Fiscalía del ministerio público solicita demolición de La Radio Zacate Grande

Radio Marcala
AMARC Honduras
Por Suyapa Banegas

El fiscal de Ministerio Público Marco Tulio Campos presenta denuncia ante el  juzgado sección de Amapala contra la dirigencia de la Radio Comunitaria La Voz de Zacate Grande que fue inaugurada el pasado 14 de abril del año 2010 y que forma parte de la mesa nacional de AMARC Honduras.

La fiscalía acusa a los dirigentes: Pedro Canales Torres, José Ernesto Laso, Wilmer Rivera Cabrera, Ethel Veronica Corea, Rafael Osorio, José Danilo Osorio por los delitos de usurpación de las tierras de Miguel Facusse conocido terrateniente de Honduras, y por el delito de defraudación de la administración pública por instalar la radio sin contar con los permisos por parte de Comisión Nacional de Telecomunicación (CONATEL).

A la dirigencia de la comunidad de Zacate Grande se les acusa de usurpación de tierras porque según el fiscal del Ministerio Publico Marco Tulio Campos la construcción de la casa de la radio se hizo en la propiedad del terrateniente Miguel Facusse.

“Al fiscal del ministerio publico se le olvida que la tierra donde habitamos y donde  está instalada la radio pertenece a la comunidad de Zacate Grande ya que esta fue recuperada, ya que esta estaba en manos del  terrateniente Miguel Facusse y que él despojo a muchas personas de las mismas”, destacó Benito Pérez, secretario del patronato de la comunidad de Zacate Grande.

Pérez agregó que la dirigencia que gestionó e instaló la radio comunitaria en la comunidad deberá  presentarse a audiencia pública ante el juez el próximo miércoles 5 de mayo, donde el juez emitirá el fallo contra ellos.

Desde que la comunidad de Zacate Grandes cuenta con una radio comunitaria los ciudadanos y ciudadanos de la comunidad son víctimas de la intimación y criminalización de manera sistemática que se realiza contra la radio comunitaria por parte de los agentes de investigación criminal y guardias de seguridad que actúan en beneficio del terrateniente Miguel Facusse con el aval de las autoridades del Estado hondureño.