Desde 1995, el Centro para la Prevención, Rehabilitación y Tratamiento de las Víctimas de Torturas (CPTRT) ha sido un abierto defensor de los derechos humanos en Honduras. El director de la organización, Juan Almendares, es un respetado líder de los derechos humanos, activista medioambiental y doctor en medicina. Antiguo rector de la Universidad Autónoma de Honduras, Almendares era claramente crítico con la implicación de EEUU en el país durante los años 80, y padeció persecución y tortura a manos de paramilitares hondureños. Ahora, él y su personal tratan las heridas físicas y emocionales de supervivientes de torturas, y reivindican la educación e información como medios para prevenirla. Pero en Honduras, esto puede ser una ocupación peligrosa.
El 26 de octubre de 2004, varios intrusos irrumpieron en la oficina del CPTRT. Cuando el personal llegó a la mañana siguiente, pudieron constatar la destrucción de documentos, el robo de equipamiento de oficina y dinero, además de encontrar mensajes amenazadores escritos en las paredes. Los libros del despacho de Almendares estaban colocados en el suelo en forma de cruz, símbolo de amenaza de muerte. La oficina del CPTRT ya había sufrido dos asaltos anteriormente, en mayo y diciembre de 2003, en los que se destruyeron o robaron equipamientos de oficina y documentos, y se dejaron mensajes amenazantes dirigidos a los empleados. Ni los saqueos han sido adecuadamente investigados, ni estos sucesos son infrecuentes. De hecho, los activistas hondureños son víctimas frecuentes de acoso, intimidación e incluso asesinato.
Miembros del Comité de Familiares de Detenidos/Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que trabajan para hacer justicia a los hondureños desaparecidos durante los años 80 y 90, han recibido repetidas amenazas de muerte, a veces de personas que dicen ser antiguos miembros del batallón 3/16, el más notorio escuadrón de la muerte de Honduras en los 80. En 1999, la hermana del coordinador de COFADEH, Bertha Oliva, fue secuestrada y amenazada durante dos horas; después le robaron y la abandonaron en la calle. A finales de 2003, Oliva recibió una serie de amenazas telefónicas, incluyendo una en la que se le advertía que su hija de nueve años sería asesinada.
"Durante mis 22 años como activista por los derechos humanos, he soportado muchas amenazas" dice Oliva: "Ha habido amenazas contra mi y mi familia, además de campañas públicas para desautorizar mi labor. Te amenazan físicamente y lanzan campañas para atacar a tu dignidad. Intimidan a los activistas e intentan mantenerlos asustados y en silencio. Muchos activistas no hablan por miedo".
El personal del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), otra organización independiente de derechos humanos, también ha sufrido ataques e intimidación desde que comenzó a defender a los detenidos y desaparecidos a principios de los años 80. En 1996, dos clínicas pertenecientes al Dr. Ramón Custodio, entonces presidente de CODEH, fueron bombardeadas, y en 1998, el Coordinador Regional de CODEH, Ernesto Sandoval Bustillos, recibió un disparo mortal en la puerta de su oficina de la provincia occidental de Copán. Atacantes desconocidos saquearon la casa del presidente de CODEH, Andrés Pavón Murillo en diciembre de 2003, y en mayo de 2004, Pavón recibió varias llamadas telefónicas amenazantes, y estuvo bajo la vigilancia de personas no identificadas.
Los miembros de la oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos han sufrido intimidaciones desde la creación de esta oficina gubernamental en 1992. Leo Valladares Lanza, que fue comisionado hasta marzo de 2002, recibió numerosas amenazas, aparentemente en respuesta a su clara denuncia de la corrupción en el gobierno. En enero de 2002, Valladares y su comisaria asistente, Sonia Marlina Dubón, recibieron varias amenazas telefónicas anónimas, que se cree pudieran estar vinculadas a las investigaciones de la comisión sobre la corrupción oficial. Poco después de estas amenazas, Valladares publicó un informe en el que criticaba el control que el gobierno y los intereses económicos tienen sobre los medios de comunicación.
Las organizaciones y activistas de derechos humanos no son las únicas víctimas de ataques. Según recientes informes anuales del Departamento de Estado norteamericano sobre prácticas de derechos humanos en Honduras, los periodistas de investigación sufren frecuentes presiones para obligarlos a desistir de informar en profundidad sobre temas como la corrupción en el gobierno, y en ocasiones les ofrecen sobornos para que investiguen o callen ciertas historias. En los años recientes, varios periodistas involucrados en investigaciones o publicaciones controvertidas han sufrido amenazas.
En abril de 2000, Julio César Pineda Alvarado, director de noticias de Radio Progreso en San Pedro Sula, recibió un disparo a quemarropa. Pineda era muy crítico con la implicación y complicidad de la policía en asesinatos extrajudiciales. Pineda sobrevivió, pero él y su familia han sufrido posteriores acosos y amenazas de muerte. En noviembre de 2003, el periodista Germán Antonio Rivas, propietario de una cadena televisiva de noticias, fue muerto de un disparo en la puerta de dicha cadena, justo antes de que presentara las noticias de la noche. En sus reportajes, Rivas había criticado a una compañía minera responsable de derramar cianuro en el suministro local de agua de Santa Rosa de Copán, lo que condujo a la sanción oficial de la compañía. Había sufrido un anterior atentado contra su vida en febrero de 2003.
En mayo de 2004, Jhonny Lagos, un antiguo periodista del popular diario hondureño "El Heraldo" que había sido repetidamente censurado por escribir sobre la corrupción, publicó la primera edición de su revista mensual independiente "El Libertador". Tras esta primera edición, recibió varias llamadas telefónicas amenazantes, y un antiguo colega le advirtió: "Jhonny, eres muy joven para morir". Las amenazas telefónicas se repitieron en noviembre de 2004, y Lagos notó que lo vigilaban varios hombres desconocidos desde un camión sospechosamente similar a los vehículos de las fuerzas de seguridad hondureñas.
Lagos cree que lo persiguen "por crear un espacio para expresar libremente las ideas, algo que Honduras no tenía hasta ahora". Según el informe de 2004 del Departamento de Estado sobre derechos humanos, la mayoría de los medios de comunicación hondureños pertenece a "un reducido número de poderosos magnates de los negocios con intereses empresariales, lealtades políticas y lazos familiares entrecruzados".
La deforestación causada por la industria maderera ilegal y la construcción de pantanos es un tema muy importante en Honduras, y los defensores del medioambiente se encuentran con duras reacciones por parte de los autores de la destrucción forestal. En 2001, fue asesinado Carlos Roberto Flores, un ecologista de El Ocotal, Olancho, por oponerse a la construcción de un pantano para la producción de energía eléctrica en la zona, supuestamente por guardias de seguridad que trabajaban para Energisa, la compañía que construía dicho pantano.
En 1998, el ecologista Carlos Antonio Luna López fue asesinado después de manifestarse contra la explotación forestal ilegal. En una rara demostración de firmeza judicial, el Tercer Tribunal de Apelaciones del Departamento de Olancho sentenció en mayo de 2005 a Jorge Chávez, un empresario muy bien relacionado a quien Luna había acusado de explotar ilegalmente los bosques, a 24 años de prisión por contratar a dos pistoleros para que matasen al activista. El caso se encuentra en la actualidad ante el Tribunal Supremo de Honduras.
En julio de 2003, tres hombres armados dispararon y mataron al ecologista Carlos Arturo Reyes, participante en las protestas contra la explotación forestal ilegal en el departamento de Olancho. El asesinato sucedió al día siguiente de que COFADEH y el Movimiento Ambiental de Olancho (MAO) dieran una conferencia de prensa conjunta en la que denunciaron el acoso, la persecución y las amenazas de muerte que sufrían 15 activistas del MAO, incluyendo a Reyes.
Varios líderes religiosos que se oponen a la deforestación han recibido también amenazas. El sacerdote jesuita y ciudadano estadounidense Peter Marchetti se vio obligado a abandonar el país en 2001, después de que varios hombres armados entraran en su iglesia y amenazaran su vida. En el mismo año, el padre José Andrés Tamayo fue amenazado en diversas ocasiones por el alcalde de Salamá, Olancho, y varias personas vinculadas al negocio maderero le exigieron que se marchara del país. Recibió amenazas similares en 2003.
Los defensores de los derechos de los campesinos también han sido víctimas de estos hechos. Marvis Getulio Pérez fue muerto de un disparo en una atestada estación de autobuses en abril de 2004. Getulio era un activo defensor de la redistribución de tierras para los pobres. Al mes siguiente, en la provincia norteña de Atlántida, varios guardias de seguridad de Agro Oriental, una empresa subsidiaria de Chiquita Brands International, atacaron a seis miembros de la cooperativa agraria Mártires de Guaymas. Hirieron a dos de los hombres y otro, César Virgilio Pinot, resultó muerto.
Los activistas de los derechos de los indígenas, muchos de los cuales luchan para reclamar tierras tribales, también han sufrido acosos, amenazas y asesinatos. Los grupos indígenas y de derechos humanos alegan que los responsables de muchos ataques son hombres contratados por los grandes terratenientes. En 1997, el popular activista de los derechos indígenas sobre las tierras, Cándido Amador Recinos, fue asesinado en las ruinas mayas de Copán. Después de este asesinato, los terratenientes ocuparon las páginas de los periódicos nacionales sugiriendo que su muerte era el resultado de conflictos tribales. Según el informe de 2003 del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en Honduras, en 2002 murieron 12 indígenas tolupan por oponerse a la explotación forestal ilegal, y "en los años recientes, funcionarios de la seguridad y terratenientes privados han sido acusados de participar en cerca de una docena de asesinatos en Lencas y Garífunas, en conflictos derivados de las exigencias indígenas sobre las tierras"
En enero de 2003, Marcelino y Leonardo Miranda Espinoza, líderes comunitarios de Lencas, fueron arrancados de sus casas en un violento ataque nocturno perpetrado por 28 policías armados y varios civiles enmascarados. Los hermanos fueron acusados del asesinato de Juan Reyes Gómez en una supuesta disputa sobre tierras. Los torturaron repetidamente mientras estaban detenidos. A ambos los golpearon, a Leonardo lo apuñalaron en la cabeza y se la sumergieron bajo el agua, les apagaron cigarrillos en las orejas y sufrieron amenazas de muerte si no firmaban las confesiones.
Los hermanos fueron sentenciados a 25 años de prisión cada uno en diciembre de 2003, a pesar de los evidentes defectos del caso. Las pruebas balísticas no coincidían, y se ignoraron las declaraciones de los testigos locales de la defensa, mientras que las de los testigos de la acusación, que vivían en ciudades distantes, fueron aceptadas. Después de varias apelaciones, el caso llegó al Tribunal Supremo, que anuló la sentencia en noviembre de 2004 y devolvió el caso a una cámara de apelaciones. No obstante, los cargos contra los agentes de policía por tortura y abuso de autoridad fueron desestimados a pesar de las pruebas médicas de maltratos físicos. Los hermanos continúan en prisión, esperando un nuevo juicio, y siguen recibiendo amenazas contra su integridad física.
En los últimos años, Honduras ha visto una enorme actividad por parte de los grupos de vigilancia y limpieza social, que ejecutan arbitrariamente a supuestos miembros de bandas, criminales y jóvenes de la calle. Los activistas hondureños de derechos humanos alegan que los responsables son grupos de vigilancia de barrios, además de compañías privadas de seguridad vinculadas a antiguos militares u oficiales de policía, y que la policía corrupta y el personal del ejército están implicados o son cómplices de estas ejecuciones.
Los líderes de derechos humanos que condenan las acciones de estos vigilantes son víctimas frecuentes de amenazas de muerte y acoso. El asesinato del coordinador de CODEH, Ernesto Sandoval Bustillo, por ejemplo, sucedió después de que la organización publicara un informe denunciando estas actividades de vigilancia. Oliva, de COFADEH, dice: "La situación actual de los activistas de derechos humanos en Honduras es similar a la de los años 80. Entonces decían que éramos todos comunistas, y hoy dicen que apoyamos a los delincuentes. Las bandas son un problema, pero matar a sus miembros no es la respuesta".
Todos estos delitos contra los defensores de los derechos humanos tienen en común el fracaso del gobierno para actuar contra ellos. La policía, que a menudo está involucrada o es cómplice de los ataques, raramente investiga estos crímenes, y la judicatura hondureña, históricamente débil y corrupta, tiende a favorecer a la élite social y militar, y nunca ha condenado a nadie por ataques contra activistas de los derechos humanos.
"No sólo hay delincuencia en las calles, sino también en el gobierno en forma de corrupción", dice Oliva, "Protegen la impunidad y a sus amigos, pero existe una gran intolerancia contra los activistas de los derechos humanos. Cada vez es mayor la intimidación que sufrimos y la corrupción. Es una crisis de Honduras, y si no la solucionamos, ninguno de nosotros tiene salvación. Los 90 fueron mejores años para los activistas hondureños, pero hoy estamos como en los 80 y sigue empeorando".
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