzas populares.
Es un triunfo porque no obstante los obstáculos el pueblo hondureño cuenta con un documento que no obstante sus posibles omisiones pretende traer a primer plano la voz de las víctimas, “voz que nos recuerda que por la sangre que se ha derramado y se sigue derramando tenemos que privilegiar la lucha unitaria, los planteamientos que unan en torno a objetivos que beneficien a la patria, el tiempo urge y la voz de las víctimas clama justicia”.
Para la Coordinadora de la comisión de Verdad, la ecuatoriana Elsie Monge el pueblo hondureño ha sido valiente, porque a pesar de tanta represión brutal y sistemática no se deja amedrentar y continúa luchando por el derecho a la vida, la justicia y la libertad.
“La Comisión ha hecho alusión en su informe sobre la importancia de mantener presentes a las personas victimizadas y conocer a fondo la verdad de los hechos, ese es uno de los objetivos, además de dar cuenta sobre el cómo y por qué se cometieron tantos hechos violatorios a los derechos humanos, luego también el informe plantea la reparación integral de las víctimas, esa reparación también tiene que ver con recomponer a la sociedad hondureña que ha sido afectada”, recalcó Monge.
Debe haber cambios estructurales, cambios institucionales que lleven al nunca más, a no continuar con esta tragedia en el pueblo hondureño, apuntó la Coordinadora de la Comisión de Verdad.
La Comisión de Verdad se instaló en junio de 2010 por iniciativa de derechos humanos que acompañan y apoyan al pueblo hondureño en el clamor de justicia.
Cabe señalar que los comisionados y comisionadas advirtieron sobre la continuidad de las violaciones a los derechos humanos en Honduras en el marco del desarrollo del proceso eleccionario, lo que podría interpretarse que las persecuciones políticas se recrudecerán en las próximas semanas.
En la última parte del informe se detallan las recomendaciones que la Comisión de Verdad plantea al estado hondureño, entre ellas las siguientes: Investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos que se desprenden del mismo. El Estado debe reconocer públicamente su responsabilidad y proceder al juicio y castigo de los violadores de estos derechos.
El Estado debe crear un Programa que por ley incluya una serie de acciones y medidas que aseguren la dignificación de las personas y sus familiares victimizadas a partir del golpe de 2009, y su reparación integral.
La reparación integral debe incluir acciones sobre el esclarecimiento histórico en el que el Estado debe investigar seria¬mente los hechos que constituyeron abusos de poder y graves violaciones a los derechos humanos y libertades esenciales en ocasión de la ruptura del orden establecido. Dictar una ley de memoria histórica.
El Estado deberá establecer un fondo estatal de carácter compensatorio a las víctimas del golpe de Estado. Dicho fondo público deberá ser administrado por un cuerpo directivo en cuya estructura estén debida¬mente representadas las víctimas y sus familiares.
Y también deberá existir un reconocimiento público de la verdad, en donde el Estado asume públicamente que sus agentes cometieron abusos de poder y graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, además de investigar y sancionar a los res¬ponsables de estas violaciones.
En ese sentido deberá promulgar días conmemorativos, la construcción de memoriales, plazas públicas, monumentos y otros, que reconozcan y exalten la dignidad de las víctimas de violaciones a sus derechos y libertades básicas.
Por otro lado y dentro de las recomendaciones, la Comisión de Verdad plantea la anulación de la ley de amnistía del 27 de enero de 2010. El Decreto Legislativo No. 2-2010 se encaminó, en función de preservar la impunidad de los civiles y militares involucrados en graves violaciones a los derechos fundamentales. Se emitió desconociendo obligaciones jurídicas derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y de otros instrumentos Internacionales.
Pese al alegado propósito de ser un instrumento que propendiese a la pacificación del país.
Dicho decreto ha sido una herramienta que ha impedido la investigación (seria, imparcial y exhaustiva) de graves violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, ha dejado en indefensión a las víctimas y a sus familiares y con ello las ha revictimizado.
La Comisión demanda el Retorno de las y los perseguidos políticos y exiliados por motivo del golpe de Estado, la revisión de los contenidos de los programas de enseñanza (a todo nivel) que hagan referencia a los acontecimientos asociados al golpe de Estado.
El Informe formula que se reconfigurar el orden jurídico de Honduras a partir de una reforma integral al texto de la Constitución de la República dictada en el año de 1982 y las leyes secundarias. Leyes como la antiterrorista deben ser anuladas.
Para ello, se deberá efectuar un verdadero ejercicio participativo y de consulta hacía los diferentes sectores sociales y políticos de la nación, el cual a vez puede constituirse en un verdadero modelo para un proceso más amplio de recreación del Estado.
La Comisión demanda que se Reforme la Ley Primaria para establecer la prohibición de facultades interpretativas de la Constitución al Congreso Nacional. El Estado debe modificar el texto constitucional en el sentido de precisar inequívocamente que el Congreso Nacional carece de facultades interpretativas de la Ley Fundamental.
El Informe destaque que debe crearse la Corte de Constitucionalidad que contenga mecanismos jurisdiccionales independientes e imparciales dedicados únicamente a la temática de la justicia constitucional. Examinar la posibilidad de constituir un tribunal de constitucionalidad separado de la Corte Suprema de Justicia.
Los comisionados y comisionadas recomiendan que debe el estado debe garantizar la independencia de las y los jueces, evaluar la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, investigar por parte de la Fiscalía, la existencia de grupos armados con relativo poder. Esclarecer la forma organizativa, operativa, las conexiones y demás aspectos referentes a los mismos.
La Comisión de Verdad recomienda Fortalecer las capacidades institucionales para que se determine la participación de funcionarios de la administración pública en la generación de la impunidad, así como Participación de las organizaciones sociales en la selección de las y los titulares de las instituciones estatales.
La Comisión recomienda separar de sus cargos a los funcionarios civiles y militares de la administración involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, cometidas desde el golpe de Estado. Quienes sean responsables materiales o intelectuales de las citadas transgresiones deberán desligarse de sus responsabilidades públicas. La inhabilitación de sus cargos podrá ser vitalicia o temporal dependiendo del nivel de gravedad de los hechos en que se viesen involucrados.
Readmitir en el sistema de administración de justicia a las y los operadores de dicho sistema separados por su oposición al golpe de Estado. Aquellas (os) funcionarios del sistema investidos de la potestad de administrar justicia; fiscales, defensores públicos, etc. que hayan sido desafectados por su oposición a la ruptura del orden constitucional, deberán de ser restablecidos en sus funciones. Rectificarles o limpiarles su hoja de servicio público.
El informe recomienda readecuar el aparato de inteligencia del Estado a una visión humanista, impulsar una revisión de la doctrina en que son formados los miembros de la institución castrense. Impulsar una revisión de la doctrina en que son formados los miembros de la institución policial. Poner fin a los acuerdos militares y de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos de América. El Estado debe cerrar las bases militares existentes y proyectadas. Poner fin a los operativos conjuntos y programas de entrenamiento y equipamiento y cualquier otra injerencia de fuerzas militares y de seguridad extranjeras.
Por último la Comisión de Verdad planeta que debe estructurase un mecanismo mixto entre representantes de organizaciones sociales e instituciones gubernamentales, encargado de dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Impulsar un proceso de construcción democrática, establecer políticas que favorezcan la redistribución de la riqueza nacional, crear políticas sociales de compensación y en forma urgente modificar el patrón de tenencia de la tierra, ámbito de persistente desigualdad agravado por la sustitución de la Ley de reforma agraria por la Ley de modernización agrícola emitida a principios de los 90. Dicha ley tiene consecuencias directas sobre la concentración de la tierra y la profundización del conflicto agrario en el país, agudizado de manera dramática en la etapa posterior al golpe de Estado.
En nombre de las numerosas víctimas del golpe de Estado, recibieron el Informe David y Silvia Murillo padres del joven Isi Obed Murillo, primer mártir de la resistencia hondureña.
Asistieron a la presentación del Informe, numerosas y diversas organizaciones del movimiento social hondureño que conforman el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), delegados diplomáticos de República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, la Unión Europea, además del Coordinador Nacional del FNRP, Manuel Zelaya, el Sub Coordinador Juan Barahona y ex miembros del gabinete de gobierno del ex presidente Zelaya.
Durante el evento el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) llevó a cabo como, es costumbre en las grandes asambleas de la resistencia popular, el acto místico en memoria de los mártires y las mártires del golpe de Estado.
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