El Juez se coloca fuera del alcance de la política partidista porque su función consiste en juzgar y ejecutar lo juzgado. Nadie estaría seguro si el Juez se dejara llevar por prejuicios políticos- partidistas cuando decide a quien corresponde el derecho en los conflictos que debe resolver.
La politica se asocia con el Poder Público, referida al gobierno y administración del Estado. Pero los problemas económicos, sociales, políticos, culturales, etc., afectan a todos. Por lo que es inevitable que juzguemos el tratamiento que el gobierno les dispensa. Habrá quienes aprueben la acción gubernamental y quienes la desaprueben. Política será la posición que asumamos, aunque no necesariamente partidista.
La política forma parte de nuestro entorno y en éste nos forjamos, evolucionando continuamente.
Los jueces, como los demás, son producto de esa realidad. Por ello, su concepción sobre el Derecho está condicionada por los factores que determinan sus relaciones con la sociedad, con la institución a la que pertenecen, con sus jefes o con sus colegas.
Tienen su opinión -y, sin duda, la defienden- sobre la política del gobierno en materia de salud, educación, salario, etc. Y seguramente la tienen sobre lo acontecido el 28 de junio. Unos afirmarán que fue una sucesión constitucional y otros que fue un Golpe de Estado.
Se dice que el Juez es conservador porque defiende el sistema existente. Esta afirmación sería verdadera si no hubiese renovación de cuadros dentro del Poder Judicial, como pasó durante la Revolución Francesa. En ésta los políticos revolucionarios se blindaron frente a los jueces del “ancien régime”, evitando que conociesen de los “actos de la administración” y oponiendo la inmunidad parlamentaria. Pero cuando se incorporan nuevos jueces, formados en un ambiente moderno, son ellos los propulsores del cambio. El mejor ejemplo lo encontramos en la Suprema Corte de los Estados Unidos de América. Sobre ésta se afirma: “La historia de los Estados Unidos ha sido escrita…en gran parte en los estrados de la Suprema Corte”; “cada decisión ha llegado a ser una página de su historia”.
El Juez de la sociedad moderna no es más la “boca inanimada” de Monstesquieu. Importantes movimientos han surgido en Italia, España y otros países, de jueces que reclaman ser oídos en relación con temas considerados tradicionalmente políticos, ante el peligro del resurgimiento de ideologías o sistemas contrarios a los valores fundamentales del Estado de Derecho.
Los despedidos integran una asociación de jueces comprometidos con los valores que sostienen nuestro sistema democrático. Sus estatutos, las declaraciones públicas de la organización y la actitud de sus miembros son ampliamente conocidas en toda Honduras.
Para nadie es un secreto que estos jueces siempre han defendido, entre otros valores, el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la Independencia Judicial.
Estos jueces no son despedidos porque son malos jueces ni porque opinaron políticamente (calificando los sucesos del 28 de junio, algunos en ocasión de impartir su cátedra universitaria, y denunciando las violaciones a los derechos humanos). Habría que despedir, entonces, a los jueces que opinaron que fue una sucesión constitucional. Se les persigue, así como pasó recientemente con los fiscales, porque tienen virtudes: son independientes, son valientes, tienen principios, especialmente una visión muy clara del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, y, particularmente, porque tienen conciencia de cuál debe ser su papel cuando estos valores son amenazados. Son, en conclusión, un mal ejemplo.
La persecusión contra estos jueces afecta aún más la ya deteriorada percepción que del sistema justicia tiene la comunidad internacional y boicotea los esfuerzos del gobierno de Don Porfirio Lobo en sus esfuerzos por lograr el reconocimiento internacional.
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