Tierra, agua y semillas son, junto con los saberes campesinos y la mano de obra, los factores claves en el cultivo de alimentos y los pilares de la producción campesina. Y son, desde hace décadas, el terreno de una fuerte disputa entre los grandes agronegocios y las familias rurales. Mientras los consorcios multinacionales buscan su privatización y acaparamiento, las familias campesinas procuran mantenerlos como bienes comunes.
Uno de los asaltos más recientes en el combate entre campesinos y multinacionales se libra alrededor de las tierras y los territorios indígenas y las comunidades rurales. Gobiernos pudientes, fondos de inversión y trasnacionales de la alimentación, el transporte y la industria química y farmacéutica están rentando o comprando decenas de millones de hectáreas de buenas tierras de cultivo, muchas irrigadas, en Asia, África y América Latina para producir agrocombustibles y alimentos en detrimento de los campesinos.
Según un informe de Oliver De Schutter, relator especial sobre el derecho a la alimentación de la ONU, entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierras agrícolas de países en desarrollo han sido objeto de transacciones y negociaciones con inversionistas extranjeros desde 2006. Esto equivale –de acuerdo con De Schutter– a la superficie total de las tierras agrícolas en Francia o a la quinta parte de todas las tierras agrícolas de la Unión Europea. Representa también la décima parte del territorio de México u 80 por ciento del estado de Chihuahua.
El objetivo de esta concentración de la tierra arable es controlar la producción mundial de alimentos, mediante inversiones especulativas que buscan ganancias rápidas. Para algunas naciones árabes, así como China y Japón, se trata, además, de tener garantizados el abasto de comida y recursos forestales para sus poblaciones e industrias.
Las corporaciones han negociado concesiones económicas de largo plazo para establecer plantaciones agrícolas y producir agrocombustibles, caucho y aceites. En zonas costeras, la tierra y los recursos marinos e hídricos son vendidos, alquilados o cedidos a inversionistas turísticos en detrimento de las comunidades costeras y de pescadores.
Este proceso de nuevo despojo de tierras ha encontrado en el Banco Mundial un nuevo y poderoso aliado.
La institución financiera multinacional promueve siete principios para hacer que estas inversiones tengan éxito. Su idea-fuerza central es lograr un acaparamiento de tierras socialmente aceptable. (Véase: “Principles for Responsible Agricultural Investment that Respects, Livelihoods and Resources”: www.donorplatform.org/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,1280)
Los supuestos básicos contenidos en siete principios pueden resumirse en: a) la consideración de que la actual fiebre del sector privado por comprar tierras agrícolas es arriesgada; b) la magnitud de esta tendencia; c) la necesidad de transferencia de derechos sobre tierras agrícolas en los países en desarrollo a inversionistas extranjeros; d) la convicción de que cualquier flujo de capital privado que expanda los agronegocios trasnacionales donde aún no hayan penetrado es bueno y debe seguir, de tal modo que el sector corporativo pueda extraer más riqueza del campo, y e) dado que estos negocios de inversión están anclados en una privatización masiva y en la transferencia de derechos sobre la tierra, el Banco Mundial quiere cumplir unos cuantos criterios para reducir los riesgos de inesperadas reacciones sociales: respetar los derechos de los actuales usuarios de la tierra, el agua, entre otros recursos (pagando una indemnización), proteger y mejorar los medios de vida a nivel familiar y de la comunidad (proporcionando empleos y otros servicios) y no dañar el ambiente.
La estrategia fue presentada el 25 de abril, en Washington DC, en una mesa redonda cuyos anfitriones son Japón, Estados Unidos y la Unión Africana, y el 26 en la conferencia anual de tierras del Banco Mundial.
Aunque los principios que propone formalmente el banco son voluntarios, en los hechos considera a la tierra y los derechos agrarios como un activo clave para las trasnacionales que buscan obtener altos dividendos en sus inversiones. El organismo financiero multinacional, los gobiernos y los monopolios se proponen revalorizar la tierra en términos meramente económicos, dejando de lado los costos ambientales y sociales de un modelo de agricultura industrial.
En rechazo a esta política, Vía Campesina, Food First Action International (FIAN), Land Research Action Network (LRAN), GRAIN y más de 100 organizaciones de todo el mundo dieron a conocer el 22 de abril un manifiesto en el que exigen frenar la ola actual de acaparamiento de tierras en la que inversionistas oficiales y privados se están apoderando de millones de hectáreas de tierras de cultivos de comunidades rurales de África, Asia y América Latina.
Los firmantes rechazan la privatización masiva y transferencia de derechos sobre la tierra detrás de la iniciativa del Banco Mundial. Según ellos, los principios que proponen son una jugada que intenta legitimar el acaparamiento de tierras. Facilitar que corporaciones (nacionales o extranjeras) se apoderen a largo plazo de las tierras agrícolas de las comunidades rurales es totalmente inaceptable, no importa qué lineamientos se sigan. Los principios del Banco Mundial, que serían totalmente voluntarios, intentan distraer del hecho de que la crisis alimentaria global de hoy en día, con la cifra récord de más de mil millones de personas sufriendo hambre, no será resuelta por la agricultura industrial en gran escala que van a aplicar prácticamente todos los inversionistas que están adquiriendo tierra.
La lucha contra el acaparamiento de tierras tiene en México una larga historia. El rechazo al Procede en las comunidades indígenas, la ocupación de latifundios en Chiapas a raíz del levantamiento zapatista, la resistencia de los campesinos de Atenco y tantos otros conflictos muestran que la iniciativa del Banco Mundial en nuestro país no pasará.
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