Diálogo bajo amenaza de desalojo

Rel-UITA

Por Giorgio Trucchi

El pasado 24 de marzo, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) recibió una propuesta del gobierno para solucionar el grave conflicto agrario en el Bajo Aguán, en el departamento norteño del Atlántico hondureño. Un conflicto originado por la usurpación de miles de hectáreas de tierra sembradas de Palma Africana, situación que el golpe de Estado profundizó. El proceso de recuperación de las tierras por parte del MUCA ha desencadenado la violencia de los cuerpos represivos del Estado y una campaña mediática para desprestigiar al movimiento campesino.

Después de los violentos intentos de desalojo por parte del ejército y la policía en enero y febrero de 2010, que ha dejado un saldo de varios heridos y un sinnúmero de demandas y órdenes de capturas contra los campesinos organizados, el MUCA ha aceptado sentarse con el gobierno para buscar una solución definitiva al conflicto.

Sin embargo, las propuestas del gobierno y del Instituto Nacional Agrario (INA) no parecen estar encaminadas a reconocer los derechos de los campesinos sobre esas tierras, que son para uso exclusivo de Reforma Agraria, ni a retomar el hilo de las negociaciones iniciadas con el gobierno de Manuel Zelaya que fueron brutalmente interrumpidas por el golpe de Estado.

Según Rudy Hernández, miembro del MUCA, “El gobierno pretende una respuesta inmediata a la propuesta, no obstante nosotros necesitamos por lo menos 15 días para estudiarla y consultarla con nuestras bases, ya que hemos detectado varios elementos que no son muy claros”.

El texto de la propuesta no menciona, por ejemplo, el Acta Convenio firmada entre las partes pocos días antes del golpe de Estado, para conformar una comisión tripartida que revise el procedimiento legal que se utilizó para la adquisición de la tierra por los terratenientes Miguel Facussé Barjum, René Morales y Reynaldo Canales.

Tampoco se explica la ubicación exacta de las tierras –aproximadamente 2 hectáreas por cada familia beneficiaria– que el Estado adquiriría para entregarselas a los miembros del MUCA y que son propiedad de la Sociedad Agrícola Cressida del Aguán SA, empresa controlada por Miguel Facussé, una de las partes en conflicto.

Si eso fuera poco, en la propuesta del gobierno se pretende que los beneficiarios del MUCA firmen un convenio de co-inversión con las plantas procesadoras propiedad de Miguel Facussé y René Morales -Sociedad Agrícola Cressida del Aguán SA y Empresa Agropalma SA-, obligándolos a venderles la producción.

Además, los miembros del MUCA deberán asumir la deuda con el Estado en la compra de la tierra. Paradojicamente, el gobierno de Porfirio Lobo no solo estaría reconociendo el derecho de propiedad de estos terratenientes sobre miles de hectáreas de tierra, echando al traste los avances logrados antes del 28 de junio de 2009, sino que hasta los beneficiaría con la compra de miles de hectáreas de tierra y les levantaría el negocio obligando a los campesinos venderles la producción de semillas de Palma Africana.

“A lo largo de la negociación pedimos que se retomara el Acta Convenio firmada con el presidente Zelaya, pero el gobierno hizo caso omiso a nuestra demanda y ahora nos encontramos con esta propuesta que nos deja con muchas dudas”, dijo Hernández a Sirel.

Diálogo bajo amenaza no es diálogo
Pese al inicio del proceso de diálogo, la violencia y la campaña mediática contra los miembros del MUCA no ha cesado.

El 1 de marzo, el diario La Prensa, de propiedad del empresario Jorge Canahuati, publicó un extenso reportaje, supuestamente basado en un informe de la inteligencia militar, en el que se acusa al MUCA de estar organizando un frente guerrillero en las fincas recuperadas.

A partir de esa fecha y pese a la tregua acordada con el Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, la policía y el ejército han desplegado decenas de efectivos en la zona del Bajo Aguán, en un claro intento de mantener la presión y generar temor.

El 14 de marzo, fue brutalmente asesinado el periodista de Canal 5 de Tocoa, Colón, Nahun Palacios quien había denunciado la violencia desatada contra los miembros del MUCA.

Ante esta ola de violencia y persecución, la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras denunció la constante amenaza de desalojo de la que son víctimas centenares de familias que están en proceso de recuperación de tierra en la zona del Bajo Aguán.

Rechazamos esta campaña mediática y esta estrategia del terror contra nuestro movimiento. No les tenemos miedo, porque sabemos que estamos en lo correcto luchando por un derecho que todos los seres humanos tienen: el acceso a la tierra

Alertó también sobre “las precarias condiciones en que viven miles de mujeres, niños, niñas, jóvenes, personas discapacitadas y hombres que necesitan cuanto antes, la dotación de agua, alimentos, medicinas, tiendas de campaña y otros insumos, ya que actualmente pernoctan a la intemperie en las numerosas fincas de Palma Africana”.

Asimismo, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) denunció que “continúa el clima de zozobra implantado por la oligarquía terrateniente y el régimen de facto a través de los aparatos de seguridad del Estado que colaboran activamente con grupos paramilitares, amenazando constantemente la vida de las familias campesinas que exigen su derecho a trabajar la tierra”.

“Las amenazas no han parado y hasta el mismo presidente Porfirio Lobo nos ha dicho que si es necesario, no lo va a pensar dos veces en movilizar todos los batallones de Honduras hacia el Bajo Aguán para disolvernos –dijo Rudy Hernández a Sirel–.

Es por eso –concluyó Hernández– que pedimos la solidaridad a nivel nacional e internacional con nuestra lucha, para el mundo sepa qué es lo que está pasando de verdad en Honduras”.