La Comisión y la reincorporación de Honduras

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Para la Cancillería hondureña, la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) -que vendrá a diagnosticar si Honduras está en condiciones de ser reincorporada al sistema interamericano- dará un dictamen altamente positivo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Mario Canahuati, dice a este respecto: “Lo que sí siento yo, es que prácticamente van a venir simplemente a ratificar las iniciativas de paz, reconciliación y lo que se ha hecho para garantizar el regreso del ex presidente Zelaya Rosales”.

Posiblemente así sea, pero eso no cambiará el problema más importante, que es el relacionado con las violaciones a los derechos humanos al momento de perpetrarse el golpe de Estado del 28 de junio, durante el régimen de facto, y en el gobierno actual, sobre lo cual nada se ha hecho, y, por el contrario, presenta una situación continuada.

En este sentido, la OEA y la Comisión de Cancilleres tiene su propia investigación, con el trabajo in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos informes son de rotunda preocupación y condena. Hasta ahora, las pesquisas policiales han sido casi totalmente infructuosas y el encausamiento judicial nulo.

Lo que Honduras presenta, en el fondo, es una cuestionada amnistía para delitos políticos y delitos comunes conexos, con sobreseimiento de los principales funcionarios responsables, algunos de ellos actualmente ocupando puestos clave en el gobierno, al parecer como cuota de  “reconciliación nacional”.

Independientemente de la cantinela sobre un teóricamente abrumador número de países que reconocen al gobierno, que de 56, dice el canciller Canahuati, ahora sube a 89, el trabajo diplomático que importa a la restauración de Honduras en su sitio regional e interamericano no existe.

Que nosotros sepamos, no ha habido ningún pronunciamiento oficial de reconocimiento de alguno de esos 89 países, algo que tampoco tiene mayor importancia, excepto para el juego propagandístico de hacer creer que en América Central el problema es un país, Nicaragua, y en América Latina son cuatro o cinco países de UNASUR, o, en síntesis, Venezuela.

La cuestión básica es que la decisión de la OEA sobre la reincorporación de Honduras no es asunto de votación, sino de lograr un acuerdo general que no provoque fisuras en el cuerpo de la organización regional. Es impensable una asamblea en la que se enfrentarían dos bloques en pugna con posiciones irreconciliables.

Entonces, el trabajo diplomático de Honduras para el objetivo de la reincorporación no está en el número de países que –aparentemente—reconocen al gobierno, entre los que podría figurar Turquía, Afganistán, Corea del Sur, Indonesia, Rumania, Laos… y hasta la Cochinchina, como antes se decía, sino acá, en América. Y ese trabajo debe ser hacia aquellos países que plantean el efectivo respeto de los derechos humanos y el debido castigo a los violadores de tales derechos, lo mismo que lo atinente al retorno del ex presidente Zelaya a su patria, en un marco de institucionalidad judicial ciertamente confiable.

No es de esperar, por consiguiente, un pronto retorno de Honduras a la OEA mientras no se aborde con eficacia y verdadero espíritu de reconciliación nacional el proceso para solucionar la crisis política, que, definitivamente, exige una legítima apertura hacia la democratización de la sociedad hondureña.

Esa es, en realidad, la verdadera razón última del regreso de Honduras al sistema interamericano.